El acuerdo para crear el Tribunal Caribeño de Justicia no se ratificará hasta que los estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) planteen el tema ante sus parlamentos, dijeron fuentes presentes en la vigésima cumbre del bloque que se celebra en Trinidad y Tobago.
El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, confirmó esa opinión al decirle a la prensa que, en el caso de su país, no habrá ratificación hasta que el asunto sea debatido por los 81 legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado.
El parlamento jamaiquino seguramente terminará por apoyar la propuesta, que cuenta con el respaldo asegurado de los 50 legisladores del gobernante Partido Nacional del Pueblo, en un total de 60 bancas.
Pero la demora será molesta para países como Guyana y Trinidad y Tobago, que expresaron su urgencia en el asunto.
El partido de gobierno de Trinidad y Tobago, el Congreso Nacional por la Unidad, tiene una mayoría de 20 legisladores en el parlamento de 36 bancas, pero esto incluye el respaldo de dos representantes del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM) y de uno de la Alianza Nacional para la Reconstrucción.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday, dijo que el PNM le aseguró su apoyo cuando el asunto sea discutido en el parlamento, donde requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación.
Como la mayoría de los países del Caribe, Trinidad y Tobago deberá modificar su constitución para darle al Tribunal Caribeño de Justicia las facultades que actualmente tiene el Consejo Privado del Reino.
El Consejo Privado del Reino, con sede en Londres, es el máximo tribunal de apelaciones para la mayoría de los países de la Comunidad Británica.
Pero el primer ministro de Barbados, Owen Arthur, destacó que el papel del tribunal será multifacético y que habría sido mucho más fácil crear una corte cuya competencia se limitara a aplicar los tratados de Caricom en lugar de un tribunal con facultades más amplias que abarcan, por ejemplo, a la justicia penal.
Los "asuntos que tengan que ver con su función de tribunal de apelaciones exigirán cambios constitucionales", explicó.
Panday dijo que espera que los estados más grandes tomen la delantera en el asunto y que Guyana (que no se rige por el Consejo Privado del Reino), Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago sean los primeros en firmar el protocolo del Tribunal.
El Comité de Asuntos Jurídicos de Caricom se reunió en Trinidad y Tobajo en enero e informó que existía el consenso para crear el tribunal que reemplazará en la región al Consejo Privado del Reino.
El Comité también estudió las consecuencias que causaría facultar al Tribunal con la competencia sobre la interpretación y la aplicación del Tratado de Chaguaramas que creó al Caricom.
El primer ministro de Granada, Keith Mitchell, calificó de "seria necesidad" la creación del tribunal.
Mitchell tiene una mayoría absoluta en el parlamento tras las elecciones del 18 de junio y no tendrá problemas para aceptar el tribunal como su máxima corte de apelaciones.
Pero este no es el caso de San Vicente y Granadinas, cuyo gobernante Partido Nuevo Democrático tiene ocho legisladores en el parlamento de 15 miembros.
En Jamaica y Trinidad y Tobago se discute que el interés por crear el tribunal está demasiado ligado a la reactivación de la pena de muerte en esos países.
En junio, Trinidad y Tobago ejecutó por colgamiento a nueve procesados por asesinato, y Jamaica ya señaló que tiene intención de seguir su ejemplo.
Otros gobernantes en Santa Lucía y Belice expresaon su preocupación por la demora en aplicar la pena de muerte en sus países.
El primer ministro de Belice, Said Musa, dijo en Puerto España que en 10 años su país no pudo llevar a la horca a un solo condenado a muerte debido a las apelaciones ante el Consejo Privado del Reino.
Trinidad y Tobago se ofreció como sede del Tribunal propuesto y se están decidiendo los arreglos presupuestales.
Un consultor jurídico de Caricom, Duke Pollard, dijo a IPS que el tribunal no podrá funcionar antes de dos años. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/aq/ip/99
