Más de 90 personas han prestado testimonio en Cuba en un proceso civil que pretende demostrar la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos por la muerte de 3.478 personas y la incapacidad de otras 2.099.
Evelia Domenech, de 81 años, acusó a Washington de "lo más grande que le puede pasar a una madre". Su hijo, Manuel Ascunse, fue encontrado torturado y colgado de un árbol en 1961 cuando tenía sólo 16 años y se desempeñaba como maestro voluntario.
"Nos tiraron con todo: ametralladoras calibre 50, bombas, cohetes aire-tierra y napalm", dijo el coronel Rodolfo Capote, miembro del Batallón 123 que fue sorprendido por la aviación enemiga durante la invasión a Playa Girón en abril de 1961.
Ataques contra familias campesinas, ametrallamiento de poblados, sabotajes contra enclaves económicos y epidemias supuestamente introducidas por Estados Unidos son contadas por víctimas de una guerra nunca declarada.
Washington fue emplazado a asumir su "responsabilidad civil" por los perjuicios y daños provocados por acciones hostiles planeadas, alentadas o financiadas desde su territorio y a pagar una indemnización por más 181 millones de dólares.
Cuba se ampara en el derecho internacional y sustenta su demanda en documentos desclasificados en 1998 para intentar demostrar que detrás de cada acción contrarrevolucionaria de los últimos 40 años está la mano del gobierno estadounidense.
En ausencia del demandado, que no respondió a la acusación en los 20 días establecidos, el proceso ordinario "sobre reparación de daños e indemnización de perjuicios" entró este martes en su séptimo día y podría extenderse hasta el día 22 de este mes.
Las sesiones se celebran en la antigua sala del Tribunal Supremo, situada en la sede del Consejo de Estado, y son transmitidas en vivo por la televisión estatal a los más de 11 millones de habitantes de la isla.
Las autoridades estadounidenses "fueron debidamente emplazadas, no han comparecido y, en consecuencia, fueron declaradas en rebeldía", dijo el presidente del tribunal, Carlos Díaz Tenreiro.
Considerado por algunos observadores en la isla un acto meramente simbólico, el proceso incluye la presentación de 100 testigos, de pruebas periciales y de 27 documentos desclasificados que comprometen de una u otra forma a Washington.
La demanda fue realizada por la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas y las tres organizaciones estudiantiles existentes en la isla.
Entre los demandantes, todos organizaciones no gubernamentales fuertemente vinculados con el gobierno de Fidel Castro, aparecen también los Comités de Defensa de la Revolución y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
"Es decisión de Estados Unidos no defenderse" pero "legalmente, el proceso es válido en tanto el acusado esté debidamente documentado sobre la impugnación", aseguró William Shaap, abogado estadounidense invitado como observador.
"Lanzaron bombas en 1959 contra los edificios cubanos y las siguen colocando en 1997. Es una política que nunca ha teminado", dijo Shaap, investigador de las acciones encubiertas de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Al mismo tiempo, alertó que "nadie en Estados Unidos piensa, por ejemplo, que podría ser responsable por todos los niños que murieron en Iraq o los daños que sufrieron tantas personas en Yugoslavia".
"Se inculca la idea de que todo lo que Estados Unidos haga en materia de política exterior está más allá de la ley. Y en la jurisprudencia internacional no hay ninguna justificación para tales actos", afirmó.
Entre las pruebas con que cuenta la parte demandante figuran más de 200 páginas de documentos desclasificados por Washington en los últimos años que incluyen un informe presentado en 1961 por el entonces inspector general de la CIA, Lyman Kirkpatrick.
En ese texto, Kirkpatrick afirmó que las operaciones encubiertas organizadas desde Washington contra Cuba empezaron en el verano boreal de 1959, a unos meses del triunfo en enero de la Revolución liderada por el hoy presidente Fidel Castro.
En octubre de ese año, el presidente norteamericano Dwight Einsenhower dio luz verde a un plan del Departamento de Estado y la CIA para emprender acciones contra Cuba, incluidos ataques piratas aéreos y navales, según la demanda cubana.
Otra de las pruebas, el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro dictado del 16 de marzo de 1960, contemplaba cuatro procedimientos fundamentales.
Se preveía la creación de una oposición cubana responsable, atractiva y unificada, el desarrollo de propaganda ofensiva en nombre de esta oposición, la acticulación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y la preparación de una fuerza militar adecuada para infiltrar en la isla.
"Nuestras manos no deben aparecer en nada de esto", advirtió Einsenhower a los funcionario de la CIA tras ordenar el inicio del entrenamiento de los cubanos que participarían en la invasión de Playa Girón, según contó en sus memorias el ex presidente.
De acuerdo con el informe de Kirkpatric, entre septiembre de 1960 y marzo de 1961 la CIA realizó 12 operaciones aéreas para abastecer con más de 70 toneladas de armas, municiones, explosivos y otros medios a bandas contrarrevolucionarias en Cuba.
Según el general de división Raúl E. Menéndez Tomassevich, entre 1959 y 1965 operaron 299 bandas financiadas por Estados Unidos en la isla, con 3.999 miembros. Las víctimas del "bandidismo" fueron 549 muertes y 200 incapacitados.
Todo el armamento utilizado durante la invasión de Playa Girón era de procedencia estadounidense y la aviación y buques de guerra de ese país se mantenían cerca de la isla apoyando a los asaltantes, de acuerdo con pruebas documentales y testimoniales.
En la invasión, que dejó 176 muertes y más de 300 heridos del lado cubano, participaron pilotos estadounidenses, según lo demostró el derribo de dos aviones tripulados por Riley Shamburger, Thomas Ray, Wade Gray y Leo Baker. (FIN/IPS/da/mj/ip/99
