La Contraloría General de Honduras intervendrá todas las cuentas de las Fuerzas Armadas para investigar denuncias sobre planillas fantasma y establecer un mecanismo de auditoría, anunció hoy el organismo fiscalizador.
La contralora general, Vera Rubí, dijo que se trata de una iniciativa del ministro de Defensa, Edgardo Dumas Rodríguez, quien incluso propuso que el organismo se encargue de pagar los salarios militares, en procura de mayor transparencia.
La intervención de todas las cuentas de las Fuerzas Armadas es algo que "estábamos esperando hace mucho tiempo", afirmó Rubí.
"Hasta ahora, nuestras auditorías se refirieron a cosas concretas, pero no habíamos podido entrar a fondo en la administración porque no teníamos ese poder, ni la decisión política adecuada", agregó.
"Ahora que el ministro Dumas nos ha pedido ese apoyo, lo haremos gustosos porque nos permitirá descubir la veracidad de denuncias sobre planillas fantasma utilizadas para desviar fondos con fines aún no esclarecidos", sostuvo la funcionaria.
La decisión de Dumas, el primer civil que encabeza el Ministerio de Defensa en la historia de Honduras, responde a los nombramientos efectuados en las últimas dos semanas por la junta de comandantes sin consentimiento del ministro, quien se encontraba en México.
Oficiales subordinados al poder civil interpretaron los cambios a la gestación de un "golpe" interno en las Fuerzas Armadas. Pero el ministro Dumas dejó sin efecto la decisión de la cúpula militar cuando retornó el lunes al país. "No me fue consultada", argumentó.
"Aquí quien lleva el barco soy yo. El poder civil es quien manda. La decisión de la junta de comandantes en mi ausencia fue inoportuna. Por eso, desconozco esos cambios. Si se dan nuevos nombramientos, los voy hacer yo, en consulta con la Presidencia de la República", dijo Dumas.
Analistas locales interpretaron la jugada de los comandantes a la intención de debilitar al ministro de Defensa, que había anunciado investigaciones exhaustivas sobre el manejo del presupuesto militar, las planillas fantasma y el desorden administrativo.
"Los militares creyeron que violentando las normas de procedimiento y poniendo mal al ministro Dumas se lo iban a sacudir, pero olvidaron que el poder civil es quien tiene el control de las Fuerzas Armadas", dijo a IPS la socióloga Julieta Castellanos.
"El movimiento fue visto más bien como una acción de insubordinación", agregó Castellanos.
Los militares temen que, como propone el Ministerio de Defensa, se les controle el presupuesto, se investiguen sus cuentas particulares y se les quite el control de la venta y tenencia de armas, una actividad que les reporta tres millones de dólares anuales, según la experta.
Los anuncios de Dumas responden a denuncias de irregularidades que deben ser sometidas a auditoría. "La chabacanada en la institución, se acabó", dijo el ministro este martes.
Mientras, la Dirección de Probidad Administrativa anunció que investigan las cuentas del ex gerente de la Armería, coronel Anael Castillo, a quien se le vincula en un presunto fraude en la compra de armas por un monto de los 20 millones de dólares.
La Armería es la empresa que extiende los permisos de porte de armas y controla su venta, y que funciona en la órbita del Instituto de Provisión Militar, a cargo de los retiros de las Fuerzas Armadas.
Pesquisas efectuadas por la Fiscalía contra la Corrupción, revelaron hace una semana que las cuentas bancarias del coronel Castillo, quien se encuentra prófugo, contienen 1,5 millones de dólares.
El IPM no es objeto de auditorías ni tiene representantes estatales en su junta directiva, a pesar de que recibe fondos del Estado.
Dumas afirmó, sobre la base de normas constitucionales, que el control de las armas pertenece a las Fuerzas Armadas como institución y no al IPM. (FIN/IPS/tm/mj/ip/99
