El déficit habitacional en Panamá, estimado en 195.000 viviendas, podría prolongarse por otros 20 años tras la reducción de beneficios de una ley de intereses preferenciales que fomenta la construcción de residencias de bajo costo.
Un programa de reconstrucción de viviendas propuesto por el gobierno en 1995 planteaba la renovación o reforma de unas 305.000 casas de habitación con apoyo del Estado y de la empresa privada antes del 2005, con el fin de dotar a los 2,8 millones de habitantes de Panamá "de una vivienda digna".
El programa incluye construcción por parte del Estado de edificios multifamiliares para arrendar o vender a familias de ingresos bajos y medios en zonas urbanas, y la dotación de préstamos blandos para la mejora de viviendas en las áreas rurales y suburbanas a través del Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (Parvis).
El Estado destinó en los últimos cuatro años unos 35 millones de dólares anuales para solventar esas iniciativas.
Adicionalmente, el Estado subsidia el tres por ciento de los intereses pagados sobre los préstamos hipotecarios para viviendas construidas por inversionistas privados cuyo precio sea inferior a 62.000 dólares, según lo estipulado en la ley de intereses preferenciales de 1985.
El vocero oficial del Ministerio de Vivienda, Tomás Cabal, dijo que al amparo de esas iniciativas el Estado construyó y ayudó a reformar unas 90.000 viviendas en los últimos cuatro años en beneficio de personas de bajos ingresos.
Mientras, el sector privado canalizó la venta de otras 20.000 viviendas destinadas a familias de medianos ingresos que se beneficiaron con la ley de intereses preferenciales.
A pesar de ello, el déficit habitacional, sobre todo en la llamada región metropolitana, aún abarca a unas 195.000 viviendas que, según las autoridades, no reúnen las condiciones adecuadas.
Cabal explicó que de ese total existen unas 45.000 residencias que se encuentran en la categoría de "deterioro parcial o hacinamiento", que con una pequeña inversión pueden recuperar el nivel de calidad que tenían cuando fueron construidas.
Las restantes 140.000 entran en la categoría tres y cuatro, donde se ubican las que están en condiciones de "deterioro total".
Sin embargo, la reducción de los beneficios otorgados por la ley de intereses preferenciales adoptado por el parlamento en junio, podría retardar en 20 años más el programa de renovación de viviendas propuesto por el Estado, según indicaron expertos y promotores privados de viviendas.
El parlamento prorrogó dicha ley hasta el año 2005, pero limitó sus beneficios a los préstamos inferiores a 25.000 dólares.
Los préstamos hipotecarios para viviendas entre 25.000 y 62.000 dólares se prorrogaron transitoriamente hasta el 22 de mayo del año 2000, con el fin de permitir la concreción de los proyectos que ya fueron iniciados.
El economista Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales de la estatal Universidad de Panamá, afirmó que ese acto del parlamento "constituye un duro golpe a la clase media que quedará excluida de poder obtener una vivienda propia".
Tras indicar que el actual gobierno "aplica una globalización mal entendida" que consiste "en disminuir la capacidad de educación, vivienda y salud de la clase media", advirtió que una de las primeras consecuencias que tendrá la limitación de la ley de intereses preferenciales es un aumento en los alquileres.
Jované dijo que si el propósito es el ahorro de los 12 millones dólares anuales que destinaba al subsidio de la vivienda a través de la ley de intereses preferenciales, se debe adoptar "medidas de austeridad que incluyan la reducción de altos salarios, de asesores y la eliminación de la corrupción".
El ex ministro de Vivienda, Guillermo Quijano, quien ocupó el cargo entre 1989 y 1993, indicó que la limitación de los beneficios de esa ley van a afectar al sector de la construcción, que en 1998 aportó cerca de cuatro por ciento al producto interno bruto del país, así como a la banca hipotecaria.
"La industria de la construcción, debido a la cadena económica que encierra, puede acelerar la economía de un país o igualmente puede hacerla retroceder", advirtió Quijano.
Según la Cámara Panameña de la Construcción, los 12 millones de dólares que aporta el Estado en subsidios para la compra de viviendas de 25.000 a 62.000 dólares generan un movimiento económico cercano a los 50 millones de dólares en salarios, servicios e impuestos pagados por las constructoras y los bancos. (FIN/IPS/sh/ag/dv/99
