Unos 250 muertos dejaron este fin de semana en Colombia los combates entre el Ejército y las rebeldes FARC, que intensificaron sus operaciones como antesala de la negociación de paz que se reanudará el día 20.
Al menos 200 guerrilleros y cerca de 50 militares y policías "fueron dados de baja (muertos)" en los combates que se iniciaron el jueves y cesaron este lunes, según el jefe de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias.
El informe oficial señala que desde el jueves hasta el domingo, las FARC (Fuerzas Armadas Reolucionarias de Colombia) y también el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización insurgente, lanzaron 24 ataques en 13 departamentos.
Tapias indicó a la radioemisora Radionet que la ofensiva de las FARC se limitó "a la consabida destrucción de casas y ataques a unas estaciones de policía con un reducido número de agentes".
El informe oficial indica que los combates más fuertes se libraron el domingo en la localidad de Puerto Lleras, del sudoriental departamento de Meta, donde el general Jorge Mora condujo operaciones que causaron la muerte a un centenar de guerrilleros.
Los combates comenzaron cuando las FARC avanzaron el jueves sobre Bogotá. El Ejército dijo que los guerrilleros organizaron su ofensiva en la llamada "zona de distensión", del sudeste, una zona desmilitarizada creada para el diálogo de paz.
Las fuerzas gubernamentales los enfrentaron en una zona rural perteneciente al municipio de Gutiérrez, y 37 soldados y cerca de 40 rebeldes cayeron en el primer combate.
La versión oficial de la tentativa de los guerrilleros de tomar Bogotá fue interpretada por algunos analistas como un recurso publicitario del Ejército.
Un experto que pidió reserva de identidad señaló a IPS que un ataque contra Bogotá "sería una operación suicida", aún en el caso de que las FARC y el ELN concentraran sus 20.000 combatientes en el intento, pues la ciudad cuenta con más de 15.000 soldados y 12.000 agentes de seguridad.
Tapias señaló que las FARC aprovechan para armarse y fortalecerse militarmente la zona que el gobierno desmilitarizó el 7 de noviembre en el sudeste para el diálogo y la negociación de paz.
Las discrepancias de los mandos castrenses con el gobierno por la prórroga indefinida de la desmilitarización de esa área, conformada por cinco municipios, ocasionó en mayo una grave crisis política. El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, presentó renuncia, y 17 generales pidieron su paso a retiro.
"La guerrilla explota la buena fe del gobierno y de los colombianos", que les concedieron "garantías para que puedan desarrollar la paz". "Aprovechan esa ventaja para posicionarse mejor para la guerra", declaró Tapias.
El jefe militar aseguró que las Fuerzas Armadas "nunca como antes habían sido tan leales como en este proceso de paz" y criticó a la guerrilla por no demostrar la misma disposición.
"Las Fuerzas Armadas neutralizaron la ofensiva guerrillera", afirmó el jefe del Ejército, general Jorge Mora.
El Ejército aseguró que dos menores de edad murieron y tres resultaron heridos en la localidad de Valparaiso, del sudoriental departamento de Caquetá, a causa de explosivos utilizados por los insurgentes.
Así mismo, 50 viviendas fueron destruidas por la explosión de la dinamita empleada por el ELN para volar en el sur un tramo del oleoducto Transandino.
Para contrarestar la ofensiva insurgente, el gobierno impuso el sábado por tiempo indefinido restricciones al tránsito terrestre y fluvial entre las 18 hora local (23:00 GMT) y las seis día siguiente en 10 de los 32 departamentos del este y sudeste.
El ministro de Defensa, Luis Ramírez, opinó que, lejos de fortalecer a los guerrilleros, la ofensiva "esta minando" la credibilidad de las FARC y del ELN "frente a los colombianos".
Las dos organizaciones rebeldes fueron capificadas de "terroristas" por la mayoría de las personas consultadas para una encuesta publicada en domingo por el diario El Espectador.
Los secuestros masivos y con fines económicos, la violación de derechos humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario, en opinión de Luis Valencia, de la privada Universidad de Los Andes, han restado credibilidad a los insurgentes y los exponen progresivamente al aislamiento.
Las perspectivas en la etapa que se inicia, según Alfredo Rangel, de la privada Fundación Social, serán de mayor confrontación, porque "las partes están obligadas a hacer el máximo esfuerzo en lo político y lo militar". (FIN/IPS/yf/ff/ip/99
