La empresa Ford logró finalmente la autorización para construir una nueva fábrica de automóviles en Brasil, en el estado de Bahia, pero la crisis política y económica surgida en marzo aún está lejos del final.
El presidente Fernando Henrique Cardoso redujo a 100 millones de dólares el valor anual de las exoneraciones fiscales concedidas a la empresa estadounidense.
Antes, Ford había recibido beneficios de 250 millones de dólares para instalarse en el estado de Río Grande del Sur y estuvo a punto de obtener facilidades aún mayores, de hasta 388 millones de dólares, según un proyecto de ley aprobado el 29 de junio por el parlamento, pero modificado luego por Cardoso.
La decisión del mandatario, en lugar de poner punto final al llamado "escándalo Ford", avivó la polémica porque en el intento de corregir un error grave acabó por llamar la atención de la opinión pública sobre una serie de puntos oscuros en la relación entre la empresa automotriz y el gobierno brasileño.
El nuevo gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), anunció en marzo que era imposible mantener los beneficios concedidos a Ford por su antecesor, porque el presupuesto del estado era insuficiente para pagar los sueldos en salud, educación y seguridad pública.
La empresa suspendió la construcción de la planta de Guaiba y acusó a Dutra de poner obstáculos al capital extranjero. El gobernador también fue criticado por Cardoso, quien lo calificó de "nacionalista retrógrado".
"La danza de números sobre los beneficios a la Ford desnudaron la irresponsabilidad del gobierno y de los políticos oficialistas en el trato con empresas transnacionales", acusó el senador Eduardo Suplicy, del PT.
Al comentar los cortes decididos por Cardoso, directivos de Ford aseguraron que no afectaban sus planes de construir una planta capaz de producir 250.000 vehículos al año, en el distrito industrial de Camaçari, en Bahia.
La declaración causó estupor porque la empresa se conformó ahora con 100 millones de dólares al año hasta el 2010, cuando antes había roto un acuerdo más favorable con Río Grande del Sur.
Los senadores brasileños quedaron, por su parte, muy mal parados en el episodio, porque autorizaron beneficios casi cuatro veces mayores a lo que la empresa acabó por aceptar.
Según cálculos de expertos en impuestos y consultores financieros entrevistados por el diario Folha de Sao Paulo, la suma global de todos los beneficios autorizados a Ford en Bahia pueden llegar a cerca de 2.000 millones de dólares.
Entre los beneficios se cuentan la donación del terreno, obras de infraestructura y exoneración de impuestos municipales por 20 años.
La polémica entre políticos y economistas sobre el caso Ford aún continuaba en los titulares de la prensa, cuando el gobierno ingresó en la linea de fuego de los sindicatos, que hasta ahora mantenían silencio sobre el episodio.
En la misma semana en que el gobierno brasileño autorizó incentivos a una de las 10 empresas más ricas de mundo, Cardoso anunció nuevas reducciones en los sueldos de empleados públicos, mientras circularon versiones de que Ford cerraría una de sus plantas en Sao Paulo, dejando sin empleo a 1.700 personas.
La empresa negó el cierre de la fábrica de camiones de Ipiranga, pero admitió que estudia transferirla a otro lugar.
La explicación no tranquilizó a Fuerza Sindical, una central de tendencia conservadora que decretó el estado de movilización entre sus casi 100.000 afiliados en el sector metalúrgico.
Este mes debe abrirse un nuevo capítulo en el "escándalo de Ford". El escenario ahora serán los tribunales, donde el estado de Río Grande del Sur exigirá a la transnacional la restitución de los anticipos de recursos financieros concedidos desde marzo del año pasado.
Ford reaccionó asegurando que no devolverá los casi 35 millones de dólares recibidos como préstamo del gobierno de Río Grande del Sur y anunció que demandará a ese estado por incumplimiento del contrato de construcción de la planta de Guaiba. (FIN/IPS/cc/ag/if/99
