La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aseguró que este lunes se radicalizará el levantamiento que encabeza en todo el país, complementado con actos de desobediencia civil en las ciudades.
La protesta nacional contra el gobierno de Jamil Mahuad comenzó el lunes con una huelga de taxistas y continuó el martes con el levantamiento de los indígenas, que exigen dejar sin efecto el aumento del precio del combustible decretado la semana pasada y el archivo definitivo de la ley de privatizaciones.
Desde el viernes, 8.000 indígenas de la provincia de Tungurahua, en la sierra central, a 100 kilómetros de Quito, mantiene tomadas estaciones repetidoras de radio y televisión y cortaron la señal.
Los indígenas subieron la montaña, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, y sin dar tiempo a los 12 cuidadores se apostaron en los alrededores.
Un contingente integrado por 80 soldados del ejército intentó subir para desalojarlos, pero se quedó a medio camino porque los manifestantes cerraron con árboles, piedras y zanjas todas las vías de acceso a las antenas. Los uniformados sobrevolaron luego la zona en helicóptero.
Vicente Chato, dirigente de Conaie en la zona, relató que, al ver el artefacto, los indígenas se enfurecieron, alzaron sus machetes y cortaron los cables de las repetidoras, dejando sin emisión a varios canales y emisoras.
Luego, los indígenas se organizaron en comisiones y delinearon la plataforma de lucha de tres puntos: derogación del incremento del precio del combustible, congelamiento del de la gasolina y el gas y liberación de los taxistas apresados durante esta semana.
A 100 metros del lugar donde se encontraban los indígenas, comenzaron a descender del helicóptero militares armados que fueron rodeados por los campesinos, quienes les dijeron que si intentaban actuar podría registrarse un enfrentamiento.
En el mismo helicóptero llegó el gobernador de la provincia y directivos de los medios de comunicación para negociar.
Los dirigentes aceptaron restablecer la señal pero aseguraron que no se moverían de ahí hasta que el gobierno derogue las medidas, al tiempo que anunciaron que ya preparan una marcha de miles de nativos de la región hacia Quito.
A los taxistas e indígenas se sumaron en la protesta los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes, que se movilizaron en varias ciudades del país.
El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, dijo a IPS que si el gobierno no rectifica, entre este fin de semana y el lunes se producirá un levantamiento total.
Vargas dio a conocer un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se recomienda al gobierno un aumento del precio del gas de uso doméstico de 105 por ciento, y aseguró que si los militares reprimen la protesta habrá enfrentamientos.
"Han pasado cosas terribles como la subida de la gasolina, el documento de imposiciones del FMI y la insistencia en la privatización de las áreas estratégicas", dijo Vargas, quien señaló que en marzo se discutió la toma de Quito por unos 100.000 indígenas, pero se decidió suspender la medida.
Los indígenas y campesinos informaron que se proponen apoderarse de centrales hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, así como bloquear el paso de los productos de primera necesidad.
La primera medida fue el cierre de carreteras en distintas regiones, que impiden la realización de ferias y mercados agropecuarios y la salida de productos agropecuarios desde las comunidades hacia las ciudades, por lo que se comenzó a sentir el desabastecimiento.
Ya está bloqueada toda la sierra ecuatoriana.
En Quito y Guayaquil, los precios de las pocas frutas y verduras que se encuentran en los supermercados están entre 60 y 120 por ciento más caros que la semana pasada.
También se comienza a sentir la falta de gas y en las próximas horas podría faltar gasolina.
En Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país no hay servicio de transporte público, porque los propietarios de autobuses no sacaron sus unidades debido al paro de los taxistas, que mantienen las calles cortadas.
Desde el lunes rige en todo el país el estado de emergencia, lo que implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión del derecho de reunión y asociación.
Según la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía, desde el comienzo de la protesta hay 286 detenidos.
El jueves en la noche, el presidente Jamil Mahuad aseguró en cadena de radio y televisión que no daría marcha atrás y que la única salida para la crisis que vive el país es firmar la carta de intenciones con el FMI para que entre dinero.
Mahuad no logró entusiasmar a los ecuatorianos. Según una encuesta realizada por la empresa Cedatos, mientras duró su intervención solo 36 por ciento de los hogares ecuatorianos sintonizaron la cadena nacional.
Solo 23 por ciento de los espectadores calificaron la intervención presidencial de buena o muy buena, mientras 64 por ciento opinó que Mahuad repitió lo que ya había dicho en ocasiones anteriores.
Más preocupante aun parece el hecho de que 59 por ciento de quienes vieron o escucharon al presidente dijeron no creerle nada, mientras que 19 por ciento dijeron creerle algo y 14 por ciento creerle todo o casi todo. El ocho por ciento restante no respondió.
El ex presidente, Rodrigo Borja, líder del partido Izquierda Democrática, exigió a Mahuad que cambie su política o renuncie.
El ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, ofreció a los transportistas un precio preferencial para los combustibles a cambio de que levanten la medida. Sin embargo, la ausencia de Pedro Alava, máximo dirigente de la Federación Nacional de Taxistas, impidió un acuerdo.
Esa organización había confirmado que no participaría en las conversaciones hasta que no se levante el estado de emergencia y se libere a los taxistas detenidos. Alava aseguró desde la clandestinidad que los sindicatos del transporte que negocian con el gobierno el levantamiento de la huelga no son representativos.
Sin embargo, a pedido de las bases, el viernes en la noche se hizo presente en una reunión con Alvarez, acompañado del Defensor del Pueblo y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Tras la reunión tampoco hubo acuerdo ya que tanto taxistas como gobierno mantuvieron sus posiciones iniciales.
Alava aseguró a IPS que concurrió a dialogar por pedido de los taxistas pero que "sólo se llegará a un acuerdo cuando el gobierno levante las medidas".
Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que aceptó mediar en el conflicto a solicitud del gobierno y la Conaie, no encuentra eco en las partes.
Vargas manifestó que la Conaie acudirá a las conversaciones con el gobierno y la Conferencia Episcopal si se deja sin efecto el último aumento de combustibles, se deroga el decreto de emergencia y se libera a los detenidos en las protestas.
El parlamento no pudo reunirse para discutir el levantamiento del estado de emergencia por falta de quórum.
Setenta y seis por ciento de los ecuatorianos justifican la huelga de los taxistas y el levantamiento indígena, según una encuesta de la empresa Cedatos realizada esta semana en Quito y Guayaquil.
La mayoría de los consultadas, no obstante, declararon que no participan de las protestas "por temor a perder el empleo" o porque salir a las calles a protestar "afectaría el presupuesto familiar".
Las protestas llevaron a la misión del FMI, que debía llegar a Ecuador este jueves, aplace su visita hasta "que el ambiente político interno se normalice", lo que obligaría a postergar la firma de una Carta de Intención con ese organismo que el gobierno de Mahuad pensaba concretar el día 16. (FIN/IPS/kl/mj/ip/99
