Los tradicionales carteles que rezan "no hay vacantes" en la puerta de las fábricas de Perú se desvanecen, mientras aparecen en su lugar otros que anuncian el inminente cierre o declaración de insolvencia de las empresas.
En mayo, 713 empresas de más de 100 empleados de todo el país solicitaron al Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual que se las declare insolventes. En junio, el número ascendió a 825, otro síntoma de la aguda recesión económica.
Las solicitudes de insolvencia del primer semestre del año registran un aumento de más de 25 por ciento respecto del primer semestre de 1998. Aún no hay datos de julio, pero la cifra aumentará, a juzgar por los datos de los primeros 15 días.
Por otra parte, en el primer semestre del año se redujo el producto sectorial bruto en rubros tradicionalmente fuertes, como la pesca (cinco por ciento), la construcción (14 por ciento) y las manufacturas (cinco por ciento).
La caída del precio de los metales obligó al cierre de una treintena de empresas auríferas y algunas minas de cobre, lo cual redujo 17 por ciento las inversiones en el sector respecto del año anterior.
Todo este panorama podría llevar a un incremento del desempleo que, según cifras oficiosas, se acerca a 10 por ciento.
En las pequeñas empresas y microempresas, la situación es similar. David Waisman, presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias, sostuvo que entre mayo y junio cerraron alrededor de 1.000 firmas de este sector.
A la gran cantidad de solicitudes de insolvencia de las empresas se suma el hecho de que en el primer semestre de 1999 el monto de la cartera pesada de los bancos aumentó 55 por ciento, así como 25 por ciento las letras de cambio no cubiertas.
Esta situación conduce a una paralización del sistema financiero, con bancos que no tienen mercado para sus colocaciones ni forma de recuperar sus préstamos, y empresarios que necesitan dinero, pero están endeudados y carecen de solvencia, según expertos.
Como paliativo, la empresa pública Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) puso en los últimos meses a disposición de los empresarios endeudados con entidades financieras un fondo de 400 millones de dólares, de los cuales ya se han desembolsado 350 millones.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Manuel Celi, advirtió que la insolvencia puede causar un efecto "dominó" en el sector productivo, por el cual las empresas afectadas podrían arrastrar a las que aún no lo han sido, lo que profundizaría aun más la ya aguda recesión.
"Hay empresas solventes a las que les va relativamente bien, pero que tienen clientes con diversos niveles de insolvencia", advirtió en un editorial el diario Gestión, especializado en economía y negocios.
"Existen compañías económicamente viables pero que afrontan cada vez mayores problemas desde el punto de vista financiero. En el caso de muchas de estas empresas sus niveles de venta no se han visto afectados significativamente, pero el principal problema se centra en el proceso de cobranza", agregó Gestión.
El periódico se preguntó "cuánto tiempo resistirán este tipo de empresas si un número cada vez mayor de sus clientes va ingresando al sistema de insolvencia y en qué momento dichas compañías también se volverán insolventes".
Los empresarios, sean grandes, medianos o pequeños, sufren problemas comunes, como imposibilidad de pagar sus deudas o de reprogarmarlas por los altos intereses, contracción de la demanda, sobrecostos, competencia desleal de importaciones procedentes de Asia, iliquidez y pérdida de capacidad de compra.
Las tasas activas de interés de Perú figuran entre las más altas del continente, superando 50 por ciento en el caso de la moneda nacional y 30 por ciento para préstamos en dólares.
El presidente de Cofide, Luis Baba Nakao, admitió que las tasas de interés del sistema bancario son "muy altas" y que no se sustentan en el mediano y largo plazo.
"Uno puede pagar una tasa alta en créditos a corto plazo, pero no puede pagar intereses altos como los que se pagan en nuestro país por dos o tres años. Todos, y me refiero a los ahorristas, banqueros, prestatarios y al gobierno, tenemos que hacer algo para que las tasas bajen rápidamente", afirmó.
Los problemas de los empresarios fueron sintetizados en un comunicado emitido este mes por la Asociación de Exportadores (ADEX), que rompió la aparente tregua entre el gobierno y el sector privado.
El comunicado de la ADEX desencadenó una polémica sobre la real consistencia del Programa de Reactivación Económica del gobierno, que, según muchos expertos, no existe.
En un debate radial con economistas de diversas tendencias, el presidente de ADEX, Carlos Bruce, afirmó que en el gobierno de Alan García (1985-1990) el gasto fiscal equivalía al 15,3 por ciento del producto interno bruto, porcentaje que en el actual período asciende a 15,2.
El economista Pablo Secada señaló que la diferencia estriba en que García invertía ese porcentaje en empleo fiscal, mientras que el actual presidente, Alberto Fujimori, lo hace en programas de alivio de la pobreza. (FIN/IPS/zp/mj/if dv/99
