Activistas de Estados Unidos consideraron insuficiente la desclasificación de 5.300 documentos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1978 por la dictadura de Agusto Pinochet en Chile.
La medida fue ordenada por el presidente Bill Clinton tras la detención en Gran Bretaña de Pinochet, actual senador vitalicio chileno.
Organizaciones de derechos humanos alogiaron la desclasificación del miércoles, pero señalaron que no incluye documentos clave de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ni del Pentágono (ministerio de Defensa), cuya existencia había sido revelada en el Congreso de este país.
"Apreciamos la liberación de los documentos, pero no es suficiente", dijo Carlos Salinas, analista de Amnistía Internacional.
De los documentos desclasificados 490 proceden de los archivos de la CIA y sólo 60 del Pentágono.
Pero el hecho confirma por primera vez que el Departamento de Justicia está investigando la posible participación de Pinochet en los asesinatos del ex canciller chileno Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Moffitt perpetrados en Washington en 1976.
El gobierno informó que el Departamento de Estado retuvo "una cantidad limitada de documentos" relacionados con una "investigación en curso del Departamento de Justicia de los asesinatos" de Letelier y Moffitt.
Ambos murieron cuando una bomba estalló en su automóvil a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca. La investigación y el juicio posterior concluyeron que la DINA, la policía secreta de Pinochet, había ordenado sus muertes.
Activistas de derechos humanos exhortaron al gobierno a reabrir el caso para que determine si Pinochet debe ser extraditado y procesado por su responsabilidad. Pero hasta ahora el Departamento de Justicia sólo declaró que está revisando el asunto.
Clinton ordenó la liberación de los documentos referidos a la dictadura de Pinochet en diciembre, cuando el ministro del Interior británico Jack Straw autorizó el proceso de extradición del senador vitalicio chileno a solicitud del juez español Baltazar Garzón.
Garzón investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras latinoamericanas en los años 70, y pretende procesar a Pinochet.
La Casa Blanca agregó que otros documentos del lapso entre 1973 y 1978, los más represivos de la dictadura, serán liberados en los próximos meses, junto con información del período entre 1968 y 1973.
Ya se sabe mucho de este último quinquenio, que fue objeto de investigaciones legislativas en Washington a mediado de los años 70.
En esos cinco años, la CIA estuvo especialmente activa. Primero, al intentar impedir la elección de Salvador Allende como presidente de Chile, y luego al desestabilizar a su gobierno de izquierda entre 1970 y el golpe militar que llevó a Pinochet al poder el 11 de septiembre de 1973.
Pero no abundan los detalles sobre la responsabilidad que tuvieron la CIA y el Pentágono en el golpe de Estado y en la posterior ayuda que dieron a la dictadura.
Historiadores y activistas esperan que los documentos que aún no se liberaron arrojen nueva luz sobre el papel secreto de Washington.
La gran mayoría de los documentos liberados el miércoles proceden del Departamento de Estado, y se mantuvieron ocultos por su información sobre las operaciones secretas que Estados Unidos realizó contra Allende en el período previo al golpe.
De hecho, el embajador estadounidense ante Chile en esa época asegura que jamás se le informó sobre los intentos de desestabilización de la CIA hasta después del golpe.
Los documentos de la CIA liberados esta semana consisten principalmente en análisis y telegramas sobre acontecimientos y entrevistas importantes con altos funcionarios.
Confirman lo que ya se sabía: que la CIA sabía de los abusos cometidos por la dictadura. "Se planea una severa represión", señalaba un cablegrama enviado 10 días después del golpe.
"La línea entre quienes murieron durante ataques contra las fuerzas de seguridad y aquellos capturados y ejecutados inmediatamente se torna cada vez más imprecisa", señaló otro informe un mes después.
"Ninguno de los documentos refieren a la presencia operativa de la CIA en Chile (entre 1973 y 1978), que como sabemos por las investigaciones legislativas, incluyeron el apoyo logístico y de inteligencia y asesoría y equipos técnicos", dijo Peter Kornbluh, experto sobre Chile de la entidad privada National Security Archives.
"La CIA tiene la mayor cantidad de información para ofrecer, pero también la mayor cantidad para ocultar. La gran interrogante es si se puede conseguir", agregó.
Pero para Kornbluh, el hecho de que el gobierno haya retenido documentos sobre los asesinatos de Letelier y Moffitt es la "primera evidencia concreta de una investigación seria" contra Pinochet.
Sam Buffone, el abogado de las familias de los asesinados, comparte esa opinión.
Según Buffone, el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos, Harold Koh, dijo en una carta enviada esta semana a Isabel Letelier, la viuda de Orlando, que la liberación de los documentos "iría en contra de la investigación y el caso penal en curso en conexión" con las muertes.
Buffone aseguró que el Departamento de Justicia había revisado cada documento antes de su liberación este miércoles para confirmar su relevancia en relación con el caso de Letelier y Moffitt.
"Es realmente notable. Sugiere que están investigando a alguien, y sólo se me ocurre que se trata de Pinochet", comentó.
En junio, el Departamento de Justicia envió a dos de sus abogados a España para reunirse con Garzón como parte de la promesa de Clinton de cooperar con las gestiones para extraditar a Pinochet a territorio español.
Así mismo, el Departamento de Justicia aceptó arreglar una entrevista entre Garzón y Michael Townley, el principal agente de la DINA en los dos asesinatos, aseguró una fuente.
Después de cumplir su pena en la cárcel, Townley fue liberado con una nueva identidad para su propia protección, y sólo el Departamento de Justicia sabe dónde hallarlo. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/aq/hd-ip/99
