Más de cuatro millones de personas expulsadas de sus hogares cada año constituyen uno de los daños ocasionados por las represas hidroeléctricas, cuyo papel en América Latina será evaluado este jueves y viernes en Sao Paulo.
El análisis de alternativas, experiencias y lecciones prácticas de los grandes embalses es el motivo de la primera Consulta Latinoamericana que realiza la Comisión Mundial de Represas (CMR), mantenida por el Banco Mundial y encargada de producir un informe para mediados del próximo año.
El objetivo es hacer una revisión global del aporte de esas grandes obras al desarrollo, además de recomendar normas y orientaciones que puedan ser acogidas en futuros proyectos.
Para eso, la CMR escuchará a investigadores y autoridades energéticas, ambientalistas, economistas y al movimiento de los desplazados, en una multifacética evaluación de los beneficios y daños de las grandes represas en América Latina.
Una reunión de consulta anterior se celebró en Sri Lanka, para examinar el problema en Asia. India y China concentran la mayoría de las cerca de 800.000 represas existentes en todo el mundo. Hay actualmente otras 1.600 en construcción.
América del Sur, con sus numerosos ríos, concentra buena parte del negocio, que mueve 50.000 millones de dólares en todo el mundo cada año.
Brasil, con 600 grandes embalses ya hechos, encabeza la actividad en la región, seguido de Argentina y Chile. Los problemas son proporcionales. Un millón de brasileños fueron desplazados de sus tierras en las tres últimas décadas, según datos oficiales.
Tucuruí, en la Amazonia oriental, es un ejemplo de graves daños sociales y ambientales. La construcción de esa central hidroeléctrica, la segunda mayor de Brasil, provocó la expulsión de 40.000 personas. Será un caso de estudio especial por parte de la Comisión Mundial.
En otros países latinoamericanos, los movimientos de afectados y ambientalistas se organizaron, en general, para defender las cuencas o para luchar contra la construcción de una represa específica.
Es el caso del Grupo de Acción por el Biobío, de defensa del más importante río de Chile y de las comunidades indígenas locales.
"La lección de Biobío no fue totalmente aprendida por el Banco Mundial", aunque sea un "símbolo de sus políticas equivocadas", según Cristian Opaso, dirigente de ese grupo. Una segunda central está en marcha en el río, pese a los desastres reconocidos en la primera.
Los proyectos de Urrá en Colombia, Yacyretá en la frontera entre Argentina y Paraguay, El Cuchillo en México y Bayano en Panamá son otras represas polémicas que recibirán especial atención en la Consulta de la CMR en Sao Paulo.
La cifra oficial de un millón de desplazados por las represas en Brasil seguramente subestima la realidad, ya que solo contempla a los perjudicados directamente por las inundaciones, señaló Sandra Inés Gomes Paulino, secretaria nacional del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB).
Están excluidos los que no vivían en el área sumergida pero perdieron fuentes de ingreso, como pescadores, agricultores cercanos y pobladores amenazados de inundaciones temporales, además de indígenas cuyo territorio se redujo, explicó Gomes Paulino.
Ni siquiera los afectados directamente fueron totalmente reasentados o indemnizados como es debido, generando "un gravísimo" problema social.
El plan energético brasileño, que prevé la instalación de 494 nuevas centrales hidroeléctricas hasta el 2015, podrá desalojar a otros dos millones de personas, estimó el MAB, único movimiento constituido en todo el país para defender los derechos de los afectados por represas, según su secretaria.
El MAB reclama la creación de una Comisión Brasileña de Represas, con amplia participación de la sociedad y poderes para influir en la política energética del país y para analizar el impacto de cada proyecto, antes de su aprobación.
Además, la organización plantea la moratoria del financiamiento de nuevas centrales hidroeléctricas, hasta la solución de los casos pendientes de reasentamiento, y el veto a construcciones en áreas indígenas o de quilombos, refugios tradicionales de negros que huyeron de la esclavitud.
También los daños ambientales, como la sumersión de bosques, la extinción de especies animales y alteraciones de ecosistemas, estimulan la resistencia a las grandes represas y la búsqueda de alternativas energéticas.
La Comisión, creada en 1998, es un grupo independiente de 12 expertos y representantes de gobiernos, firmas constructoras, organismos financieros, organizaciones ambientalistas y de poblaciones afectadas.
Su presidente, Kader Asmal, es el ministro de Educación de Sudáfrica. El brasileño José Goldemberg, ex ministro de Educación y también de Medio Ambiente, es el único miembro latinoamericano. (FIN/IPS/mo/mj/en/99
