Barry McCaffrey, responsable de la política antidrogas de Estados Unidos, descartó hoy la eventualidad de una intervención militar en Colombia y reiteró que la presencia estadounidense en este país está destinada sólo a la cooperación contra el narcotráfico.
McCaffrey, que inició este lunes una visita de dos días a Colombia, se reunirá con el presidente Andrés Pastrana y con funcionarios y empresarios, para analizar asuntos relacionados con la lucha contra el tráfico y consumo de drogas.
Las versiones que circularon la semana pasada sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia respondieron a una tentativa de debilitar la lucha contra el narcotráfico, dijo el funcionario estadounidense.
El conflicto interno debe ser resuelto por los colombianos y quienes hablan de una "intervención" intentan confundir a la opinión pública respecto del tipo de ayuda que Estados Unidos suministra a Colombia, orientada sólo a enfrentar tráfico de drogas, declaró.
No obstante, advirtió que guerrilleros fuertemente armados controlan la mayoría de las áreas dedicadas a la producción de narcóticos, representan una amenaza para la democracia, violan los derechos humanos y desestimulan la inversión extranjera.
En una conferencia ante empresarios, McCaffrey indicó que el cultivo de coca "amentó en forma dramática" en los últimos tres años en Colombia y se realiza principalmente en áreas de "narcoguerrilla" fuera del control del gobierno
El funcionario señaló el caso de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se financian "probablemente hasta en dos tercios" mediante su asociación con "las organizaciones del narcotráfico".
McCaffrey anunció un mayor respaldo de Washington al Ejército colombiano para el combate contra la "narcoguerrila", pues "se ha comprobado que existe una nueva cultura (entre los militares) de respeto a los derechos humanos" .
Washington había condicionado hace un año la ayuda militar al Ejército a un mayor respeto de los derechos humanos, tras denuncias de grupos humanitarios que vincularon a miembros de las Fuerzas Armadas con masacres pepetradas por paramilitares de derecha.
Los mandos de las Fuerzas Armadas lograron, luego de una ofensiva diplomática, que Washington aceptara la tesis de la vinculación de los guerrilleros con el narcotráfico.
Aumentó entonces la presencia en Colombia de militares estadounidenses destinados a la cooperación en materia de capacitación y operaciones de inteligencia.
Washington acepta la denominación "narcoguerrilla" por conveniencia, para reconocer una situación de hecho: "que está participando en la guerra contrainsurgente", dijo a IPS un representante de la una organización de derechos humanos que pidió reserva de identidad.
Los resultados de esa participación, según la fuente, se evidenciaron en los combates de comienzos de este mes de los departamentos de Cundinamarca, en el centro, y de Meta, en el sudeste, donde fueron abatidos cerca de 300 guerrilleros y 45 militares.
La ubicación exacta de las columnas de las FARC que atacaban los municipios de Puerto Lleras y Puerto Rico, en Meta, "se logró con la ayuda de radares e inteligencia técnica y aviones de estados Unidos", aseguró la fuente.
Así mismo, según informaciones de Washington, entre 150 y 250 militares estadounidense participan en labores de instrucción, en la atención de seis estaciones de radar y en actividades de inteligencia técnica.
Washington también destinó un número indeterminado de aviones a Colombia, uno de los cuales desapareció el viernes con cinco militares estadounidenses y dos colombianos a bordo, cuando realizaba un vuelo "relacionado con la lucha antinarcóticos", según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Es cierto que los guerrilleros, como los paramilitares de derecha, aprovechan el narcotráfico "para obtener fondos para financiar su actividad", pero "no es conveniente" equiparar por esa razón a las organizaciones insurgentes con un cartel de la droga, advirtió el abogado Juan Charry
Según Charry, la decisión de Estados Unidos de fortalecer al Ejército colombiano puede ser consecuencia del "endurecimiento" de la comunidad internacional ante los guerrilleros, debido a la ambigua actitud de éstos ante el proceso de paz.
Las FARC, el principal grupo rabelde, aplazaron el 19 de julio la reanudación del diálogo con con el gobierno, tras oponerse a la designación de una comisión internacional para verificar el proceso de paz.
Mientras, el Ejército de Liberación Nacional, la segunda fuerza guerrillera, mentiene en su poder a más de cien rehenes, cuya liberación exige el gobierno como condición para iniciar conversaciones. (FIN/IPS/yf/ff/ip/99
