La relatora especial para asuntos de la infancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ofelia Calcetas-Santos, investiga en Guatemala denuncias de explotación sexual y comercial de niños y niñas y adopción ilegales.
Calcetas-Santos, de nacionalidad filipina, aclaró al llegar a Guatemala el lunes que no es verificadora, sino relatora temática de ONU, y que al concluir la investigación elevará algunas recomendaciones al gobierno.
La funcionaria permanecerá en Guatemala hasta el 30 de julio y en ese tiempo se entrevistará con distintos funcionarios y organizaciones defensoras de la infancia.
Organizaciones de derechos humanos de Guatemala calculan que de los 5,4 millones de menores de 18 años que en este país, 4,4 millones crecen en la pobreza, informó el diario local Prensa Libre.
"Muchos han dado la espalda a este fenómeno social, y al ver sus intereses afectados se han negado a apoyar políticas efectivas a favor de la niñez guatemalteca", dijo la diputada Nineth Montenegro, presidenta de la Comisión del Menor del Congreso legislativo.
Para la Comisión pro Convención sobre los Derechos del Niño (Proden), ocho de cada 10 infantes de escasos recursos son desatendidos por sus padres, quienes no les brindan alimentación, ni educación adecuada.
Esto lleva a que 55 niños de cada 1.000 mueran antes de los cinco años, a causa de enfermedades respiratorias, perinatales y desnutrición.
El informe de Proden agrega que solo 73 por ciento de los niños de entre siete y 12 años cursan la educación primaria. El promedio de escolaridad es de tres años.
El abandono, la guerra civil que sufrió Guatemala durante 36 años hasta 1996, la desintegración familiar y la pobreza extrema, el maltrato físico y psicológico y el abuso por parte de los progenitores llevó a muchos de esos niños cambien sus hogares por las calles de la capital, añadió Proden.
Un estudio desarrollado por Casa Alianza indica que unos 5.000 niños y niñas viven en las calles de la ciudad de Guatemala, donde, huyendo del maltrato y la miseria de sus hogares, se encuentran con las drogas, violaciones, enfermedades y hasta con la muerte violenta.
El canciller Eduardo Stein, con quien se reunió el lunes Calcetas-Santos, dijo que la relatoría no perjudicará al país, pues la funcionaria "solo comprobará que, en efecto, la legislación es insuficiente y se presta a abusos en ese sentido".
El mismo canciller reconoció el problema de las adopciones en Guatemala, particularmente lo relacionado a los aspectos económicos.
"Se trata de los casos en que los padres adoptivos se ven obligados a pagar inmensas cantidades de dinero a los intermediarios de la adopción", agregó.
Stein reconoció abiertamente la "insuficiencia" de la legislación para controlar las adopciones y Calcetas-Santos se ocupará de evaluar los posibles abusos que puedan afectar a los procesos tramitados en Guatemala, tanto a nivel nacional como internacional.
Destacados abogados guatemaltecos han sido acusados de cobrar grandes sumas de dinero por adopciones ilegales. También se han encontrado en oportunidades casas donde al cuidado de una niñera se encontraron numerosos infantes dispuestos para ser dados en adopción.
Arturo Echeverría, representante de Casa Alianza en Guatemala, dijo muchos profesionales se prestan a cometer irregularidades para concretar adopciones ilegales.
"Nosotros no estamos en contra de la adopción, pero sí rechazamos que se haya convertido en todo un negocio en el que participan comadronas, médicos, enfermeras, registradores civiles, trabajadoras sociales y abogados", comentó al diario El Periódico.
En la actualidad, una adopción ilegal en Guatemala puede costar 15.000 dólares o más, y la mayor parte corresponde a los abogados que la tramitan. Las autoridades no pueden cuantificar cuántas se efectúan cada año.
Sin embargo, la oficina de Procuraduría de Adopción de Menores recibe cada mes alrededor de 160 expedientes para dar su dictamen, de los cuales entre cuatro y seis son interrumpidos para estudiar posibles anomalías.
La mayoría de padres adoptivos son originarios de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y España.
Calcetas-Santos se reunirá también con Débora Cóbar, jefa de la Sección de Menores de la Procuraduría General de la Nación. La funcionaria guatemalteca entregará entonces un informe de las rutas de tráfico de menores realizado en 1997.
La relatora explicó que las recomendaciones hechas a Guatemala estarán contenidas en un informe que presentara a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y a la Asamblea General de la ONU.
Calcetas-Santos ha encabezado misiones en Estados Unidos, Kenia, República Checa y México, con el propósito de investigar denuncias de explotación sexual y comercial infantil.
La funcionaria ha expresado su inquietud sobre las adopciones de niños guatemaltecos trasladados al extranjero mediante prácticas ilegales.
La relatoría fue creada en 1990 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Inicialmente el plazo del mandato era de un año, pero se ha ido prorrogando debido a la problemática mundial por la que atraviesa la niñez. (FIN/IPS/cz/mj/hd/99
