Ganan terreno los reclamos para revocar la ley de 1994 que reinstituyó la pena capital en Filipinas, pocos días después de que el Estado ejecutara a su quinto condenado a muerte.
Esas demandas llamaron nuevamente la atención sobre el problema debido a dos casos ventilados la semana pasada, cuando la Corte Suprema suspendió el proceso de ejecución de dos condenados, uno de los cuales fue considerado minusválido mental e incapaz de comprender los cargos en su contra.
Para los detractores de la pena de muerte, esto demuestra muy claramente los riesgos de violar los derechos humanos inherentes a la aplicación rigurosa del máximo castigo según los textos judiciales.
Es hora de que el Congreso suspenda la pena de muerte y considere "el riesgo de supremos errores humanos y ejecuciones equivocadas" en el castigo, dijo Theodore Te, del grupo Asistencia Legal Gratuita y quien fuera abogado del primer convicto muerto en febrero por la ley vigente desde 1994.
Los condenados "no son cobayos que deben ser sacrificados para probar la hipótesis que la condena a muerte es una disuasión eficaz contra el crimen", arguyó el legislador Hernani Braganza, quien gestiona la revisión de la pena capital.
Sin embargo, para los partidarios de este castigo, la revisión de los casos de pena capital por la Corte Suprema es una prueba conclusiva de que la ley se aplica con las garantías suficientes.
El parlamentario Ernesto Herrera manifestó que debe concederse a la legislación un plazo de dos años para comprobar si funcionan sus efectos disuasivos, si bien Braganza opinó que la pena de muerte había llegado a un punto de "resultado nulo".
El jueves 8 la Corte Suprema rechazó apelaciones de último momento para suspender las ejecuciones, mediante inyecciones letales, de tres condenados por matar a un policía en el curso de un robo en 1994.
Dos horas más tarde, la Corte ordenó un nuevo proceso contra Marlon Parazo, de 28 años, en base a exámenes neurológicos que demostraron que el condenado por violación tenía la mentalidad de un niño de ocho años y era sordomudo.
En este primer caso de repetición del juicio desde que se reinstituyó la ley de la pena de muerte, el tribunal decidió que se había producido un error judicial de procedimiento y ordenó que Parazo fuera juzgado otra vez con la asistencia de un intérprete competente en lenguaje por signos.
El sábado, la Corte Suprema redujo a cadena perpetua la condena a muerte emitida contra un padre que había violado a su hija de 14 años en 1996.
La razón de la modificación de la sentencia se basó en un tecnicismo. El fiscal no indicó en el acto acusatorio que la víctima era menor de edad, el requisito para imponer la pena de muerte en casos de violación.
En junio, la Corte Suprema también conmutó a prisión perpetua la condena a muerte impuesta por un tribunal inferior contra un ciudadano de Taiwan .
Braganza dijo que el momento es oportuno para que el parlamento revise la ley de la pena de muerte, dadas las estadísticas que demuestran un alto índice de condenas modificadas por el máximo tribunal.
La Corte revirtió o conmutó las penas en 60 por ciento de los casos de condena a muerte, explicó.
El parlamentario Roan Libarios informó que la Corte Suprema confirmó sólo 42 de 100 condenas a muerte que revisó. En 18 casos los acusados fueron absueltos y seis fueron sometidos a un nuevo juicio.
Braganza también opinó que la lista de crímenes punibles con la pena capital es demasiado larga y constituye una "matanza". De los 46 delitos considerados atroces, 21 son castigados con la muerte.
Hay más de 1.000 convictos en el pabellón de la muerte, en su mayoría violadores, y la próxima ejecución está prevista para el día 30. Es el caso de un carpintero de Ciudad Cebú, al sur de Manila, sentenciado a muerte por violar a su hija de 17 años hace un lustro.
La Iglesia Católica sigue siendo una de las más firmes opositoras a la pena máxima, junto con abogados de derechos humanos y activistas locales y extranjeros.
Tras las múltiples ejecuciones de la semana pasada, el arzobispo Oscar Cruz, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, declaró que las ejecuciones "no sólo abaratan el valor de la vida humana, sino que fomentan el espíritu de venganza y de odio".
Sin embargo, el ministro de Justicia, Serafín Cuevas, cree que la pena de muerte comenzó a tener un efecto disuasivo, y señaló que los crímenes atroces disminuyeron 11 por ciento desde la ejecución del primer condenado en febrero.
Herrera expresó que si existe la necesidad de mejorar la aplicación de la justicia, la respuesta no está en el rechazo a la pena capital sino en mejorar la legislación para asegurar una justa defensa de los acusados, especialmente los pobres.
"Es demasiado pronto (para una revisión). Hay que darle (a la ley) dos años", dijo.
Durante el fin de semana, líderes de la Cámara de Representantes dijeron que estaban abiertos a remediar las debilidades de la ley y del sistema judicial, pero no necesariamente a considerar su rechazo.
"No estamos tratando aquí el rechazo de la ley, sino medidas 'curativas' para asegurar su aplicación justa", declaró el titular de la Cámara, Eduardo Gullas. (FIN/IPS/tra-en/js/ral/ego/aq/hd-ip/99)
