El puente Colonia-Buenos Aires, uno de los mayores proyectos de infraestructura previstos en el Mercosur, levanta creciente oposición en sectores sociales y políticos de los dos países involucrados, Argentina y Uruguay.
En Uruguay, el debate en torno a la conveniencia de llevar a cabo la obra se reavivó al reanudarse la discusión parlamentaria del proyecto, que debería finalizar antes del receso que comienza el 12 de septiembre, con motivo de la primera vuelta de las elecciones generales del mes siguiente.
La concreción del puente, ya dispuesta en el marco de un tratado internacional por los gobiernos de Argentina y Uruguay, debe ser ratificada por los parlamentos respectivos.
En Uruguay, el proyecto recibió aprobación del Senado y se está tramitando actualmente en la Cámara de Diputados. En Argentina, la discusión parlamentaria aún no ha comenzado.
El presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, y el ex mandatario Luis Lacalle, dirigentes de los dos partidos de la coalición de gobierno de centroderecha, se comprometieron a que en caso de triunfar sus respectivas organizaciones en los comicios de octubre ratificarán su apoyo a la megaobra.
En Argentina, el gobernante Partido Justicialista del presidente Carlos Menem también resolvió proseguir con el proyecto.
En sentido contrario, formaciones de izquierda, gobernadores e intendentes de algunas provincias o departamentos y organizaciones sociales y de productores de ambos países están redoblando esfuerzos para frenar la construcción del puente.
Las críticas más habituales al proyecto evocan el impacto ambiental negativo que tendría el puente, en particular sobre la dinámica hidrológica del Río de la Plata, así como los costos económicos colaterales que representaría para ambos Estados.
Organizaciones ecologistas y sindicales de Argentina y Uruguay reunidas este mes en Montevideo advirtieron que la obra, "como otras que se están desarrollando en la región, es concebida en el marco de un modelo de desarrollo globalizador que nada tiene que ver con las necesidades locales".
La concreción del puente, que sería el más largo del mundo con sus 41 kilómetros, "responde únicamente a las especulaciones financieras a nivel internacional", agregan.
La empresa que obtenga la concesión "recibirá también una extensa zona que se destinará a la cabecera del puente donde se desarrollarán actividades económicas no especificadas claramente, que incluirían desde restaurantes hasta 'free shops' y estaciones de servicio, todas ellas libres de impuestos", señalan.
Esos negocios representarían una competencia desleal para los comerciantes de la pequeña ciudad de Colonia.
La construcción del puente estaría igualmente exenta de impuestos y supondría el traslado del aeropuerto de Colonia. "Ello significa que todos los habitantes uruguayos estarán subvencionando a las compañías que se harán cargo del proyecto y que lucrarán con él", destacan.
Intendentes de departamentos del litoral fronterizo con Argentina y del norte del país, salvo el de Colonia, consideraron a su vez que la obra significaría aumentar los desequilibrios de desarrollo ya existentes en Uruguay, potenciando aún más al sur.
En Colonia, la mayoría de la población se opone, de acuerdo a coincidentes sondeos de opinión, al punto de vista del intendente Carlos Moreira, firme defensor del puente, para quien la obra acarreará progreso para su departamento, al "generar miles de empleos y una fuerte corriente turística".
Los habitantes, en cambio, al igual que los grupos sociales firmantes de la proclama, estiman que no es seguro que se generen puestos de trabajo en el lado uruguayo y que el turismo no va a aumentar puesto que la "ventaja ocmparativa" de Colonia es su tranqulidad, un rasgo que la obra modificaría.
"Nadie querrá hacer turismo hacia un lugar que se convertirá en una gigantesca terminal de carga con ecosistemas arruinados", afirma la declaración de las organizaciones ecologistas, sindicales y de pequeños productores.
En cuanto a los empleos que se crearían en Colonia, el texto cita al propio tratado internacional, que se limita a señalar la intención de "asegurar, en la medida de lo posible", que los puestos de trabajo se "distribuyan equitativamente" entre los dos países.
Un estudio del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de Uruguay estima que el puente sólo beneficiará los intereses de Buenos Aires y subraya la extrema disparidad de desarrollo, características sociales y urbanísticas, y número de habitantes existente entre Colonia y la capital argentina.
La totalidad del suroccidental departamento uruguayo cuenta con una población apenas superior a los 120.000 habitantes, mientras Buenos Aires y su periferia suman más de 10 millones.
"Colonia y su región constituyen una de las zonas mejor desarrolladas del país, con mayor equilibrio entre áreas rurales y urbanas y entre sectores productivos, y con experiencias asociativas avanzadas", dice el Instituto de Teoría y Urbanismo.
En caso de que se construya el puente esos equilibrios se perderían, al provocarse un aluvión poblacional desde Buenos Aires, que podría duplicar la población del departamento hacia el año 2015, algo para lo que "no estaría preparado por carecer de las infraestructuras adecuadas".
Para Buenos Aires y su área suburbana "incorporar sin rodeos a la costa uruguaya" mediante una obra como el puente constituye una de "las pocas formas de aliviar sus serios problemas" demográficos y urbanísticos, pero para Colonia sería una fuente de creación y potenciación de desequilibrios, apunta el estudio. (FIN/IPS/dg/ag/en/99
