Representantes de la sociedad civil y medios de comunicación de ex colonias europeas y de la Unión Europea se reunirán en Bruselas a partir de este jueves para discutir el futuro de la Convención de Lomé.
La Convención de Lomé es un acuerdo de ayuda y comercio entre la Unión Europea (UE) y 71 de sus antiguas colonias de Africa, el Caribe y el Pacífico, conocidas como ACP. El acuerdo debe su nombre a la capital de Togo, dónde se firmó la primera convención en 1975.
"Sociedad Civil y Sociedad Política en Lomé V" será el título del encuentro de Bruselas, organizado por IPS-Inter Press Service y la UE con el fin de "reunir opiniones y promover el debate en la sociedad civil y el sector privado, brindando canales de expresión, participación y diálogo".
Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales (ONG), y funcionarios de la UE se concentrarán en buscar la manera "de proveer un flujo regular de información y análisis sobre las negociaciones y sus resultados" a la sociedad civil, el sector privado, y los organismos internacionales.
"Lomé V no necesita que los países de ACP adopten sólo una estrategia defensiva. Necesita conseguir un importante apoyo de fuerzas similares del Norte. Esa red de nuevas alianzas existe, y la globalización de las telecomunicaciones hace que cada día sea más extensa y más fuerte", dijo Roberto Savio, director general de IPS.
Las organizaciones de la sociedad civil, definidas como uno de los tres sectores claves del estado, junto con el gobierno y los empresarios, quieren que las ONG se comprometan más en el diálogo actual y cumplan un rol de mayor importancia en el futuro acuerdo.
Los negociadores de la UE y de ACP admitieron que la sociedad civil y el sector privado son actores importantes y necesarios en las negociaciones, dominadas por el comercio y los asuntos económicos.
Sin embargo, desde que comenzaron en agosto las negociaciones para extender los plazos del acuerdo de Lomé, grupos de la sociedad civil manifiestan su inquietud por la falta de participación, de descentralización y de transparencia de las conversaciones entre la UE y ACP.
Los representantes de Eurostep, la red europea de ONG, se reunieron en Bruselas a mediados de junio con funcionarios de la UE para presionar por una mayor transparencia y la adopción de un procedimiento responsable de decisiones.
Se les habría respondido que "un enfoque formal e institucionalizado para la participación de la sociedad civil podría ser infructuoso".
Eurostep (Solidaridad Europea para una Participación Igualitaria de los Pueblos) pidió entonces a los funcionarios "que reconozcan de manera explícita el papel central que tiene la sociedad civil en la Convención" de Lomé.
Los funcionarios de la UE contestaron entonces que "un enfoque tan formal en el ambiente poco democrático que se vive en algunos países de ACP, podría crear una estructura política alternativa", según la organización de Bruselas.
Sin embargo, el Comisionado de Relaciones de la UE con los países de ACP, Joao de Deus Pinheiro, declaró en abril que la sociedad civil es crucial para la instauración de la democracia.
"En la ausencia de las demandas de la sociedad civil, la democracia casi no tiene posibilidad y los derechos humanos sólo se respetan cuando, frente a la represión, la sociedad civil reacciona con energía contra los abusos", sostuvo Pinheiro en la asamblea anual de ONG europeas.
En un encuentro informal realizado entre los representantes de los países de ACP la semana pasada, el director de Eurostep, Simon Stocker, pidió que se establezcan mecanismos nacionales y regionales para permitir la participación de la sociedad civil.
Los embajadores de los países de ACP dijeron que es necesario preguntar a quién representa la "sociedad civil", que según ellos debe ser definida y regulada.
Sin embargo, encontrar un sólo representante de la sociedad civil implica el riesgo de perder diversidad y de crear un liderazgo que hasta ahora no existe, advirtió Stocker.
Carl Greenidge, de la secretaría en Bruselas de ACP aclaró en octubre que es improbable que los países de ACP se pusieran de acuerdo sobre la incorporación formal de la sociedad civil en "cualquier foro de toma de decisiones".
Sin embargo, "se podría invitar representantes al Consejo de Ministros, para tratar puntualmente lo que les parezca relevante para la competencia e interés de la sociedad civil", dijo.
"Surgirá entonces la duda acerca de a quien invitar, y entonces, la cuestión de quién gobernará a esos grupos deberá ser encarada frontalmente", agregó.
Según Youssouf Cisse, vicepresidente del senegalés Consejo de Organizaciones de Apoyo al Desarrollo, "en la mayoría de los casos, las autoridades públicas de los estados de ACP tienen gran dificultad en aceptar la coordinación y las consultas con los agentes civiles y sociales".
"Lo ven como una pérdida de poder y en ocasiones aun como un ataque al ejercicio de la soberanía nacional", escribió Cisse en un trabajo sobre la Convención de Lomé.
"Se debe destacar que la autoridad para negociar del grupo de ACP no incluye la participación de la sociedad civil. Eso da una idea de los obstáculos y del trabajo que aún queda por hacer", señaló Cisse en el documento que entregó a la ONG holandesa INZET.
Según observadores de la Convención de Lomé, el compromiso de hacer participar a la sociedad civil no se encuentra entre las prioridades de los negociadores.
La IV Convención de Lomé llegará a su fin en febrero, y las negociaciones para el pacto que la sustituya, que comenzaron en septiembre, ya ingresaron a su etapa crucial. (FIN/IPS/tra-en/ns/ceb/aq/if/99)
