No es disparatado imaginar que un día México deba pagar regalías para cultivar maíz, vegetal originario de estas tierras que ahora se produce en todo el mundo.
México no produce suficiente maíz para alimentar a su población y es cada vez más dependiente de las importaciones de Estados Unidos, que en forma creciente proceden de grandes firmas que utilizan semillas genéticamente modificadas de alto rendimiento.
Según las nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los creadores de las semillas y alimentos modificados tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus productos, lo cual significa que los campesinos de todo el mundo deberán pagar cada vez que planten esas semillas.
Los partidarios de esta tecnología dicen que ofrece alto rendimiento, resiste a las enfermedades y produce alimentos a bajo costo que benefician a todos, especialmente a las poblaciones desnutridas del mundo en desarrollo.
Sin embargo, muchos dudan de la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, así como de la concentración de poder en un puñado de transnacionales que los producen y reclaman derechos de propiedad por sus nuevas variedades transgénicas.
"Las grandes compañías de alimentos intentan patentar todo, pero no hay esfuerzos serios de nuestro gobierno para corregir esto en forma realista", dijo Jorge Nieto, un profesor del Instituto de Biotecnología en la Universidad Autónoma de México.
"En el mundo en desarrollo, el único país que conozco y sé que está tratando seriamente de defender su biodiversidad es Brasil", apuntó.
"Las multinacionales invirtieron miles de millones de dólares en investigación desde comienzos de los años 80, y yo no veo que ningún país en desarrollo gaste semejante cantidad de dinero en investigación", agregó.
Nieto advirtió que dentro de pocos años las consecuencias pueden ser catastróficas.
Un tipo de arroz jazmín de alto rendimiento, cultivado durante años por campesinos de Tailandia, fue patentado por una corporación estadounidense y cada vez que los agricultores tailandeses quieren plantarlo se ven obligados a comprar las semillas a la multinacional.
La vincapervinca rosada, una planta encontrada en Madagascar que posee propiedades anticancerígenas, dá ganancias por 100 millones de dólares anuales a una multinacional estadounidense, pero el país de origen no obtiene un centavo.
Los orígenes del maíz se remontan a más de 5.000 años en la región que hoy abarca a México y América Central.
Su cultivo fue adoptado en otras partes del mundo y se convirtió en la dieta básica en muchos países en desarrollo, especialmente en Africa.
Sin embargo, Nieto cree que aún no es tarde para que el Sur en desarrollo comience a proteger aspectos claves de la agricultura doméstica de la dominación extranjera.
Los países pobres deben hacer un esfuerzo concertado para proteger sus intereses cuando la OMC negocie aspectos vinculados del convenio sobre derechos de propiedad intelectual (TRIPS) en materia de servicios y agricultura.
La agenda de estas negociaciones se fijará en la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle, Estados Unidos, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresó que la reunión de Seattle es la indicada para que los países en desarrollo exijan un régimen más favorable.
"El obstáculo es la necesidad de una legislación que abarque los diferentes intereses de cada país", señaló el PNUD durante el lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano.
Los derechos de propiedad intelectual fueron planteados por primera vez en el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT), el predecesor de la OMC, para tratar de contrarrestar las falsificaciones. Ahora lo abarcan casi todo, incluso programas de computación y materiales de plantas transgénicas.
Unas 28 millones de hectáreas de tierra son cultivadas en el mundo con plantas genéticamente modificadas, y se prevé que esa cifra se triplique en los próximos cinco años. Estados Unidos es el mayor productor con 74 por ciento del total, seguido por Argentina.
No obstante, la Unión Europea es la que más se resiste a las modificaciones genéticas debido, sobre todo, a la oposición de los consumidores a este tipo de alimentos.
Si bien la alteración genética podría brindar una solución para alimentar a la creciente población mundial, muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) temen que el control de la propiedad intelectual, como en el caso de las semillas, pueda marginar a los países pobres.
En Kenia, por ejemplo, las ONG se oponen a una ley que adaptará al país a las normas sobre propiedad intelectual de la OMC, pero a la cual la sociedad civil se resiste porque pondría en peligro el sector agrícola, que quedaría en manos de unas pocas trasnacionales.
Activistas de India elevaron en abril un recurso ante la Corte Suprema contra la ley de patentes que concede monopolios a corporaciones trasnacionales de fármacos y agroquímicos. El gobierno indio trata de evitar sanciones estadounidenses promoviendo esa ley.
Los países industrializados poseen 97 por ciento de todas las patentes del mundo, aunque las naciones en desarrollo son fuente de 90 por ciento de los recursos biológicos mundiales, señaló el Informe de Desarrollo Humano 1999 del PNUD.
Entre los principales cultivos modificados genéticamente se encuentran la soja, el maíz, el algodón, las semillas de rábano, la canela y el banano, todos fuente de divisas extranjeras en muchas naciones en desarrollo.
Hace cinco años Estados Unidos aprobó el primer alimento genéticamente modificado, un tomate. Luego le siguieron semillas herbicidas y resistentes a la sequía, algunas con genes adicionales obtenidos de bacterias y virus para lograr mejores cosechas.
Ahora hay 56 productos de granja transgénicos en el mercado doméstico estadounidense y expertos industriales pronostican que en cinco años todos los productos agrícolas del país serán transgénicos o mezclados con aquellos genéticamente modificados, aunque siguen en manos de unas pocas corporaciones que los desarrollaron.
Lillian Marovatsanga, del Instituto de Ciencias de la Nutrición, Alimentos y Familia de Zimbabwe, apuntó que los países en desarrollo no tienen la capacidad financiera o los recursos humanos para contrarrestar esa tecnología.
Organizaciones como la OMC y el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) deben rescatar a las pequeñas economías y fijar rápidamente normas y controles que eviten su eventual marginación, exhortó. (FIN/IPS/tra- en/gm/cr/ego/aq-mj/if-dv/99
