Dos personas con residencia en Estados Unidos que tripulaban una lancha accidentada en aguas de Cuba con 14 emigrantes ilegales a bordo se exponen a una pena de 20 años de cárcel, de acuerdo con las últimas modificaciones del código penal cubano.
Joel Doerta García y David García Capote, repectivamente patrón y copiloto de la lancha, fueron detenidos por guardacostas cubanos que se encontraban "en las inmediaciones" del naufragio, ocurrido el sábado, con el saldo de un muerto.
El Ministerio del Interior, que este lunes informó del hecho, no aclaró la nacionalidad de los dos detenidos, aunque dijo que residen en Estados Unidos y trabajan para alguien conocido por "Coco", un traficante de emigrantes ilegales.
"Coco" cobra 8.000 dólares a los familiares residentes en Estados Unidos de cada emigrante que transporte a ese país, donde están radicadas la inmensa mayoría de las personas que abandonaron Cuba, se consignó en la nota oficial.
"Ante la impunidad de que gozan estos malhechores en Estados Unidos, a pesar de los compromisos contraídos, es creciente el número de aventureros que violando las leyes del país donde residen tratan de lucrar con este criminal tráfico", afirmó el Ministerio del Interior.
La lancha rápida Stinger, de 32 pies y dos motores de 220 caballos, recogió a 14 personas en algún punto al oeste del puerto de Mariel, cercano a La Habana, y zozobró a poco menos de 13 kilómetros de la costa. Entre los pasajeros se contaban cinco menores de edad.
Los guardacostas lograron rescatar de las aguas a todos los pasajeros, excepto a un hombre de 45 años que falleció "por inmersión" al volcarse la embarcación que, sin embargo, no se hundió.
"Como es habitual", se informó de los hechos al servicio de guardacostas de Estados Unidos y se continúan las investigaciones para brindar a las autoridades de esa nación cualquier información útil que sirva para desmantelar "las redes de tráfico humano que allí proliferan", comunicó el Ministerio del Interior.
Agregó que numerosas lanchas rápidas procedentes de territorio estadounidense y dedicadas al tráfico de emigrantes cubanos han sido capturadas con su tripulación en costas de este país, que está dispuesto a remitir a los responsables a la justicia estadounidense.
Sin embargo, "nuestras autoridades todavía están a la espera de una respuesta clara" de Estados Unidos, finalizó el comunicado oficial, difundido por radio y televisión.
Cuba endureció a mediados de febrero el castigo para delitos "contra el normal tráfico migratorio", con penas que van de siete a 20 años de privación de libertad o prisión perpetua en casos especialmente agravados.
Son agravantes el porte de armas, el empleo de violencia o la intimidación de personas, poner en peligro la vida de las personas al cometer el hecho o si éstas sufren lesiones graves o mueren.
También aumenta el rigor del castigo si entre las personas que se transportan se cuenta alguna de menos de 14 años.
El presidente Fidel Castro informó en enero que de enero a noviembre de 1998 se frustraron en 90 tentativas de tráfico humano con apoyo del exterior, en las que estuvieron involucradas 660 personas.
Castro consideró, sin embargo, que son las autoridades estadounidenses las que deben juzgar estos casos. Su discurso fue el preámbulo de la reforma del código penal aprobada un mes después por la Asamblea Nacional del Pueblo (parlamento).
"Estamos en disposición de devolvérselos para que los juzguen y sancionen allí en sus tribunales, puesto que de allí salen en barcos matriculados en Estados Unidos" y son causantes de la muerte de personas en caso de accidente, dijo el presidente.
Castro criticó en la ocasión a Washington por privilegiar a los cubanos por encima de inmigrantes de toda otra nacionalidad. Se trata de "un estímulo real a los intentos de salidas ilegales y al contrabando de personas", dijo.
La legislación estadounidense concede derecho a residencia de manera automática a los ciudadanos cubanos que llegan a las costas de Estados Unidos.
Esta disposición se mantiene a pesar de los acuerdos que para normalizar el flujo migratorio suscribieron ambos países en 1994 y en mayo de 1995. Esos convenios son revisados de modo periódico, en reuniones que alternadamente se realizan en Washington o La Habana.
En el último de estos encuentros, efectuado el 2 de junio, en Washington, ambas partes estuvieron de acuerdo en luchar de manera conjunta contra el tráfico de emigrantes.
Los acuerdos migratorios comprometen a Washington a conceder hasta 20.000 visas anuales para cubanos y a devolver a Cuba a los emigrantes ilegales interceptados en alta mar.
A su vez, las autoridades cubanas están obligadas a dejar en libertad a los repatriados, sin aplicarles sanciones.
Fuentes oficiales aseguran que hasta junio, 1.905 emigrantes ilegales cubanos fueron devueltos por Estados Unidos y, según Alarcón, el gobierno cubano ha cumplido rigurosamente su parte en los acuerdos. (FIN/IPS/pg/ff/pr ip/99
