España vivió hoy una masiva reacción contra el racismo, que recrudeció en las últimas semanas con agresiones y manifestaciones contra trabajadores inmigrantes.
Inmigrantes residentes en las localidades catalanas de Terrasa y Banyoles sufrieron la última semana la quema de sus viviendas y agresiones con golpes de puños y palos e incluso, en un caso, apuñalamiento.
Mientras, las autoridades municipales de Madrid dispusieron el desalojo de 400 rumanos, entre ellos muchos niños, y la destrucción de sus viviendas precarias.
La reacción ciudadana obligó a las autoridades, que continúan pretendiendo la expulsión de España de la mitad de esas familias, a reubicarlas en tiendas de campaña de emergencia.
Grupos racistas incendiaron el martes una mezquita y una vivienda de inmigrantes en la catalana ciudad de Girona. Ese mismo día, la policía detuvo a un joven de 22 años, acusado de ser el autor de una página racista en Internet que en sólo dos días fue visitada por más de 5.000 personas.
Esta detención es el resultado de una investigación policial iniciada a partir de la denuncia realizada por un uruguayo ante la embajada española en su país acerca de las amenazas realizadas por un grupo autodenominado Sectarios Españoles Neonazis de Barcelona.
Pero este martes se registró una fuerte reacción contra el racismo en Cataluña.
En Tarrasa, los concentrados frente a la municipalidad aplaudieron una declaración firmada por todos los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, que fue leída en castellano, árabe y catalán.
En Barcelona, la concentración fue en la plaza de San Jaume, frente al ayuntamiento y a la sede del gobierno autónomo catalán, con la presencia del presidente del parlamento autónomo, Joan Raventós, representantes de los partidos políticos y de unas 100 organizaciones no gubernamentales, convocantes del acto.
Mientras, en Madrid se dio a conocer la creación de un foro para la integración de los inmigrantes, también constituido por la pluralidad de fuerzas políticas. Al respecto, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, reivindicó el derecho de los inmigrantes a ser tratados como personas.
Pimentel subrayó que "cualquier persona que viva en España tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos, pues no se considera el pasaporte sino a la persona como tal".
La secretaria de Asuntos Sociales del gobierno, Amalia Gómez, advirtió que los últimos ataques xenófobos constituyen serios brotes de racismo y no meros hechos aislados o travesuras de jóvenes inadaptados.
Para combatirlo, se debe modificar las leyes que regulan la situación de los extranjeros, "de forma que permita una mejor integración", dijo Gómez.
La funcionaria propuso, por ejemplo, acortar los plazos de regularización de los inmigrantes, para que se puedan integrarse en poco tiempo a la vida social y laboral.
Dos décadas atrás, España tenía a más de tres millones de sus ciudadanos trabajando fuera de sus fronteras.
En la actualidad, unos 600.000 extranjeros son residentes legales, de los cuales unos 170.000 son africanos. Otros 200.000 inmigrantes están en situación irregular en este país de 40 millones de habitantes.
El racismo se expande como la pólvora por todo el territorio español, según la organización no gubernamental SOS Racismo.
Este grupo denunció que las autoridades no cumplen las leyes españolas, porque, por ejemplo, expulsan menores, lo que está expresamente prohibido.
SOS Racismo también cuestiona la legalidad de procedimientos que se cumplen desde 1998 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, de acuerdo con los cuales se suele pedir la documentación a los pasajeros al pie de la escalerilla del avión.
En caso de duda, la policía dispone la repatriación en el mismo avión, sin dar al pasajero la posibilidad de solicitar asilo político o regularizar su situación como trabajador inmigrante.
Además, según SOS Racismo, se producen agresiones policiales contra los inmigrantes e incluso violaciones sexuales en las comisarías.
José Antonio Moreno, portavoz de la organización, afirmó que en España "solo se aplica una política de represión con una visión estrictamente policial" en materia de inmigración, la cual "se traduce en la impermeabilización de las fronteras".
Moreno afirmó también que por el solo hecho de carecer de documentación se suele tener a ciudadanos extranjeros hasta 40 días en uno de los seis "centro de internamiento" en condición de "retenidos" y no de "detenidos".
Esos "retenidos" carecen de derechos, como la asistencia de un abogado, visitas ni comunicaciones. (FIN/IPS/af/mj/ip pr hd/99
