El Tribunal Constitucional de España está dividido sobre una decisión judicial que adoptará la próxima semana y que es considerada muy influyente sobre el desarrollo de las negociaciones para el fin de la violencia en el País Vasco.
El Tribunal deberá decidir si declara inconstitucional un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que condenó a prisión por el delito de colaboración con banda armada a los 23 ex miembros de la Mesa Nacional de la coalición Herri Batasuna (HB).
Esta coalición, apoyada por la organización separatista ETA, obtuvo el 16 por ciento de los votos emitidos en el País Vasco en las elecciones municipales y para el Parlamento Europeo del 13 de junio.
ETA declaró el 16 de septiembre de 1998 una tregua unilateral e indefinida, que mantiene. A principios de 1999 el gobierno del centroderechista José María Aznar informó que mantiene contactos con la dirección del grupo armado para dialogar sobre el cese definitivo de la violencia.
En el Tribunal Constitucional, de 12 miembros, existe un virtual empate entre quienes creen que los dirigentes de HB no cometieron delito al emitir un video de ETA durante una campaña electoral y en un espacio público y gratuito de televisión, y quienes opinan lo contrario, dijeron a IPS fuentes jurídicas.
No obstante, una modificación de último momento sobre el texto de la sentencia, realizada el jueves 15, podría volcar la mayoría hacia la absolución de los condenados, por siete votos a cinco.
De ser así, en la próxima semana saldrían en libertad los 22 que permanecen en prisión, ya que uno, el dirigente histórico Ion Idígoras, fue liberado por razones de salud.
La liberación de los condenados, según políticos nacionalistas vascos, favorecería la integración de los independentistas y el abandono definitivo de la violencia por ETA.
Otros, como la reconocida periodista liberal Isabel San Sebastián, piensan que el Tribunal Constitucional trabaja bajo la presión del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo cuyo gobierno se designó a la mayoría de sus miembros.
El objetivo socialista, afirmó San Sebastián, sería preparar el camino para que poco después el Tribunal Constitucional asuma esa sentencia como un antecedente para levantar las penas al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.
Barrionuevo y Vera fueron condenados por acciones de "guerra sucia" efectuadas bajo el gobierno del socialista Felipe González contra los independentistas vascos y se encuentran en libertad bajo fianza.
El jefe del gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe, dijo a IPS que sea cual fuere el dictamen del Constitucional, "hay que respetarlo escrupulosamente".
Encabeza un gobierno de coalición de su fuerza política, el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el también moderado partido Eusko Alkartasuna (EA), y cuenta con el apoyo parlamentario de Euskal Herritarrok (EH), que reemplazó a Herri Batasuna e incorporó independentistas que rechazan la violencia.
Ibarretxe está convencido de que los vascos son dialogantes y como prueba aporta que en los últimos 15 años en el País Vasco ha habido siempre gobiernos de coalición encabezados por el PNV, que en unos casos lo hizo con el PSOE y en otros con EA.
Además, señaló que en esa región fueron designados alcaldes los candidatos de los partidos más votados, a diferencia de otras regiones de España en las que se crearon coaliciones de los partidos minoritarios para desplazar al más votado.
Asimismo, recordó que el 55 por ciento de los votos es nacionalista frente a 45 por ciento que no lo es (españolista), lo que configura una diferencia mínima "que obliga a no imponer posiciones de unos sobre otros".
Ibarretxe subrayó que a partir de la tregua decretada por ETA, "todos los partidos vascos aceptan que los problemas políticos se deben discutir en libertad y en democracia, sin recurrir a la violencia, de ningún tipo".
En cuanto a ETA, opina que el problema político no comienza con esta organización armada, fundada tres décadas atrás, sino mucho antes, y se refiere "a las relaciones entre España y Euskadi (País Vasco, en euskera)".
Ibarretxe rechazó que se critique al PNV por dialogar y negociar con EH, "cuando el gobierno español admite que lo está haciendo con ETA".
Aseguró que tiene "un hilo directo" con Aznar y que "todas las instancias" -lo que se puede entender como el gobierno central y el autónomo, y sus respectivos parlamentos- deben participar en las negociaciones para que el cese de la violencia sea definitivo.
La novedad, que considera destacable, la ilustra con terminología futbolística. "Ahora todos los jugadores están en el campo", dijo aludiendo a que también los representantes políticos próximos a ETA, e incluso etarras detenidos que han sido elegidos diputados, están participando en las discusiones.
Eso le permite ser moderadamente optimista sobre la pacificación, aunque advierte que para lograrla "hay que arriesgar". Y él se manifiesta dispuesto a hacerlo. (FIN/IPS/td/ag/ip/99