Centenares de indígenas de Honduras llegaron hoy a esta capital en protesta contra una reforma constitucional que habilita la venta de las tierras en las que habitan, para la construcción de centros turísticos u otros proyectos de inversión.
La protesta también busca evitar que el gobierno firme un acuerdo con El Salvador para construir un complejo hidroeléctrico en la frontera occidental entre ambos países, por considerar que lesiona la soberanía del país.
La protesta se produce cuando se celebra este martes el Día de Lempira, un héroe de la resistencia indígena durante la conquista española.
Los indígenas, en su mayoría lencas y garífunas, se ubicaron en las proximidades de la sede del Poder Legislativo, donde pernoctarán mientras pugnan por ser recibidos por el presidente Carlos Flores.
Los manifestantes convocados por la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Occidente (Copin) también marcharon este martes hasta la casa de gobierno, custodiada por un fuerte dispositivo militar.
El dirigente de la Copin Salvador Zúniga dijo que la protesta tiene el propósito, en una fecha histórica como es la celebración del Día de Lempira, de "reivindicar nuestros derechos adquiridos hace muchos años y que nos quieren ser negados en nombre de un desarrollo en el que no estamos incluidos".
Zúniga anunció que los indígenas no volverán a las montañas en tanto el gobierno no atienda sus reclamos y peticiones, que incluyen también viejas demandas en materia de salud, vivienda, educación y créditos para desarrollar la agricultura.
Pero la principal preocupación de los indígenas es que el gobierno impulse la eliminación de una reforma al artículo 107 de la Constitución, que permite la venta y uso de tierras a grupos empresariales con fines turísticos y de inversión.
Según la Copin, esta reforma afecta de manera directa a las comunidades garífunas del litoral atlántico que habitan en parcelas comunes, donde se dedican a la agricultura y la pesca artesanal para consumo propio y el comercio en zonas cercanas.
"Nuestra vida es comunitaria, no tenemos fronteras internas, pero la reforma constitucional amenaza nuestra propia existencia, porque ahora cualquier inversionista podrá quitarnos las tierras con la anuencia del gobierno y el pretexto de que así llega el progreso", dijo a IPS el dirigente garífuna Casildo Alvarez .
Alvarez señaló que no se oponen a la promoción del turismo cerca de sus comunidades, siempre y cuando "nos definan claramente las reglas del juego y se impulse un desarrollo equilibrado, en el que nuestros poblados no sean simplemente mano de obra barata para los hoteles, como al parecer se nos toma".
A su vez, Zúniga dijo que en el caso de las comunidades fronterizas la reforma al artículo 107 da a los inversionistas amplias potestades para adquirir tierras a escasos metros de la frontera, "donde habitamos los grandes pueblos indígenas de este país, sin que se nos diga nada".
La Constitución de Honduras prohibe vender tierras próximas a las costas y en zonas fronterizas por considerar que ello atenta contra la soberanía del país, pero una iniciativa parlamentaria aprobada en 1998 deja sin validez esta norma contenida en el artículo 107.
La reforma constitucional debe ser ratificación este año para que entre en vigor en el 2000.
Los grupos indígenas presionan al gobierno para que no se confirme la modificación, con el fin de garantizar sus propiedades y derechos adquiridos por años.
La Copin alega que no se oponen al turismo ni al desarrollo, pero quiere un desarrollo con equidad y asegura que no permitirá que "los indígenas sean colonizados nuevamente".
Los indígenas también rechazan la construcción de una represa en conjunto con El Salvador en la región de Intibucá, en el occidente de Honduras, denominada "El Tigre", que suministrará energía eléctrica a los dos países, en especial en la zona fronteriza.
Sectores militares y políticos se han sumado a la oposición de organizaciones ecologistas y de indígenas, por considerar que el impacto ambiental perjudicará el desarrollo del país. Ante esto, el gobierno de Flores anunció hace dos semanas que el estudio del proyecto binacional "quedaba en suspenso".
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, dijo que, si bien las demandas de los indígenas son justas, "no compartimos las formas de manifestarlas, con protestas que obstaculizan el tránsito vial, la productividad y el desarrollo del país".
Alfaro explicó que la reforma de la Constitución "es una iniciativa del Congreso y éste es un poder independiente. No obstante vamos a interceder para ver como nos beneficiamos todos, porque debemos tener claros que el desarrollo no puede estancarse por ver las cosas con visiones primitivas".
Informó que se nombró una comisión para dialogar con la Copin este miércoles y escuchar sus demandas en salud y educación, "aunque quiero dejar claro que hemos venido resolviendo esos problemas en las medidas de nuestras posibilidades, porque no estamos en la capacidad para atender todos los reclamos".
Las promesas gubernamentales nos están cansando y, por ello, decidimos efectuar la marcha a Tegucigalpa para "recordar al gobierno que existimos y estamos dispuestos a reclamar", sostuvo Gregoria Flores, también de la Copin.
En Honduras existen unos 350.000 indígenas distribuidos en siete etnias, que se organizaron hace cinco años en grupos para reclamar por sus derechos y, desde entonces, realizan marchas a Tegucigalpa para recordarle al gobierno las "tareas pendientes". (FIN/IPS/tm/dm/ip/99)
