Indígenas de Ecuador mantienen hoy la ocupación de rutas en protesta contra la decisión del gobierno de Jamil Mahuad de subir el precio de los combustibles e insistir en la privatización de las empresas públicas.
Miles de personas salieron de sus comunidades para cortar el tránsito en las carreteras del país e interrumpir el ingreso de productos agrícolas al mercado, lo cual puede provocar el desabastecimiento de las ciudades.
La protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se mantendrá hasta que el gobierno archive definitivamente la ley de privatizaciones.
Antonio Vargas, presidente de la Conaie, dijo a IPS que al gobierno no le importa las opiniones indígenas, y ante el alza de los combustibles y la arremetida privatizadora no les queda otra posibilidad que protestar.
"Las nacionalidades indígenas y los movimientos sociales siguen abiertos al diálogo, pero el gobierno de Mahuad no quiere escuchar. No queremos que se regale el patrimonio, como en Argentina y Chile, para después tener apagones", aseguró Vargas.
El parlamento consideró la semana pasada un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que otorga poderes especiales a Mahuad para decidir sobre la venta de las empresas estatales.
La oposición se declaró contrario a aprobar esa facultad, pero el gobierno anunció que en dos semanas enviará otra nuevamente, luego de buscar acuerdos con sectores que aceptan la privatización pero discrepan con los poderes especiales.
Los indígenas ya anunciaron un levantamiento para los días que se trate el nuevo proyecto, pero la protesta social subió de tono el lunes cuando 45.000 taxistas se declararon en huelga contra el aumento de combustibles decretado el viernes por la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, y exigieron su renuncia.
Con la medida, 60 por ciento de las actividades del país fue paralizada y las calles de las principales ciudades permanecieron cortadas, por lo cual miles de personas debieron concurrir a sus trabajos los dos primeros días de la semana caminando o en bicicleta.
En algunas provincias las comunidades indígenas se sumaron a los taxistas y bloquearon las principales vías de tránsito, precipitando el levantamiento decretado por la Conaie.
El estado de emergencia rige en todo el país desde el lunes, lo cual implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspención del derecho de reunión y asociación.
Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía invadieron el lunes por la noche el local del Sindicato de Taxistas y detuvieron a quienes encontraron reunidos en el local.
Los dirigentes sindicales que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y las fuerzas de seguridad ya apresó a más de 80 manifestantes.
El ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, dijo que no iba a aceptar imposiciones de los huelguistas, porque quien gobierna en Ecuador es el presidente Mahuad
De esa forma puso énfasis en la autoridad presidencial, cuestionada por analistas y diputados del propio gobierno, para quienes está gobernando la ministra de Finanzas.
Alvarez aseguró, además, que "el gobierno está abierto al diálogo" pero que no acepta discutir sobre la renuncia de Armijos.
Las clases están suspendidas en todos los centros educativos, y la entrada del movimiento indígena en la protesta hace prever una mayor radicalización de las manifestaciones, porque es el sindicato de maestros y profesores capacidad de movilización.
Las protestas colocan nuevamente en jaque a Mahuad y Ecuador vuelve a estar semiparalizado como en marzo, cuando el gobierno decretó estado de emergencia, aumentó el precio de los combustibles, congeló cuentas corrientes y de ahorros mayores a 200 dólares y envió al Congreso la ley de privatizaciones.
En esa oportunidad, la reacción social fue contundente y las ciudades más importantes fueron paralizadas por la falta de transporte público, el bloqueo de calles con taxis y barricadas y la movilización de los ciudadanos.
En el medio rural, miles de indígenas y campesinos ocuparon carreteras, detuvieron a soldados del Ejército y retuvieron la producción agrícola produciendo el desabastecimiento en los supermercados de las ciudades.
Luego de una semana de protestas, esa vez Mahuad suprimió el estado de emergencia, corrigió a la baja el decretado aumento de los combustibles y retiró los proyectos de ley sobre privatizaciones.
Mahuad explicó posteriormente que el hecho de ceder posiciones apuntaba a "parar la amenaza de un enfrentamiento entre ecuatorianos, pues los niveles de violencia llegaron a límites inimaginables".
Tras insistentes rumores de posible autogolpe, las Fuerzas Armadas aclararon también que se oponían a la represión y rechazaban "cualquier salida que vaya contra el sistema democrático".
Hoy los rumores de golpe de Estado son más fuertes y fueron confirmados por monseñor José Eguiguren, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), quien pidió que nadie pensará en una salida dictatorial.
Eguiguren aseguró a radio La Luna que el país vive un momento dramático y que es necesario abrir espacios para "un diálogo transparente, tomando conciencia de la profunda crisis económica que enfrenta el país y la dura situación de las clases media y pobre.
También dijo que se deben buscar soluciones más allá de las presiones de ciertos grupos poderosos que solo quieren beneficios para ellos, y puso énfasis en que sería gravísima una salida no democrática porque empeoraría la situación del país.
"El gobierno debe tener el gesto de rever sus medidas. Es fundamental que demuestre sensibilidad con los más pobres, porque es alarmante ver que profesores y médicos no cobran sus sueldos de 1.500.000 sucres (150 dólares)", dijo Eguiguren.
Las palabras del secretario de la CEE causaron preocupación en el ambiente político.
Para el analista político Paco Velasco, "los rumores se juntan con la presencia en el país de Charles Wilheim, Jefe del comando sur del Ejército de Estados Unidos, que se reunió a puerta cerradas con representantes del gobierno".
Ecuador enfrenta la peor crisis económica en 30 años, con un desempleo de 18,1 por ciento y un subempleo de 54,4 por ciento.
El gobierno debe desembolsar este año 2.400 millones de dólares para pagar los servicios de la deuda externa y 1.500 millones más para sanear el sistema bancario, que afronta una profunda crisis con la quiebra de 10 entidades en los últimos ocho meses que costaron al Estado 1.600 millones de dólares.
Miguel Lluco, dirigentes indígena del opositor Movimiento Pachakutik aseguró que "la movilización nacional en el campo y la ciudad hizo ceder al gobierno en marzo y lo hará ceder ahora".
"Creímos que no sería necesario volver a realizar un levantamiento, pero el gobierno nos empuja. Ojalá la Conferencia Episcopal pueda mediar y haga sensibilizar a Mahuad, sino seguiremos en paro indefinidamente", aseguró Lluco. (FIN/IPS/kl/dm/ip/99
