La indocumentación constituye en Brasil un factor de exclusión social que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) trata de superar, diseminando oficinas de asistencia jurídica en comunidades muy pobres.
En el estado de Amapá, en el extremo norte del país, 63 por ciento de la población carece de documentos básicos, dijo a modo de ejemplo la coordinadora del PNDH, Patricia Audi.
Las autoridades estiman que por lo menos cinco millones de brasileños no tienen ni registro de nacimiento, no existen legalmente. Muchas muertes tampoco son formalizadas por omisión o por el costo del certificado de defunción.
Una ley obliga desde 1997 a que los certificados se entreguen gratuitamente, pero muchas veces no se cumple ya que no se establecieron puniciones. La Cámara de Diputados ya aprobó otro proyecto imponiendo sanciones, aún pendiente del Senado.
Los parlamentarios se basan en una cifra estimada de 50 millones de personas sin documentos de nacimiento, de identidad, trabajo, inscripción fiscal o del obituario de familiares.
La Secretaria Nacional de Derechos Humanos estimula legislaciones a la vez que impulsa soluciones prácticas, vía los llamados "mostradores de derechos", oficinas que facilitan documentos personales y prestan orientación legal a poblaciones pobres, explicó Audi.
El proyecto cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se ejecuta a través de convenios con las más variadas instituciones, gubernamentales o de la sociedad civil.
La Secretaría de Justicia del estado nordestino de Pernambuco fue la encargada de poner en marcha los mostradores de derecho, que ya atendieron a 45.000 personas. En Paraná, en el sur, también el gobierno estadual asumió la tarea y proporcionó documentación a unos 13.000 ciudadanos.
En cambio, en otros estados fue el Poder Judicial el que se encarga de llevar adelante los trabajos, mientras en el sureño estado de Río Grande del Sur el ejecutor es una universidad, que movilizó a sus estudiantes de Derecho para hacer encuestas, asistencia jurídica y entrenamiento de líderes comunitarios.
El proyecto alcanzó incluso el interior profundo de la Amazonia, vía asociación con una organización no gubernamental ambientalista, el Grupo de Trabajo Amazónico, que ya entregó documentación a 2.000 pobladores, destacó Audi.
Un mostrador de derechos se instaló en un área boscosa de protección ambiental y hubo necesidad de ofrecer hospedaje y alimentación a los que se desplazaron desde lejos para obtener sus documentos.
En total, 70.000 personas fueron documentadas el año pasado por el proyecto, de cuya ejecución Audi es una de las responsables como coordinadora del PNDH.
En Río de Janeiro operan 14 mostradores de derechos instalados por la organización no gubernamental Viva Río, la mayoría en "favelas", barrios marginados y con gran concentración de población de la ciudad.
Los mostradores comenzaron a actuar en 1997, atendiendo inicialmente la demanda por documentos, pero luego pasaron a la asistencia jurídica y solución de pequeñas causas, buscando siempre la conciliación, informó el coordinador local del proyecto, Pedro Strozemberg, abogado de 26 años.
La atención alcanza a cerca de 6.000 personas al año.
Cuestiones de familia, laborales, previsión social y problemas de vecindad son las demandas más frecuentes. Nueve abogados coordinan 18 pasantes remunerados y 26 voluntarios, todos estudiantes de Derecho o ya graduados, en el trabajo de orientar y encaminar las personas a las instancias judiciales debidas.
Pero ellos tratan también de resolver conflictos internos de la comunidad.
Strozemberg contó el caso de un adulterio, en que el marido engañado aceptaba dejar la casa para la mujer e hijos, pero exigía algún "desagravio a su orgullo herido". El acuerdo salvador impuso a la mujer no recibir el amante en la casa en los primeros seis meses.
"Eso salió del derecho, pero atendió al aspecto emocional", evitando posibles violencias, observó Strozemberg.
Lo que se busca es combinar las leyes con la idiosincrasia de la población, "integrar el lenguaje jurídico a la cultura local, balancear la justicia formal y la aplicada por la comunidad", explicó el experto.
Para eso, el proyecto en Río de Janeiro tiene contratados cinco agentes comunitarios, elegidos entre los pobladores, y la ayuda voluntaria de un grupo de 50 líderes de las comunidades. Cursos, entrenamiento y seminarios hacen parte de las actividades de todos.
El objetivo es prestar servicios, pero también generar mayor conciencia de los derechos y deberes, es decir ciudadanía, señaló Adriana Botafogo, responsable del mostrador del Pereirao, una pequeña favela de 300 familias.
La oficina funciona los martes y jueves en un salón cedido por la Iglesia Presbiteriana Luz del Mundo.
Algunas de las dificultades con que se ha encontrado el proyecto es la escasez de recursos para instalar nuevas oficinas y eventuales interferencias de narcotraficantes. "Ya tuvimos que cerrar un núcleo en una favela" por presión del narcotráfico, lamentó Strozemberg.
Actuar en asociaciones, presentar perspectivas de autosustentabilidad y experiencias multiplicables son criterios aplicados por el PNUD para apoyar iniciativas de ese tipo, señaló María Celina Arraes, funcionaria que acompaña el proyecto.
El proyecto en Río de Janeiro ya se "graduó" como autosostenible y dejó de recibir ayuda de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, que la mantiene para Río Grande del Sur, por ejemplo. Capacitación y consultorías son las actividades prioritarias de esa cooperación.
El PNUD apoya el conjunto del PNDH y es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos la responsable de proponer los proyectos específicos que merecen un aporte, como ocurre con la protección de testigos, además de los mostradores de derechos, destacó Arraes. (FIN/IPS/jap-mo/dm/dv hd/99
