El nuevo código del proceso penal de Venezuela, anunciado como una herramienta para agilizar la justicia y humanizar las cárceles, demuestra poco después de su estreno que puede ser un arma de doble filo si se aplica sin recursos suficientes.
El aumento de la inseguridad pública, destacado por la prensa con grandes títulos, la semiparalización de los tribunales, informes sobre liberación de delincuentes y lluvias de críticas matizan la aplicación del código, que entró en vigencia el 1 de este mes.
Pero al mismo tiempo, los promotores de la reforma advierten que la culpa no es del Código Orgánico de Procesamiento Penal (COPP), sino de deficiencias en su aplicación.
"Tenemos grandes problemas en la aplicación del COPP por falta de coordinación y administración", dijo el ministro del Interior y Justicia, Ignacio Arcaya, al referirse a los problemas de esta etapa de transición.
La situación podría empezar a cambiar tras la instalación del Consejo de la Judicatura, encargado de nombrar los nuevos jueces, que se había demorado por diferencias políticas en el parlamento, poniendo en jaque la aplicación del código.
El COPP establece que la libertad es la regla y la detención la excepción, y aporta como novedades los juicios orales, los acusadores y defensores públicos, la participación ciudadana y la agilización de procesos con plazos muy estrictos para la actuación de los magistrados.
La promesa de democratización de la justicia no es poca cosa para un país en que, según las últimas estadísticas citadas por el viceministro de Justicia, Vassily Flores, las cárceles albergan a 10.427 sentenciados y a 13.500 procesados que esperan impacientemente una definición.
La entrada en vigencia del COPP provocó solicitudes para la libertad de procesados. Unos 6.000 detenidos podrían aspirar a abandonar las cárceles, entre ellos algunos peligrosos delincuentes aún no sentenciados, indicaron analistas.
El coordinador del Plan Nacional de Seguridad, Francisco Belisario Landis, pidió que no se otorgue la excarcelación a los delincuentes peligrosos y anunció acciones "sin contemplación alguna" para los liberados por el COPP que reincidan.
Las policías también han registrado el impacto del COPP que, de acuerdo con sus jefes, los obliga a limitar las detenciones en los casos de flagrante delito y dificulta la retención de sospechosos.
"Esta es la oportunidad para demostrar que los organismos de seguridad deben ser más acuciosos, eficientes y técnicos", comentó Landis. Sin embargo, confirmó que tras la aparición del COPP hay señales de incremento de los delitos.
La cantidad de delitos disminuyó 12 por ciento entre mayo y junio en Venezuela, un país con graves problemas de inseguridad pública. En junio se registraron 14.123 hechos hechos delictivos, de los cuales 332 fueron homicidios.
Algunos especialistas en derecho penal advirtieron que hay errores de interpretación por parte de la policía, pues el nuevo código contempla efectivamente mecanismos de retención preventiva de sospechosos.
Pero para poner en práctica esos mecanismos específicos es necesario contar con el concurso de un juez de control, que toma decisiones. Y el nombramiento de magistrados estaba paralizado por el retraso en la instalación del Consejo de la Judicatura.
"Los organismos involucrados en este nuevo proceso estamos interesados en que todo marche bien, pero desde luego que existe insuficiencia de recursos y de personal", comentó la fiscal superior de Caracas, Ana María Padilla.
El nuevo código crea la figura del fiscal público como acusador e investigador y eso ha generado la necesidad de adecuarse a un trabajo que se realiza sin parar durante 24 horas, en coordinación con policías que estaban habituadas a operar por su cuenta.
Padilla advirtió que la delincuencia no disminuirá con el COPP, porque depende de otros factores, pero consideró que "la administración de justicia va a ser más rápida y eficiente".
Mientras los tribunales se adecuan al nuevo marco legal, los reporteros policiales informan que la sensación de impunidad se abre paso entre los delincuentes y que hay civiles dispuestos a tomar la justicia en sus manos si el COPP no se hace operativo.
También se habla de morgues colapsadas tras los violentos fines de semana, pues el código requiere exámenes mucho más acuciosos, que los funcionarios del área forense no están en condiciones de cumplir por falta de recursos.
Y en el futuro próximo, tal vez antes de fin de mes, se materializará otro desafío: los primeros juicios orales. (FIN/IPS/lc/ff/hd/99
