Los documentos sobre Chile desclasificados por Estados Unidos no contienen grandes novedades, pero confirman que la dictadura del general Augusto Pinochet usó profusamente la desinformación para justificar su política de exterminio de la izquierda.
Un informe preliminar de la cancillería chilena destacó que para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense nunca existió el "Plan Z", principal argumento de Pinochet en favor del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.
El gobierno de Bill Clinton entregó a las autoridades chilenas copias de los 5.800 documentos de dependencias oficiales de Estados Unidos 48 horas antes de su desclasificación, realizada el miércoles.
Un equipo de 20 expertos de la cancillería hizo un análisis preliminar de las 20.000 páginas de informes correspondientes al período 1973-1978 y concluyó que uno de los antecedentes más valiosos es la visión de la CIA del "Plan Z".
Según trascendió este viernes, los expertos destacaron igualmente el papel de inspiradora y centro de la Operación Cóndor que cumplió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía represiva secreta del régimen dictatorial.
Tanto el carácter apócrifo del "Plan Z" como la coordinación represiva en el Cono Sur latinoamericano a través de la Operación Cóndor en los años 70 fueron denunciados oportunamente por organismos humanitarios.
Pero esta es la primera vez que se sabe de documentos en los cuales consta que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto del origen de las acciones con que la dictadura chilena consolidó su política represiva y violó sistemáticamente los derechos humanos.
El "Plan Z" fue difundido por el régimen de Pinochet en octubre de 1973, pocos días después del cruento derrocamiento del presidente Salvador Allende, con documentos, fotografías y análisis publicados en un "libro blanco" sobre el golpe de Estado.
El plan, según sostuvo la dictadura, fue preparado por el gobierno de Allende para lograr el control absoluto del poder, asesinando simultáneamente a mandos militares, líderes de la oposición y dignatarios de los poderes Legislativo y Judicial.
La versión dictatorial afirmaba que los asesinatos serían cometidos por fuerzas paramilitares de los partidos de la Unidad Popular, la coalición que gobernó con Allende, apoyados por unos 11.000 guerrilleros cubanos y de otros países latinoamericanos.
El "Plan Z" acusaba tanto a Cuba como a Corea del Norte de suministrar armamento e instrucción militar a la presunta fuerza guerrillera y fue también un antecedente para que los golpistas cerraran las embajadas de esos dos países en Santiago.
Con el argumento de la conspiración internacional, la dictadura persiguió a exiliados latinoamericanos que habían llegado a Chile durante el gobierno de Allende y fusiló a algunos de ellos, mientras la mayoría debieron asilarse en embajadas europeas.
Los papeles de la CIA desclasificados por el gobierno de Clinton no dejan lugar a dudas de que el "Plan Z" nunca existió y que fue un montaje de la dictadura para justificar desde su inicio los crímenes contra los derechos humanos.
Los documentos de inteligencia estadounidense están profusamente censurados, por razones de seguridad nacional, según se indicó en Washington. Hay palabras y párrafos tachados, que en general aluden a nombres y sumas de dinero,
No obstante, queda igualmente claro en ellos la coordinación que por iniciativa del entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, establecieron los cuerpos represivos de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Operación Cóndor, como se denominó a este acuerdo, incluyó igualmente en ocasiones la cooperación de las dictaduras que en los años 70 gobernaron en otros países sudamericanos, como Bolivia, Ecuador y Perú.
En el marco de esta coordinación también hubo montajes informativos para ocultar el asesinato de militantes de izquierda, como ocurrió con 119 chilenos desaparecidos en este país que luego aparecieron como víctimas de luchas guerrilleras internas en Argentina.
En el escenario de la guerra fría y de relaciones con las Fuerzas Armadas sudamericanas basadas en la doctrina de la seguridad nacional, Estados Unidos mantuvo en reserva los antecedentes sobre la alianza represiva de la Operación Cóndor.
La Casa Blanca conserva aún sin desclasificar documentos sobre Chile del período 1968-1973, es decir, anterior al golpe de Estado, y 1978-1990, correspondiente a los 12 últimos años de la dictadura de Pinochet.
Partidarios del ex dictador arrestado desde octubre de 1998 en Londres sostuvieron en Santiago que la desclasificación fue "sesgada", al no incluir la fase previa a 1973, con antecedentes que a su juicio legitimaron el golpe contra Allende.
El gobierno de Clinton reconoció el jueves que la liberación de los documentos responde a la presión creada por el juicio abierto en 1997 en España contra Pinochet, que dio origen a la detención del ex dictador en Londres.
Esto confirma la existencia de una "conspiración" contra Pinochet, a la cual se suma Estados Unidos, según entienden el almirante en retiro y senador designado Jorge Martínez Busch y los generales, también retirados, Rafael Villarroel y Luis Cortés Villa.
En rigor, los papeles estadounidenses no influirán en el juicio de extradición de Pinochet a España, que comenzará en septiembre en Londres, ya que el anciano general es imputable sólo por delitos de tortura cometidos a partir de diciembre de 1988.
La derecha y los militares chilenos seguidores del ex dictador evalúan sin embargo que la desclasificación ordenada por Clinton es un nuevo golpe a la ya deteriorada imagen internacional de Pinochet, y de ahí sus reclamos. (FIN/IPS/ggr/ip hd/99
