MANILA – Los reclamos para revocar la ley que restauró en 1994 la pena de muerte en Filipinas ganan terreno, pocos días después de que el Estado ejecutara a su quinto condenado a muerte.
La Corte Suprema suspendió la semana pasada la ejecución de dos condenados, uno de los cuales fue considerado minusválido mental e incapaz de comprender los cargos en su contra.
Es hora de que el parlamento considere "el riesgo de supremos errores humanos y ejecuciones equivocadas" en el castigo, dijo Theodore Te, del grupo Asistencia Legal Gratuita, abogado del primer convicto muerto en febrero por la ley vigente desde 1994.
Los condenados "no son cobayos que deben ser sacrificados para probar la hipótesis que la condena a muerte es una disuasión eficaz contra el crimen", arguyó el legislador Hernani Braganza, quien gestiona la revisión de la pena capital.
Sin embargo, para los partidarios de este castigo, la revisión de los casos de pena capital por la Corte Suprema es una prueba conclusiva de que la ley se aplica con las garantías suficientes. —-
