CARACAS – El nuevo código del proceso penal de Venezuela, concebido como herramienta para agilizar la justicia y humanizar las cárceles, demuestra poco después de su estreno que puede ser un arma de doble filo si se aplica sin recursos suficientes.
El aumento de la inseguridad pública, la semiparalización de los tribunales, informes sobre liberación de delincuentes y lluvias de críticas matizan la aplicación del código, que entró en vigencia este mes.
Al mismo tiempo, los promotores del código atribuyen la culpa a deficiencias en su aplicación, como "grandes problemas por falta de coordinación y administración", dijo el ministro del Interior y Justicia, Ignacio Arcaya.
El código establece que la libertad es la regla y la detención la excepción, y aporta como novedades los juicios orales, los acusadores y defensores públicos, la participación ciudadana y la agilización de procesos con plazos estrictos.
La promesa de democratización de la justicia no es poca cosa para un país en que las cárceles albergan a 10.427 sentenciados y a 13.500 procesados que esperan impacientemente una definición, según informes oficiales. —-
