Las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaron al gobierno de Colombia a anunciar en febrero la implementación del Programa de Protección a Lideres Sociales y Defensores de Derechos Humanos.
Pero cinco meses después del anuncio "a las ONG y a diversos gobiernos extranjeros", la promesa gubernamental se ha diluido "en un mar de evasivas e indecisiones que han impedido que tal protección se haga efectiva", dijo a IPS Gloria Florez, de Asociación Minga.
La defensa de los derechos humanos se hace cada día más difícil en Colombia por el hostigamiento de grupos armados irregulares y el incumplimiento del gobierno a los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional para la protección de sus activistas.
El último hecho tuvo lugar el 4 de mayo pasado, en la noroccidental ciudad de Medellín, con el asesinato de Hernán Henao, docente de la estatal Universidad de Antioquia, cometido por presuntos paramilitares de derecha.
Henao llevaba a cabo una investigación sobre los desplazados por la violencia, la incidencia social del Plan de Desarrollo de Antioquia y la situación de violencia de ese departamento, cuya capital es Medellín.
Otros seis activistas de ONG han sido asesinados en este año por grupos paramilitares, organizaciones guerrilleras o "autores sin identificar", según la expresión contenida en informes oficiales.
Entre las víctimas se encuentran Julio González y Everardo Puerta, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, asesinados también en Antioquia. Esta ONG cerró su sede por falta de garantías el 16 de febrero, pero tras las promesas de protección del gobierno reanudó actividades en Bogotá el día 16.
Más de medio centenar de ONG de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, España y Suiza, que condenaron los atentados contra González y Puerta, denunciaron que entre 1996 y 1998 fueron asesinados 29 defensores de derechos humanos en Colombia.
Otros 17 defensores de derechos humanos han tenido que pedir asilo este año en varios países de Europa para proteger sus vidas amenazadas por grupos armados irregulares, según ONG colombianas.
Pedro Santana, presidente de Viva la ciudadanía, dijo que promover la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y la defensa de los derechos fundamentales ha convertido a los activistas en objetivos militares.
Cuatro integrantes de Viva la Ciudadanía han sido secuestrados este año por grupos guerrilleros y fuerzas paramilitares.
Santana pidió a estos grupos armados irregulares que no sigan "secuestrando ni matando a los defensores de los derechos humanos" y planteen "un diálogo en cualquier escenario" para la "búsqueda de un país más igulitario".
En una carta enviada el día 16 al presidente Andrés Pastrana, 22 ONG sociales, sindicales, indígenas y defensoras de los derechos humanos denunciaron que "decisiones administrativas tomadas por el Ministerio del Interior condujeron a la parálisis del programa de protección".
El programa, para el que el gobierno anunció 4,4 millones de dólares, incluye el pago de escoltas, gastos de transporte y ayuda de emergencia para líderes sociales y defensores de los derechos humanos amenazados, así como equipos de vigilancia y comunicaciones, y adecuación material de unas 40 sedes de ONG.
Las ONG advirtieron al mandatario que el retraso o parálisis en las obligaciones del Estado para proteger la vida de las personas amenazadas puede constituir "falla del servicio", según sentencia judicial.
En la sentencia de la Corte Constitucional del 20 de octubre de 1998 se señala que la respuesta institucional en Colombia "ante la inhumana e injusta realidad que viven los defensores de los derechos humanos" se ha limitado a varias circulares que no se reflejan en una real protección. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
