Las asambleas anuales de accionistas no son algo que los ejecutivos suelan disfrutar, pero en Japón son especialmente temidas porque suelen ser objeto de chantajes e intimidaciones del hampa.
Los extorsionadores de empresas, llamados "sokaiya", exigen grandes sumas de dinero a cambio de no crear un caos en las asambleas, generalmente celebradas a fines de junio.
Hace dos años, el parlamento aprobó una ley que establece una pena de hasta tres años de prisión o una multa de tres millones de yenes (25.000 dólares) para los sokaiya que sean descubiertos "in fraganti".
Sin embargo, las compañías todavía pagan millones de yenes a extorsionadores que poseen un profundo conocimiento de sus problemas internos de administración, operaciones irregulares o escándalos que involucran a altos ejecutivos.
Pocos días después de anunciar que el número de firmas que entregan dinero a los sokaiya cayó 44 por ciento de 1997 a 1998, la policía admitió a principios de este mes que algunas compañías todavía pagan sumas que van desde unos 8.000 dólares hasta 8,3 millones de dólares.
Esto pese a los esfuerzos concertados de 2.227 empresas en todo el país para celebrar sus asambleas simultáneamente el 29 de junio, con el fin de minimizar la asistencia de los sokaiya.
Según las autoridades, la mayoría de las compañías que sucumbieron nuevamente a la presión de los extorsionadores creyeron que debían ceder a sus demandas para garantizar asambleas cortas, libres de problemas, y en reconocimiento a sus "largas asociaciones" con grupos de sokaiya.
Tales asociaciones se remontan a unos 20 años atrás. En realidad, hace muy poco que los principales bancos y empresas comenzaron a desmantelar departamentos especiales que manejaban las nóminas de cientos de miembros sokaiya, supuestamente encargados de mantener el orden de las asambleas.
Según las "circunstancias", el extorsionador puede ayudar a un rápido desarrollo de las reuniones rechazando cualquier objeción o, por el contrario, prolongarlas mediante críticas a la administración o revelación de informaciones "incómodas".
Este negocio del chantaje a las empresas comenzó durante la llamada "burbuja económica" de la década de 1970.
Al principio, las mafias japonesas simplemente recaudaban "contribuciones" de compañías a cambio de no crear problemas durante las asambleas de accionistas.
Luego, sin embargo, los criminales comenzaron a usar parte de los fondos así obtenidos para comprar acciones, no sólo con el fin de legitimar la presencia de los sokaiya en las asambleas, sino también para simplificar su acceso a la información empresarial.
Algunos de los sokaiya más emprendedores establecieron oficinas de investigación económica que recogen datos clasificados sobre ciertas compañías, incluidos escándalos secretos sobre altos ejecutivos.
A veces, esas oficinas venden la información a la competencia a precios astronómicos.
Los sokaiya también publican boletines de noticias financieras y comerciales que sirven como fachada para sus actividades ilegales y como una fuente más de ingresos.
Aunque mal redactadas y editadas, las publicaciones son rápidamente adquiridas por las empresas, que también compran espacios publicitarios en los boletines.
En los últimos años, trascendió que aún las compañías más respetadas del país trataban con los sokaiya, entre ellas Mitsubishi Motors, Toshiba, Toyota y Nomura Securities.
Sin embargo, desde entonces varias de esas empresas anunciaron su desvinculación de los grupos criminales.
El año pasado, se produjo un gran escándalo alrededor del arresto de dos supuestos sokaiya que habrían recibido el equivalente a 155.000 dólares de Japan Airlines.
A la última asamblea de accionistas de la compañía aérea asistieron policías vestidos de civil y unos 12 supuestos sokaiyas, según observadores. Aunque no se presentaron objeciones graves durante la reunión, ésta se prolongó tres horas y 25 minutos.
Las empresas japonesas consideran humillante que sus asambleas de accionistas se demoren más de 30 minutos. Las preguntas de los accionistas, si las hay, sólo se responden una vez que hayan tenido la palabra los ejecutivos y clientes de la compañía, y a veces representantes del gobierno.
Algunos analistas creen que la inclinación de los ejecutivos japoneses a mantener la información empresarial tan inaccesible como sea posible es un factor que contribuyó al ascenso de los sokaiya.
Si sólo las empresas fueran más transparentes en sus operaciones, los sokaiya no tendrían tantas oportunidades de hacer negocios, agregan los observadores.
No obstante, muchos señalan que los sokaiya sobrevivirán un buen tiempo más. Aunque muchos ejecutivos acusados de tratar con los extorsionadores han sido multados y encarcelados, los sokaiya en general han salido casi airosos.
Por ejemplo, en abril un tribunal halló culpable a Ryuichi Koike de haber recibido un total de 104 millones de dólares de préstamos y pagos ilegales de cuatro firmas de seguridad, pero sólo fue sentenciado a nueve meses de prisión. (FIN/IPS/tra-en/ek/cb/mlm/if/99
