Al menos nueve personas muertas y cerca de 30 heridas dejó hoy la explosión de un coche bomba cerca de instalaciones militares de Medellín, que revivió en esa ciudad el fantasma del "narcoterrorismo" de los años 80.
Una fuente militar que pidió el anonimato no descartó que se tratase de una represalia de las Milicias Bolivarianas, grupos urbanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por la captura de cuatro de sus integrantes.
Las FARC, el principal grupo rebelde, aplazaron el 19 de julio la reanudación del diálogo con con el gobierno, tras oponerse a la designación de una comisión internacional para verificar el proceso de paz.
Para este viernes se preveía una nueva reunión entre representantes de las FARC y el gobierno para reanudar las conversaciones, pero el encuentro no se había confirmado cuando ocurrió el atentado.
El jefe de la Policía Metropolitana de Medellín, general Luis Rodríguez, dijo a la radioemisora Radionet que la explosión destruyó una veintena de vehículos y causó daños en seis casas y varios edificios del sector cercano a esta ciudad del noroeste colombiano.
El coche cargado con explosivos fue colocado por desconocidos frente a las instalaciones del Grupo Especial Antisecuestros (Gaula) del Ejército, al oeste de la ciudad, capital del departamento de Antioquia.
Medellín, segunda ciudad industrial colombiana, fue epicentro del cártel del narcotráfico del mismo nombre que dirigía el liquidado Pablo Escobar.
La policía dijo que aún se desconoce el origen y los autores del atentado, que causó pánico en los habitantes de la ciudad que revivieron la llamada época del "narcoterrotismo", de finales de la década del 80.
Entonces, los cabecillas del narcotráfico reclamados por las autoridades de Estados Unidos desataron una ola de ataques con coches bomba para presionar por la aprobación de una ley que prohibiera la extradición de ciudadanos colombianos.
Los ataques indiscriminados de la época del narcoterrorismo dejaron un saldo de más de 1.000 muertos, la mayoría en las ciudades de Medellín, Cali (oeste) y Bogotá.
Organismos de seguridad informaron también que otros dos coches bomba fueron desactivados en otros puntos de la ciudad.
El secretario de gobierno de Medellín, Ivan Palacio, condenó el ataque terrorista, que coincidió con la celebración de la Feria de las Flores, un certamen tradicional de la ciudad.
Palacio dijo que el ataque es un hecho aislado "que va contra la coumunidad" y descartó que la ciudad "esté regresando a esas épocas horribles que se vivieron con el narcoterrorismo".
Colombia es la mayor fuente de cocaína y creciente abastecedor de heroína en el mercado de Estados Unidos. Pero Washington no decide aún el rumbo que debe adoptar su política hacia ese país.
Estados Unidos apoyó las gestiones que el presidente Andrés Pastrana inició hace un año para entablar un proceso de paz con las FARC, el mayor grupo guerrillero del país y el más antiguo de América Latina.
La semana pasada, Clinton reiteró su apoyo a Pastrana. "Hasta que no se ponga fin a la discordia civil en Colombia, tendremos muchas más dificultades para limitar las actividades de los narcotraficantes allí", declaró.
Pero analistas políticos creen que la política de la paz resultó debilitada, sino anulada, por choques armados ocurridos en las últimas semanas, así como por la postergación del diálogo y los intercambios de acusaciones entre el gobierno y la guerrilla.
La batalla dentro del gobierno estadounidense está siendo ganada por funcionarios que reclaman una mayor ayuda militar para el Ejército colombiano, como el director de la Oficina Nacional de Políticas Antidrogas de la Presidencia, Barry McCaffrey, y otros en el Departamento (ministerio) de Defensa (Pentágono).
Los partidarios de la opción militar aún se enfrentan a sectores del Consejo Nacional de Seguridad y del Departamento de Estado (cancillería) que temen que la ayuda militar exacerbe la violencia y destruya la esperanza de las negociaciones de paz, sin reducir el narcotráfico.
"Un gran paquete de ayuda militar agregará combustible al fuego", dijo Winifred Tate, analista de la organización no gubernamental Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos. (FIN/IPS/yf/mj/ip/99
