La posible inocencia de uno de los hombres ejecutados a principios de junio en Trinidad y Tobago es tema de discusión en todo el país desde que apareció una grabación con declaraciones a su favor del principal testigo del caso.
El Estado ejecutó en tres días, a partir del 4 de junio, al narcotraficante Dole Chadee y a ocho miembros de su banda, condenados por el asesinato de cuatro miembros de una familia en la localidad rural de Williamsville, en el centro de Trinidad, en 1994.
Los nueve hombres fueron colgados a pesar de numerosos pedidos de clemencia presentados por organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, incluso de Amnistía Internacional.
Ahora se dio a conocer una casete que contiene las declaraciones del principal testigo del caso que asegura que Russell Sankerali, uno de los ejecutados, no sabía nada de los asesinatos. Si así fuera, el Estado habría ejecutado a un inocente.
Pero el Director de la Fiscalía, Mark Mohammed, que participó del juicio desde el comienzo, insiste en que los nueve hombres ejecutados tuvieron un juicio justo.
"La Dirección de la Fiscalía, involucrada en la condena de Chadee y sus socios, se siente satisfecha porque no había nada en la casete que contradijera las acusaciones del Estado contra estos hombres", declaró.
Sin embargo, el abogado defensor Nizam Mohammed señaló que la nueva prueba sugiere que su cliente fue a la horca aunque podría haber sido inocente.
"El jurado no escuchó esta prueba", dijo Mohammed en referencia a la casete y a una declaración hecha por el testigo asesinado Clint Huggins según la cual Sankerali "no tomó parte en nada de eso".
Huggins, que estuvo bajo custodia mientras lo interrogaba el entonces Jefe del Estado Mayor, comandante general Ralph Brown, fue asesinado hace tres años.
Brown declaró a la prensa que decidió presentar la casete al presidente, Arthur Robinson, el mismo día en que el Estado reanudó las ejecuciones.
También dijo recordar algo "que Huggins había dicho en la entrevista" y comentó que había leído la declaración jurada que el convicto había entregado a su abogado.
"Volví a escuchar la grabación y oí que Huggins decía que Sankerali y el otro conductor no habían ido a Williamsville cuando ocurrieron los asesinatos", declaró el jefe militar retirado.
"A esa altura ya había tres ahorcados, lo cual me hizo sentir muy mal", agregó.
Brown se reunió con el presidente Robinson, que "no pudo escuchar la grabación" pero que coordinó una reunión entre el general y el Fiscal General, Ramesh Lawrence Maharaj.
"La grabación, presuntamente un interrogatorio del comandante general Brown a Clint Huggins" fue recibida por el Fiscal General, que fijó una reunión para revisar la prueba más tarde, declaró el Director de la Fiscalía a la prensa.
Mohammed detalló que los participantes de la reunión fueron, además de él mismo, el Fiscal General, el ministro de Seguridad Nacional, Joseph Theodore, y el primer ministro, Basdeo Panday.
"La grabación a la cual nos referimos fue escuchada íntegramente y los fragmentos en cuestión se pasaron varias veces", relató.
"En esa reunión se decidió formalmente que la grabación no presentaba ningún dato novedoso que justificara suspender la ejecución de Sankerali", agregó.
Mohammed dijo que la grabación apoyaba la posición del Estado "según la cual no participaron físicamente en el asesinato conjunto, pero sabían que existía el plan criminal".
"Según la ley criminal de Trinidad y Tobago y de Gran Bretaña, se los considera participantes secundarios o cómplices de asesinato", agregó.
Pero el abogado defensor Nizam Mohammed sostuvo que el Estado, al rechazar la posibilidad de que se presentaran nuevas pruebas ante los tribunales, "usurpó" los poderes del jurado.
"El jurado no pudo escuchar esa prueba. El Estado sabía que los abogados defensores intentaban encontrar cualquier medio para detener las ejecuciones" mientras ya se estaban llevando a cabo, insistió Nizam Mohammed.
Los abogados escribieron una carta al Estado en dos ocasiones en su intento por obtener todas las declaraciones de Huggins, y agregaron: "La grabación es una prueba esencial y habría servido para presentar otro punto de vista al jurado, lo cual habría sido una oportunidad" para Sankerali, comentó Nizam Mohammed.
El activista por los derechos humanos Ishmael Samad, que junto con la familia de Sankerali instó a las autoridades a que se permitiera un nuevo juicio, afirmó que la nueva prueba muestra "que el gobierno actual no es confiable".
La nueva prueba y la posibilidad de que Sankerali haya sido una víctima inocente es algo "atroz", comentó Samad.
La Asociación de Abogados Criminalistas de Trinidad y Tobago sostuvo que a Sankerali le habían negado su derecho a tener un juicio justo, y que el procedimiento no había sido el debido, puesto que la nueva evidencia no fue presentada ante el tribunal.
Ahora se discute el grado de responsabilidad que tuvo el primer ministro Panday en la ejecución del posible inocente, ya que Brown se dirigió a él con la grabación. (FIN/IPS/tra-en/pr/wg/ceb/aq/hd/99
