El plazo para que los nicaragüenses indocumentados que viven en Costa Rica legalicen su situación de residencia vence el día 31, tras seis meses de "perdón migratorio".
Mientras el gobierno de Nicaragua ya ha señalado que teme una oleda de deportaciones masivas una vez vencido el plazo y prepara un plan de contingencia, las autoridades costarricenses descartan que se llegue a una situación de ese tipo.
Estos seis meses de "tolerancia migratoria" para los indocumentados del resto de América Central es conocida como "el período de amnistía", durante el cual han acudido a legalizar sus documentos cerca de 136.000 nicaragüenses.
Se estima que en Costa Rica, un país de 3,5 millones de habitantes, viven actualmente entre 300.000 y 500.000 extranjeros provenientes de todas las regiones de Nicaragua.
En las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería de la capital costarricense se ven a diario colas de varias cuadras de personas que esperan obtener su residencia.
"Los seis meses de tiempo para hacer los trámites fueron suficientes, el problema es que muchos no podíamos venir por las obligaciones del trabajo y por eso lo dejamos para última hora", dijo Adolfo Cruz, un nicaragüense de Granada que vive en San José desde hace cinco años.
A la amnistía que concluye el día pueden acogerse todos los centroamericanos que hayan ingresado a Costa Rica antes del 9 de noviembre de 1998.
"Aquí en Costa Rica nos va mejor, porque allá en nuestra tierra no hay trabajo", comentó Cruz.
En los últimos años, Costa Rica ha recibido gran cantidad de inmigrantes nicaragüenses, que si bien en general ocupan puestos laborales de bajo nivel, aseguran que la mejoría salarial es sustancial respecto de su país de origen.
"Con 150 dólares que enviemos a Nicaragua, allá puede vivir bien durante un mes una familia de tres o cuatro personas", aseguró Teodora Guevara, una nicaragüense que trabaja como costurera.
El gobierno de Nicaragua solicitó una ampliación del período de amnistía, pero el de Costa Rica no aceptó, constituyéndose en un eslabón más de la cadena de tensiones bilaterales que se han vivido en las últimas semanas.
Uno de los más críticos se produjo el 30 de junio, cuando en un barrio marginal del sur de San José fueron desalojadas 300 familias nicaragüenses. Tras esto, 35 nicaragüenses fueron deportados y la prensa de Managua denunció que el hecho como una muestra del calvario que viven sus coterráneos en Costa Rica.
El gobierno nicaragüense consideró el desalojo y la deportación como una represalia ante su negativa de permitir navegar a policías costarricenses en el fronterizo río San Juan.
"No se está echando a nadie del país por un problema de desalojo, sino porque se ha hecho un acto ilegal, que es meterse en una tierra ajena, tenemos un sistema de derecho de propiedad y hay que respetarlo", dijo el presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez.
El ministro de Seguridad, Juan Rafael Lizano, afirmó por su parte que se va a cumplir la ley con todos, costarricenses o extranjeros.
El conflicto por el río San Juan se remonta casi a la independencia de ambos países, en 1821. En 1858 el tratado Cañas- Jerez y en 1916 la Corte Centroamericana de Justicia ratificaron que el río pertenecía a Nicaragua, pero que los costarricenses podrían navegar por él libremente.
El día 15 se cumplió un año desde que el gobierno nicaragüense prohibió a la policía costarricense navegar por el río, alegando razones de soberanía.
"Nosotros venimos a Costa Rica a trabajar y no tenemos tiempo para estar pensando en otra cosa que no sea enviar dinero a nuestras familias", dijo el nicaragüense Mario Meléndez, de 27 años, quien con el pasaporte en la mano esperaba su turno en la oficina de Migración en San José.
"Yo espero quedarme un buen tiempo trabajando por acá y tal vez dentro de un año volver a visitar a mi familia", añadió Meléndez, quien tiene en Managua a sus padres y tres hermanos.
A la espera de lo que sucederá luego del día 31, el presidente costarricense nombró una comisión de alto nivel que decidirá las medidas a tomar con los extranjeros que permanezcan indocumentados en el país después de esa fecha. (FIN/IPS/nms/ag/ip/99
