El sistema político de Uruguay manifestó honda preocupación ante la creciente corrupción de los funcionarios públicos y para combatirla procura crear mecanismos legales y de control administrativo.
Esta acción busca darle "señales claras" al ciudadano, ante varios hechos que en los últimos años generaron el desprestigio de los políticos encargados de administrar los fondos de la comunidad, señalaron a IPS parlamentarios de todos los sectores.
El principal instrumento será una ley destinada a prevenir, detectar, sancionar y erradicar "el uso indebido del poder público o de la función pública" para obtener beneficios económicos.
La norma creó una "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado" de tres miembros, cuyos integrantes recibieron a mediados de este mes la venia unánime del Senado.
Los designados, a quienes la prensa los identificó como "los intocables", tienen antecedentes técnicos que parecen avalar su futuro trabajo como asesores de jueces y fiscales con amplias facultades.
Carlos Balza, quien presidirá la Junta, es un especialista en derecho impositivo y temas presupuestales que fue presidente del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los otros dos miembros son Eduardo Piaggio, ex Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y coautor del nuevo Código del Proceso Penal, y José Sambarino, gerente general del Banco Central y asesor bancario en varios países de la región.
La ley adecuó su contenido a la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996 en el marco de la OEA, y Uruguay "marca el camino en la región" para cumplir con sus principios, dijeron los informantes.
La Convención fue votada ante la convicción de que la corrupción "socava la legitimidad de las instituciones públicas (y) el desarrollo integral de los pueblos".
El combate contra la corrupción es "indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región", para fortalecer las instituciones democráticas y combatir la "criminalidad organizada", dice la Convención.
El acuerdo interamericano fue una "imperiosa necesidad" ante los procesos de corrupción desarrollados en varios países de América Latina, entre los cuales Uruguay no es la excepción, pese a que en él "no es un mal endémico", aclaró Balza.
A partir de 1994, la justicia uruguaya investigó múltiples denuncias de corrupción que abarcaron todos los ámbitos de la administración.
El principal caso concluyó con la prisión del ex presidente del Banco Central Enrique Braga en 1996, por su participación en la venta de una entidad bancaria que había sido gestionada por el Estado.
El banco, cuya proceso de venta fue cuestionado por la justicia y el Banco Central, había sido comprado por un grupo de empresarios franceces e italianos que actualmente se encuentran prófugos.
Los diferendos administrativos entre éstos empresarios y el gobierno uruguayo derivaron en una intervención del Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya.
En los últimos años también terminaron en la cárcel el ex presidente del Banco de Seguros del Estado, Julio Grenno, y Daniel Cambón, que fue asesor del presidente Luis Alberto Lacalle (1989- 94) por maniobras irregulares en la concesión de una licitación.
El propio Lacalle, su esposa Julia Pou y varios miembros de su círculo fueron investigados por esos y otros hechos, pero la justicia no encontró mérito para inculparlos.
El prestigioso médico Eduardo Lasalvia, ex director del Instituto Nacional de Oncología, fue procesado por la justicia por haber gestionado para una empresa de su propiedad la concesión de una licitación del organismo que dirigía.
Mientras tanto la justicia canalizó otros hechos irregulares constatados a la Auditoría Interna de la Nación, un organismo dependiente del Ministerio de Economía que en los últimos dos años aumentó su trabajo de inspección.
Pese a esas acciones, el director de la Auditoría, Gustavo Mastroiani, dijo a IPS que es necesario acentuar los controles en todas las oficinas del Estado que actualmente se cumplen desde el exterior a través de inspecciones que se extienden durante algunos días.
Para esto, el gobierno se dispone a crear auditorías delegadas permanentes en las diversas unidades ejecutoras para acentuar y aumentar la calidad de los controles, afirmó Mastroiani. (FIN/IPS/rr/ag/ip/99
