Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociales de España consideraron insuficiente el aumento de los fondos oficiales para la cooperación con el desarrollo del Sur que impulsa el gobierno del centroderechista José María Aznar.
El gobierno se propone incrementar gradualmente esos fondos, que actualmente representan 0,25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para que lleguen a 0,30 del PIB en el año 2002.
En términos absolutos, se pasaría de los actuales 3.000 millones de dólares a aproximadamente 4.500 millones.
La Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales, que agrupa a todas las ONG españolas, las centrales sindicales y la organización Plataforma por el 0,7 por Ciento criticaron la decisión oficial y pidieron que el aumento haga llegar la cooperación para el desarrollo a 0,35 por ciento del PIB.
Esas organizaciones manifestaron su disconformidad en el Consejo de Cooperación (integrado en forma mayoritaria por representantes de instituciones oficiales) cuando se analizó el Plan Director de Cooperación de las autoridades, que aún no ha sido aprobado.
La mayoría de las ONG sostuvieron que no darán su aval a ese plan si no se establece el compromiso de llevar la cooperación para el desarrollo a 0,35 por ciento del PIB.
A mediados de esta década nació en España un fuerte movimiento de apoyo a la cooperación internacional integrado por cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que se ha manifestado en la vía pública de múltiples maneras.
Su objetivo es reclamar que se cumpla con la meta fijada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de que todos los países industrializados dediquen por lo menos 0,7 por ciento de su PIB a la cooperación para el desarrollo.
El movimiento cobró una fuerza muy importante, y las 2.000 tiendas de campaña que instaló en a lo largo del Paseo de la Castellana, una avenida que constituye la columna vertebral de Madrid, fueron visitadas por representantes de todos los partidos políticos.
La presión ciudadana logró que el parlamento modificara un proyecto de ley y estableciera el compromiso de llegar a una ayuda al desarrollo de 0,30 por ciento del PIB en 1996, y una de 0,35 por ciento al año siguiente. Pero ese compromiso no se cumplió.
En un informe oficial que sirve de base para el debate en el Consejo de Cooperación se señaló como una "contradicción" que la administración de los fondos de cooperación para el desarrollo se reparta entre el Ministerio de Economía y el de Asuntos Exteriores.
En el informe se propuso la unificación de todos los fondos, y que su administración pasara a depender de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Las ONG sostuvieron, sin embargo, que los recursos administrados por el Ministerio de Economía, y denominados oficialmente Fondos de Ayuda al Desarrollo, en realidad se destinan a la financiación de exportaciones españoles, con créditos a largo plazo y bajo interés. (FIN/td/mp/if ip)
