El socialdemócrata Partido Aprista Peruano (PAP) lanzó hoy una campaña de protestas callejeras y de denuncia internacional contra una ley aún no promulgada que prohibiría la candidatura al parlamento del exiliado ex presidente Alan García.
El proyecto fue aprobado el jueves por 64 votos contra 23 y dividió tanto a la oposición parlamentaria como al gobernante partido Cambio 90, y el presidente Alberto Fujimori tiene tiempo hasta el día 23 para sancionarlo.
El parlamentario Jorge del Castillo, secretario general del PAP, encabezó este lunes una marcha desde la sede de su partido hasta el Palacio de Gobierno y anunció haber puesto "en conocimiento del antidemocrático proyecto a la Internacional Socialista", a la que está vinculado el ex presidente García.
"Esto movilizará no solo a los partidos socialistas europeos, algunos en el gobierno de sus países, sino también a importantes partidos latinoamericanos, como el Socialista chileno, el Frepaso argentino, el MIR de Bolivia, Acción Democrática de Venezuela e Izquierda Democrática de Ecuador", sostuvo del Castillo.
La congresista aprista Judith de la Mata, abogada de García, dijo que interpondrá una acción de amparo contra el gobierno y que, si no se acepta el recurso, llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
El controvertido proyecto de ley prohibe la candidatura a cargos públicos de ex funcionarios que tengan procesos penales pendientes, como García, procesado por enriquecimiento ilícito y corrupción por supuestas comisiones ilegales pagadas por la empresa italiana que construyó un tren eléctrico en Lima.
García se radicó en París y Bogotá tras su huida de Perú en 1993 bajo protección diplomática de Colombia.
El ex mandatario atribuyó la acusación a persecución política y, por lo tanto, se rehúsa a presentarse ante el tribunal que lo juzga, que lo declaró reo contumaz.
Dirigentes del PAP anunciaron que García ingresará de forma clandestina al país para ponerse al frente de la lista de candidatos parlamentarios de un frente encabezado por este partido en las elecciones del 2000.
Ese anuncio sirvió de recordatorio de un proyecto de ley presentado en 1998 por Fernando Olivera, uno de los parlamentarios más radicales en su oposición a Fujimori, y por Lourdes Flores, dirigente del Partido Popular Cristiano.
Olivera sostuvo que la propuesta "tiene una intención profiláctica, pues evitará que la inmunidad parlamentaria pueda ser aprovechada por funcionarios acusados de corrupción para conseguir impunidad".
Dentro del partido de gobierno, el ex presidente del Congreso legislativo Carlos Torres y Torres Lara encabeza la oposición a la iniciativa, pero la mayoría de los integrantes de la bancada apoyaron la propuesta de Olivera y Flores.
Mientras, Fujimori no se pronunció aún y declaró que analizará el proyecto con calma "para determinar si es conveniente para el país".
El presidente tiene 15 días de plazo para promulgar las leyes aprobadas por el parlamento o para observarlas y devolverlas al cuerpo para que las revise o ratifique.
Flores pronosticó que "Fujimori no promulgará" el proyecto "porque para él lo más importante es su voluntad de ser reelegido y prefiere que García se postule para promover la dispersión de los votos opositores".
Los dirigentes apristas sostienen, por el contrario, que la participación de García tonificará a la oposición, y advirtieron al resto de la oposición que Fujimori podría aprovechar la norma para sacar del juego a cualquier otro candidato presidencial o parlamentario.
"Llevados por su odio político al ex presidente Alan García, algunos opositores no vacilan en entrar en contubernio con el gobierno al que supuestamente combaten para frustrar una candidatura popular", sostuvo Del Castillo.
La demanda aprista de apoyo para revertir la ley despertó el apoyo de la mayoría de los dirigentes izquierdistas como el congresista Gustavo Mohme, editor del diario La República.
"Fujimori está apelando a una de las claves de su política de 1990: el antiaprismo, que, con sagacidad política, dejó en manos de derechistas e incluso de izquierdistas, que fungían de opositores, y ahora acaba de rescatar esa estrategia", sostuvo Mirko Lauer, columnista de La República.
"El presidente reelecionista está apostando al retorno de un viejo ambiente en la política peruana: miedo al terrorismo en primer plano, antiaprismo rampante y probables conflictos nacionales e internacionales, ahora contra la Corte Internacional de San José", afirmó.
El parlamento resolvió la semana pasada rehusarse a cumplir los fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde están a estudio varias demandas contra el gobierno de Fujimori, aunque declaró que este país continuará respetando el Pacto de San José.
El congresista Javier Alva Orlandini, dirigente del opositor partido centrista Acción Popular, manifestó su oposición al proyecto por considerar que en lugar de perjudicar beneficiará a García, al convertirlo en víctima de una reforma electoral aprobada en el umbral de las próximas elecciones generales.
"El problema deberá ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, organismo que, si la ley finalmente se promulga, deberá decidir como instancia final", afirmó Alva Orlandini. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/99
