La investigación de las atrocidades cometidas por serbios en Kosovo puede perder credibilidad si el tribunal internacional que interviene en el caso no considera también los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, advirtieron abogados y grupos humanitarios.
La fiscal princial del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la abogada canadiense Louise Arbour, envió docenas de expertos de varios países a Kosovo en busca de pruebas de los crímenes de guerra que se atribuyen a fuerzas regulares e irregulares serbias en esa provincia separatista.
Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Suecia y Suiza firmaron acuerdos de cooperación con el Tribunal Internacional y es probable que más países occidentales se unan al grupo.
"Todo marcha de acuerdo con nuestros planes", aseguró Arbour esta semana, en su primera visita a Kosovo. La fiscal había intentado entrar en la provincia en enero, pese a que el gobierno yugoslavo le negó la visa, pero fue detenida en la frontera. Ese hecho tuvo gran repercusión internacional.
Yugoslavia no reconoce la jurisdicción del tribunal en su territorio y siempre consideró que el conflicto de Kosovo era un asunto interno entre la policía serbia y los "terroristas" albanokosovares, como denomina al separatista Ejército de Liberación de Kosovo.
Los investigadores concentran su tarea en los sitios en que se denunció la presencia de fosas comunes, según una lista preparada por el Tribunal Penal Internacional el 27 de mayo, cuando hizo pública su acusación contra cinco altos funcionarios yugoslavos, con el presidente Slobodan Milosevic a la cabeza.
Los sitios investigados son las localidades de Rakac, donde 45 cadáveres fueron hallados en una sepultura común, Bela Crkva (65 muertos), Velika Krusa (105) e Izbica (130).
La prioridad de los investigadores es registrar las pruebas que se encuentran en la superficie, para exhumar los cadáveres s cuando lo ordene el tribunal. Por eso, los sitios deben ser protegidos a toda costa, con la ayuda de la KFOR, la fuerza militar internacional destinada a Kosovo.
Las evidencias físicas que se obtengan serán comparadas luego con los testimonios de los refugiados y con los datos obtenidos por la OTAN.
"Este horror confirma que mi decisión de acusar a Slobodan Milosevic fue correcta", declaró Arbour a la prensa, tras visitar los lugares que albergan fosas comunes. "Milosevic tuvo razón al mantenerme alejada de Kosovo, pero ahora será él quien no podrá evadir el tribunal de La Haya", agregó.
Sin embargo, grupos de abogados de Bélgica, Canadá, Gran Bretaña advirtieron que Arbour denuncia las atrocidades serbias, pero guarda silencio ante las acusaciones presentadas al Tribunal Internacional contra los líderes de la OTAN por crímenes de guerra.
El Movimiento por el Progreso de la Legislación Penal Internacional (MAICL), con sede en Cambridge, Gran Bretaña, recogió la versión de testigos presenciales de los bombardeos de la OTAN contra Serbia, para afirmar que la alianza atlántica atacó deliberadamente objetivos civiles, en franca violación de la ley humanitaria internacional.
El MICL compiló su información en tres expedientes presentados al Tribunal Internacional. Uno de sus representantes fue recibido el 9 de junio por Arbour y tres de consejeros legales de la fiscal durante tres horas, para discutir las pruebas e insistir en la acusación contra líderes de la OTAN.
Según el artículo 16 de los estatutos del Tribunal, el fiscal debe actuar independientemente y no "buscar o recibir instrucciones de ningún gobierno ni de cualquier otra fuente".
La Fiscalía está autorizada a interrogar a sospechosos, víctimas y testigos, reunir pruebas y efectuar investigaciones sobre el terreno. Tras determinar que hay lugar a un caso judicial, el fiscal debe preparar un acta de acusación que contenga una concisa enumeración de los hechos y crímenes de los cuales deben responder los implicados.
El artículo 18 de los mismos estatutos faculta a la Fiscalía a abrir investigaciones sobre la base de información "obtenida de cualquier fuente, en especial de gobiernos, órganos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales".
"La OTAN pretende, naturalmente, poner en evidencia las atrocidades serbias en Kosovo. Si no las hubiera, o fueran pocas, se derrumbaría la argumentación que sirvió de base a su guerra contra Serbia", comentó Jan Oberg, un investigador pacifista.
En menos de un mes de actividad en Kosovo, expertos forenses occidentales ya examinaron casi todos los lugares mencionados en el acta de acusación contra Milosevic.
Una publicación de la Fiscalía, Tribunal Actualizado, afirmó que las investigaciones preliminares demostraron que, en cada caso (Djakovica, Velika Krusa, Bela Crkva y Isbica), se encontró suficiente evidencia para corroborar las declaraciones de testigos presenciales y las pruebas aportadas por fuentes de inteligencia.
Según Paul Risley, integrante de la Fiscalía, la magnitud de la destrucción de algunas localidades de Kosovo también demuestra que los crímenes fueron cuidadosamente planificados.
Sin embargo, Risley admitió que la investigación no produjo hasta ahora pruebas materiales y documentación para identificar la cadena de mando por la cual las órdenes para cometer crímenes de guerra fueron impartidas y ejecutadas.
Las investigaciones sobre casos específicos son confidenciales. Los hallazgos sólo pueden ser recusados ante el tribunal cuando los abogados defensores de los sospechosos presenten sus contrapruebas.
Observadores independientes y grupos humanitarios señalaron el antecedente de la investigación de la limpieza étnica efectuada en 1995 por el ejército de Croacia en la localidad croata de Krajina, que determinó la expulsión de 200.000 serbios residentes en ese lugar,
Cuatro años después, la Fiscalía del mismo Tribunal Internacional que ahora investiga las atrocidades en Kosovo no logró producir ninguna acusación contra militares croatas o líderes políticos implicados en el episodio de Krajina.
En todos sus contactos con el tribunal, los funcionarios serbios se quejaron constantemente de que las pruebas sobre crímenes de guerra de las fuerzas croatas contra la población serbia no fueron tomadas en serio por los fiscales del Tribunal.
Esas denuncias promovieron interrogantes sobre la independencia del tribunal.
"Sin la OTAN no habría tribunal, porque los países de la OTAN están a la vanguardia de aquellos que lo establecieron, lo financian y apoyan diariamente sus actividades", indicó el portavoz de la OTAN, Jamie Shea, para desestimar las acusaciones contra los líderes de la alianza atlántica. (FIN/IPS/tra- en/mb/ak/ego/ff/hd/99
