Miles de habitantes de Guyana presentaron una nueva demanda contra una compañía minera extranjera casi cuatro años después de que el colapso de un embalse de la misma firma determinara la contaminación con cianuro del río Esequibo, el mayor curso de agua del país.
Los residentes demandaron a la Omai Gold Mines, propiedad de Cambior Inc., de Canadá, y de Golden Star Resources, de Estados Unidos, responsabilizándola de enfermedades debidas al parecer a la contaminación del Esequibo, que pasa por sus comunidades.
Los abogados de los afectados piden 100 millones de dólares por daños y perjuicios en nombre de las 23.000 personas que dependen del río.
El 19 de agosto de 1995, la ruptura de un embalse contaminó el río con más de 3,2 millones de metros cúbicos de desechos mineros que contenían cianuro acumulados durante 30 meses. El parlamento ordenó entonces el cierre inmediato de la mina y declaró el área zona de desastre ambiental.
Pasados seis meses, permitió que las operaciones se reanudaran, luego de que una comisión investigadora analizara el derrame, y a pesar de que la oposición y grupos ambientales proponían el cierre permanente de la mina de oro.
El tiempo silenció la voz de las más de 23.000 personas que viven en comunidades situadas río abajo de la mina.
Los residentes, muchos de ellos indígenas, se quejaron durante años de sufrir erupciones en la piel y otros problemas de salud de los cuales culpan al contacto diario con el río.
De acuerdo con los habitantes, las autoridades dieron la espalda a sus quejas y la compañía negó responsabilidad algunas por sus enfermedades.
Muchos sospechan que los desechos tratados que la compañía arroja periódicamente al río, para lo que tiene autorización legal y que afirma son seguros, son la razón de esas enfermedades.
Como la mayoría de los pocos cientos de personas que aún viven en Omai, Harry Lallbachan depende del río de 450 kilómetros de largo para beber y pescar, entre otras cosas.
"Tengo erupciones en todo el cuerpo y me siento realmente mal. Fui a ver a varios médicos, incluso los del ejército de Estados Unidos que visitaron el área, y ni siquiera ellos saben qué me sucede. Sus pomadas y medicinas no funcionan", dijo Lallbachan.
"Esto es lo que llaman racismo ambiental", dijo Lovern Benn, madre de dos niños, uno de los cuales, de dos años, ya tiene erupciones en los brazos y en otras partes del cuerpo.
Los abogados presentaron la demanda ante tribunales de Georgetown unos días antes del cuarto aniversario del vertido de cianuro y a poco del vencimiento del plazo para presentar su caso.
Mientras lo hacían, unos 500 habitantes se reunieron con pancartas frente a los tribunales y pidieron justicia.
La no gubernamental Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza contribuyó a financiar el traslado de los demandantes de sus comunidades a la capital.
La acción fue presentada luego de que un tribunal canadiense desestimara la demanda presentada por grupos ambientalistas de Holanda.
Las organizaciones pretendían que la compañía enfrentara cargos en Canadá, donde las multas son mucho mayores que las impuestas por los jurados en Guyana.
Cuando el juez falló en su contra, se apresuraron a presentar la demanda en Guyana antes de que venciera el plazo, explicó el abogado Mortimer Coddette.
Richard Bowen, de Riversview, situado a 55 kilómetros río abajo de la mina, afirmó que el río está definitivamente contaminado y que cerca de 10 por ciento de su comunidad de 650 personas tiene algún tipo de enfermedad que todos asocian con el derrame de 1995.
"Algunos hombres de nuestra área se volvieron impotentes. Nos preocupan las generaciones futuras. La compañía debe dejar de utilizar cianuro o abandonar el país", dijo Bowen.
Por su parte, el portavoz de la mina, Seeta Mohamed, dijo que la firma no es responsable de las enfermedades de los residentes porque nunca hubo amenazas para la vida, aun en el momento del derrame, ya que los desechos habían sido tratados y cumplían con los requisitos de seguridad de Canadá y Estados Unidos.
"No somos responsables. Esta demanda se presentó aquí porque perdieron en los tribunales canadienses el año pasado. Realizamos pruebas de calidad del agua del río todas las semanas y esta cumple con las normas internacionales", dijo Mohamed.
Además de la acción colectiva, los abogados locales persuadieron a cientos de habitantes de presentar demandas individuales.
Según las autoridades, la compañía representa la mayor inversión extranjera individual en Guyana (253 millones de dólares) y su contribución a la economía se calcula en 25 por ciento del producto interno bruto.
La mina tiene más de 1.000 empleados, 90 por ciento de los cuales son de Guyana, y produce 300.000 onzas de oro por año. La firma pudo sobrevivir a la crisis de precios que sufre la industria actualmente debido a que la mayor parte de su producción se vendió por adelantado.
La compañía quiere abrir una mina similar en Suriname, pero sus habitantes desconfían de sus antecedentes en materia de seguridad y temen que se repita lo que ocurrió en Guyana hace cuatro años. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/at/aq/en-if/99
