El pasivo social y ambiental dejado por los grandes embalses y cómo evitarlo en el futuro, sin desatender las necesidades energéticas, son temas de la Consulta Regional a América Latina, promovido por la Comisión Mundial de Represas (CMR) este jueves y viernes en esta ciudad de Brasil.
La cuestión social más explosiva es la gran cantidad de personas expulsadas por la inundación de sus tierras y hogares.
Sólo en Brasil hay 30.000 desalojados aún con juicios y "por lo menos 200.000 que recibieron indemnizaciones tan irrisorias que no han podido reanudar sus actividades y se convirtieron en campesinos sin tierra", según Sadi Baron, coordinador del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB).
Los daños ambientales son reconocidos incluso por los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hubo errores en el pasado, cuando el BID financiaba proyectos energéticos sin evaluar los impactos ambientales, admitió su director Jaime Millan, quien aseguró que hoy la entidad sólo aprueba créditos tras extensos estudios.
"En los años 80, el BID sólo contaba con una persona encargada del érea ambiental, hoy tenemos más de 60, lo que comprueba la evolución", destacó Millan, que habló sobre el futuro de las grandes represas en América Latina y la estrategia del banco, en la Consulta de CMR.
La participación del BID en el financiamiento del sector energético, sin embargo, se redujo a menos de 10 por ciento de los 8.000 millones de dólares anuales invertidos en América.
Eso es compensado por el gran aumento de sus créditos al área social, a cerca de la mitad del total de recursos prestados, lo que ayuda los gobiernos de la región a reducir los impactos sociales y ambientales de las centrales hidroeléctricas, observó Millan.
Los proyectos que responden a sus distintos aspectos y consecuencias, es la tendencia actual, sostuvo el viceministro de Minas y Energia de Paraguay, Ricardo Canese.
Como ejemplo puso al Plan de Gestión Integrada para la Cuenca del Río Paraná, que establece objetivos de preservación ambiental en las centrales hidroeléctricas que su gobierno está construyendo en asociación con Argentina.
Pero Canese evitó profundizar sobre las "posibles desviaciones" de Itaipú, la gigantesca central compartida con Brasil en el mismo río Paraná, y presentada como ejemplo negativo de impactos ambientales y sociales.
El modelo de grandes hidroeléctricas, como Itaipú, está superado y debe ser rechazado por los países latinoamericanos, opinó Teodoro Sánchez, del Grupo de Desarrollo de Tecnologías Intermediarias (ITDG), de Perú.
"Son proyectos que demoran años y no solucionan desafíos urgentes en energía, como los de Brasil. Demandan recursos abultados y, por mejores planos que se hagan, es imposible tener el control de sus problemas sociales y ambientales", arguyó.
Su recomendación para Perú, válida para todos los países, es construir "pequeñas hidroeléctricas, con reducidos impactos negativos, y una opción adecuada a las áreas rurales más pobres".
Otras alternativas energéticas, como la biomasa, presentan gran potencialidad, pero no sirven a todas las regiones, comentó Sánchez. "Hay locales con escasas fuentes, lo que encarecerá la transmisión de energía, mientras los recursos hídricos son abundantes y permiten aprovechamiento más racional".
Los daños sociales de las grandes represas fueron realzadas en este primer día de Consulta por la presencia de cerca de mil personas desalojadas, que convirtieron la reunión en un acto político, causando malestar en los miembros de la CMR.
Estas personas fueron movilizadas por el MAB, cuyo coordinador, Sadi Baron, denunció que "las 2.200 centrales hidroeléctricas brasileñas inundaron 850 millones de hectáreas, perjudicando principalmente a los pequeños propietarios rurales".
La solución inmediata de los casos pendientes y movilización para evitar nuevos problemas fueron reclamados por dirigentes de movimientos sociales, como Carlos Chen, de la Comunidad Río Negro de Guatemala, Cristian Opaso, del Grupo de Acción por el Bío Bío de Chile, y Elías Díaz Peña, del grupo Sobrevivencia de Paraguay.
Baron previó "una tragedia más grande" si Brasil construye las 494 hidroeléctricas programadas hasta el 2015, con el sistema energético privatizado y sin control.
El argentino Jorge Cappato, de la Fundación Proteger, intenta impedir la construcción de la represa El Bordón, en realidad un canal de 500 kilómetros que desviar el río Albigasta para un área semidesértica de la norteña provincia de La Rioja.
"El proyecto le quitará agua de varias provincias, como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe, generando el caos económico a cerca de 600.000 personas directa e indirectamente afectadas", pronosticó.
Cappato acusó a la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, encargada de la obra de 400 millones de dólares, de no hacer un estudio más profundo, y al gobierno argentino de autorizar por decreto la construcción, ignorando decisión contraria del Congreso.
La CMR, compuesta por 12 expertos de gobiernos, organismos financieros internacionales, constructoras y representantes de movimientos sociales y ambientalistas, tiene sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y deberá elaborar un informe sobre las represas en el mundo hasta mediados del año próximo. (FIN/IPS/mo/ag/dv- en/99
