El financiamiento de la campaña electoral que llevó a Ernesto Zedillo a la presidencia de México en 1994 fue puesta de nuevo en cuestión hoy con la negativa del gobierno a entregar al parlamento información crucial sobre su origen.
La Secretaría (ministerio) de Hacienda confirmó este miércoles que las leyes de secreto bancario y fiduciario le impiden proporcionar a una comisión legislativa información sobre fideicomisos del Banco Unión que sirvieron para financiar las actividades proselitistas de Zedillo.
El ex propietario del Banco Unión y también de la Banca Cremi, Carlos Cabal, está preso en Melbourne, Australia, con pedido de extradición solicitado por México aún pendiente a causa de 10 juicios en su contra.
Las normas mexicanas establecen el derecho de los particulares al secreto bancario y fiduciario, así como la obligación de las autoridades de garantizar ese derecho, aseguró el portavoz de la Secretaría de Hacienda, Marco Provencio.
Estas declaraciones constituyeron la respuesta de las autoridades a la solicitud de un comité legislativo que investiga cómo quebró el Banco Unión y cómo se gestó el peor desfalco contra el sistema bancario nacional.
Desde su celda en Australia, Cabal, reiteró la entrega de 20 millones de dólares a la campaña presidencial de Zedillo y de otros candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno desde 1929.
La donación fue realizada a través de un fideicomiso a favor del PRI y se realizó en secreto por recomendación del entonces subsecretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México (central), Guillermo Ortiz, declaró Cabal.
La entrega de los recursos fue acordada durante un encuentro personal entre el ex banquero y Zedillo, entonces coordinador de campaña del candidato de PRI, Luis Donaldo Colosio. Tras el asesinato de Colosio en Tijuana, en marzo de 1994, Zedillo se convirtió en el candidato del partido de gobierno.
"Los empresarios, que estaban felices de hacer donaciones para la campaña de Colosio, no estuvieron interesados en entregar dinero para la de Zedillo. Yo, ciertamente, no estaba entusiasmado", señaló Cabal.
El ex banquero afirmó que sufre persecución política en el proceso de extradición que desarrolla el gobierno de México ante las autoridades australianas.
Dirigentes del PRI "presionaron a Banco Unión para que pagara" gastos del partido aun después de que la empresa fue intervenida tras declararse en quiebra, a finales de 1993, indicó Cabal.
Las intervenciones a Banco Unión y Banca Cremi "fueron hechas con la clara intención de dar al gobierno acceso directo a los fondos de los bancos", afirmó Cabal al diario Reforma.
Antes de la negativa de la Secretaría de Hacienda a entregar información sobre los fideicomisos de Banco Unión, en círculos políticos y legislativos se multiplicaban los llamados para que las autoridades se abstuvieran de retener datos relevantes.
Diputados de oposición acusaron al Poder Ejecutivo de desacato y de intentar tender un manto protector sobre supuestas operaciones encubiertas destinadas a financiar campañas políticas del partido gobernante.
En crisis hace cinco años, cuando se desató en el país el peor desastre económico de las últimas tres décadas, pocos días después de que Zedillo tomó el gobierno, el sistema bancario requirió del mayor programa de rescate dispuesto en América Latina, según la firma calificadora Standard & Poor's.
Los 84.000 millones de dólares que habrá insumido la operación equivale a 20 por ciento del producto interno bruto del país, porcentaje que se reduciría en Colombia a ocho por ciento y a cinco por ciento en Argentina.
Los desequilibrios económicos abultaron las carteras vencidas de los bancos mexicanos, las cuales fueron traspasadas a un fondo antecesor del recientemente creado Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab).
En lo que fue considerado el "fraude del siglo" por sectores de oposición, el Congreso legislativo transfirió los pasivos de ese instituto al presupuesto del Estado, por lo que los contribuyentes asumirán el costo de la crisis bancaria.
El parlamento ordenó además una auditoría para esclarecer los orígenes de los créditos transferidos al Ipab.
Miembros del comité legislativo que realiza la investigación sostienen que la ley del Ipab exceptúa de forma expresa el secreto bancario a las gestiones de auditoría.
Diputados de oposición aseguran que no existe una base legal para que la Secretaría de Hacienda oculte información contable y financiera del Banco Unión que permita saber si hubo irregularidades en el rescate y posterior saneamiento de esa firma.
En medio de la controversia, Michael Mackey, responsable de la auditoría, ha adelantado que el rescate bancario fue insuficiente e irregular y que estuvo plagado de acciones ilegales. De acuerdo con informes parciales de Mackey, algunos bancos debieron haber sido liquidados debido al alto costo de su rescate.
En sus primeros informes a los diputados, Mackey sostuvo que la vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue deficiente, así como insuficientes las normas para prevenir desfalcos.
Mientras crecía la polémica, legisladores afirman tener en su poder evidencia de que parte del quebranto causado por malos manejos de Cabal en Banco Unión y que ascendería a unos 700 millones de dólares, corresponde a aportes de esa empresa al PRI. (FIN/IPS/pf/mj/ip if/99
