La primera Semana Nacional contra la Tortura en Kenia dio la posibilidad a las víctimas del abuso policial de este país africano de contar las dificultades que padecen para que se haga justicia.
"Había días que no podía hablar de mi tragedia sin emocionarme", dijo Sabu Churchill, un joven de poco más de 20 años que en 1996 fue detenido y torturado seis veces bajo la sospecha de integrar un grupo político proscrito.
"Me torturaban durante la noche. La unidad especial de la policía venía y me desnudaba totalmente. Me llevaban a un cuarto que parecía un taller, con herramientas por todas partes, y me acostaban en un banco. Los uniformados me arrancaban las uñas de los pies con tenazas", relató.
"Me golpeaban la planta de los pies mientras me arrancaban el cabello de la cabeza y la región púbica. Otros me saltaban en la espalda. Gritaba por el dolor, lo cual los incitaba", dijo.
Una vez liberado, los médicos le diagnosticaron insuficiencia renal y coágulos sanguíneos en la zona púbica. Churchill tuvo que usar zapatos especiales para proteger sus dedos maltratados, y quedó parcialmente sordo durante varios meses debido a las heridas internas en sus oídos.
"La policía se enteró que había criticado al presidente y ahí comenzó todo. Una noche vinieron y formaron una fila. Se tomaban turnos para golpearme, y se aseguraban de que no pudiera verlos. Sabían que lo que hacían era inhumano", comentó.
La tortura no fue sólo física. "Algunos oficiales fueron a casa y le dijeron a mi padre que había muerto. No lo pudo resistir y falleció de la impresión. No pude verlo ya que fui liberado recién tres meses después", explicó Churchill.
Cuando Churchill fue sometido a juicio, el juez se negó a investigar sus acusaciones de tortura, y alegó que el tribunal no tenía tiempo para hacerlo por la gran cantidad de casos que tenía que manejar.
Finalmente, Churchill tuvo la oportunidad de ver al hombre responsable de procesar a sus torturadores, el fiscal general Amos Wako, en una reunión pública esta semana, en el marco de la primera Semana Nacional contra la Tortura de Kenia.
Churchill le dijo al fiscal general que está listo para perdonar "si los culpables son juzgados", pero se quejó de que la complicidad entre la policía y los fiscales había impedido su búsqueda de la justicia.
"El sistema judicial une sus fuerzas con la policía para formar un equipo de torturadores muy poderoso y despiadado", aseguró.
Durante la reunión con Wako, varios activistas tenían insignias que rezaban "¿Por qué molestarse en contratar a un abogado cuando se puede comprar un juez?", para protestar por la corrupción existente en el sistema judicial.
Pero el fiscal general descartó las acusaciones de Churchill. "Los tribunales son independientes. Mi interferencia sería un error", declaró.
"En el último año 60 policías fueron acusados de asesinato o abusos. No se ignora ninguna queja", sostuvo.
Churchill no ocultó su irritación. "Quiere que olvidemos lo ocurrido. Debería sentar un precedente y juzgar a todos los acusados de tortura. Enviaría un poderoso mensaje a los futuros torturadores. Policías notorios son protegidos y reciben sus sueldos con el dinero de los contribuyentes", comentó.
Calificó a la aparición de Wako en la reunión de "truco de relaciones públicas".
El abogado defensor de los derechos humanos Rumba Kinuthia, quien también fue un preso político, concuerda en que la amenaza de sanción es una crucial forma de disuasión contra la tortura.
"La policía sabe que puede actuar con impunidad, y hay muchos personajes sádicos por ahí, y lo seguirá habiendo", advirtió.
Nadie sabe con seguridad cuántas personas fueron torturadas o murieron a manos de la policía, pero la opinión general es que los efectivos operan sin control y fuera del alcance de la ley.
En una encuesta médica realizada entre las víctimas de un atentado con bomba perpetrado en Nairobi en agosto, 10 por ciento de los interrogados acusaron a la policía de haberlos torturado físicamente.
La organización Amnistía Internacional incluye a Kenia entre los cinco países donde existen "violaciones persistentes, graves y sistemáticas de los derechos humanos", junto con Arabia Saudita, Camboya, Colombia y Turquía.
Kenia ratificó en 1997 la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles y Degradantes. No obstante, el instrumento no se adoptó como ley nacional.
El Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Tortura solicitó visitar este país debido a las denuncias que recibió de golpizas, extracción de uñas, asfixia y violaciones generalizadas durante la custodia, pero el gobierno aún no lo invitó.
Los grupos de derechos humanos pidieron al fiscal general durante la reunión de esta semana que cree una unidad independiente para investigar las acusaciones de tortura.
"¿Cómo se puede golpear a alguien y luego investigarlo? ¿Por qué la policía hace ambas cosas?", se preguntó el abogado Hezekiah Abuya, del grupo Gente contra la Tortura, que ofrece servicios jurídicos gratuitos a las víctimas.
"La policía es tratada como una clase especial. Queremos enviar el mensaje de que nadie está por encima de la ley", dijo.
Las víctimas se enfrentan a grandes obstáculos para denunciar la tortura ante los tribunales ya que deben presentar su queja dentro de los 365 días de ocurrido el incidente.
"Mucha gente sigue detenida durante ese período y ni siquiera tienen un representante legal", explicó Ling Kitui, de la Unidad Independiente Médico-Legal. (FIN/IPS/tra-en/ks/mn/aq/hd/99
