Cada vez más compañías se suman en Estados Unidos a un grupo de control de fábricas que explotan a sus trabajadores creado por un equipo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y firmas de calzado, con el apoyo de la presidencia de Bill Clinton.
Las firmas de la indumentaria Adidas-Salomon AG y Levi Strauss se unieron a la Asociación por el Trabajo Libre (FLA), cuyos miembros deben regirse por un código de conducta en todas sus plantas instaladas en el exterior y aceptar la visita de supervisores de la organización.
Al menos otras dos grandes compañías, Eddie Bauer y GAP, podrían asociarse en el futuro, según fuentes comerciales.
Pero los detractores del grupo afirman que la FLA es una estratagema ideada por los encargados de relaciones públicas de las firmas a fin de tranquilizar a los consumidores acerca de las condiciones de trabajo de sus empleados. Exigen que adopte códigos de conducta más rígidos o que se disuelva.
"Se trata, en realidad, de un blanqueo corporativo", denunció Erik Brakken, graduado por la Universidad de Wisconsin y miembro de Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras (USAS), indignado porque 100 universidades se unieron a la FLA.
Las universidades ejercen un papel clave en el movimiento contra la explotación laboral porque ganan 2.500 millones de dólares por año de la venta de indumentaria con el logo o el nombre de la institución. Firmas como Nike y Reebok compiten por obtener la licencia para fabricar esos productos.
USAS, que cuenta con el apoyo de la mayor organización laboral textil de este país, el Sindicato de Empleados de la Aguja, Industriales y Textiles, hizo una campaña de protestas muy eficaz durante dos años.
La campaña logró que universidades de todo el país accedieran a imponer normas contra la explotación más exigentes que las del código de la FLA a las firmas que tienen licencia para fabricar indumentaria con su nombre o logo.
Los estudiantes sostienen que varias universidades se unieron al FLA para abandonar compromisos adquiridos con anterioridad y minimizar los logros del movimiento estudiantil.
"Las universidades no adhieren al FLA para terminar con la explotación, lo que intentan es cubrirse contra las críticas. Al participar en el FLA, legitiman a una institución corrupta", sostuvo Marion Traub-Werner, activista del USAS de la Universidad de Carolina del Norte.
La llegada de los dos nuevos miembros al FLA es un gran impulso para la Asociación. Levi Strauss es una de las firmas de prendas de vestir más antiguas y conocidas, mientras Adidas-Salomon, uno de los principales objetivos de la Campaña de Vestimenta Limpia de Europa, extiende la influencia del grupo a través del Atlántico.
Estados Unidos y Europa representan 40 por ciento del consumo de indumentaria de todo el mundo.
Hasta este mes, la FLA sólo contaba con sus ocho firmas iniciales, entre las cuales figuran Liz Claibone, Nike y Reebok.
Esas firmas componían un grupo de 18 compañías, sindicatos, y grupos defensores de los derechos humanos y de los consumidores que discutieron durante dos años la adopción de un código de conducta y un sistema de supervisión aceptables.
El acuerdo final creó la FLA, que envía a firmas independientes a supervisar las condiciones de trabajo en las plantas extranjeras de las compañías asociadas, y extender certificados a aquellas que cumplen con las normas.
Las firmas certificadas recibirán un reconocimiento especial, posiblemente una etiqueta de "sin explotación", para que los consumidores puedan estar seguros de que dichos productos fueron fabricados en condiciones de trabajo dignas.
Las fábricas que emplean las compañías miembro de la FLA deben pagar el salario mínimo nacional o el salario industrial reinante, el que sea más alto. El codigo también prohíbe el empleo de niños y la semana laboral de más de 60 horas.
Los principales puntos de discusión durante las negociaciones para crear la FLA fueron la composición del directorio, si el código podía exigir que las firmas pagaran "salarios decentes" a los trabajadores, la independencia y el alcance del sistema de inspección, y la cantidad de compañías que deberían divulgar sus operaciones extranjeras.
Los negociadores aceptaron comprometerse a todo, en la mayoría de los casos. Los fundadores de la FLA acordaron que las compañías y los grupos independientes deberían tener igual representación en el directorio.
En cuanto a los salarios, autorizaron la realización de un estudio por parte del Departamento de Trabajo para determinar la factibilidad de imponer la exigencia de salarios dignos.
También acordaron que 30 por ciento de las instalaciones en el exterior de las compañías serían inspeccionadas por los agentes autorizados de la FLA durante un período de dos a tres años, antes de que la Asociación entregue el sello de aprobación, luego de lo cual la inspección se restringirá a 10 por ciento.
El director del FLA, que aún no fue nombrado, decidirá cuáles serán las instalaciones a inspeccionar en base a información confidencial brindada por las compañías miembro y obtenida de otras fuentes, como supervisores de derechos humanos de la zona.
Sin embargo, las compañías miembro deberán financiar todos los procedimientos, incluso las inspecciones.
No todos los interesados aceptaron el acuerdo. Varias firmas se retiraron por considerar que el código y las condiciones de supervisión eran demasiado rigurosos, pero algunas organizaciones no gubernamentales, como UNITE, se retiraron porque, aseguraron, favorece demasiado los intereses empresariales.
UNITE y USAS alegaron que la FLA otorga demasiado poder al directorio, y sostuvieron que la Asociación debería comprometerse, al menos, a pagar salarios decentes en los países donde el salario mínimo está por debajo de lo necesario para la subsistencia.
También manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que la FLA nombre supervisores a las grandes firmas auditoras, que suelen inclinarse a favor de las compañías.
Los estudiantes se reunieron la semana pasada con el principal asesor económico de Clinton, Gene Sperling, y exigieron que la FLA publique todos los informes de supervisión, y que las compañías divulguen la ubicación de sus plantas, de modo que grupos ajenos a la Asociación también puedan investigar.
"Si los resultados no son públicos, no podemos saber si el sistema de inspección realmente sirve para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué tienen esas compañías para esconder?", preguntó Traub-Werner.
Fuentes del gobierno anunciaron que es posible que declaren la importancia de la publicación de dichos informes y de que el FLA promueva la transparencia para lograr su cometido, pero, según las reglas de la Asociación, la mayoría del directorio, es decir, al menos una compañía, debe estar de acuerdo.
"Estoy de acuerdo con ellos en cuanto a la necesidad de hacer pública la mayor cantidad posible de la información que podamos obtener", declaró Pharis Harvey, presidente del Fondo de Derechos Laborales Internacionales, uno de los cinco grupos independientes. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ceb/aq/lb-if/99
