El presidente de Perú, Alberto Fujimori, es acusado de avivar el presunto riesgo de rebrote terrorista para justificar la represión contra los adversarios de su reelección para un tercer periodo consecutivo.
El repunte de Fujimori en las encuestas se debe al impacto de las versiones oficiales sobre el presunto rebrote del terrorismo y anticipan que podría basar su campaña reeleccionista en su éxito para aplastar a la guerrilla en 1994, según los analistas Héctor Bejar, Carlos Tapia y Eduardo Toche.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron que una columna de unos 100 militantes de la organización guerrillera Sendero Luminoso atacaron ocho centros poblados en la selva central en los últimos 90 días, entrando en combate con la policía y el ejército.
Los analistas mencionados consideran que su difusión oficial forma parte de un operativo propagandístico de intimidación, desarrollado por el gobierno para favorecer las posibilidades electorales de Fujimori.
Tapia, de Ceprodep, una organización no gubernamental (ONG) humanitaria, dijo que "desde hace tiempo se sabe que hay tres zonas de la selva peruana en donde subsisten grupos (guerrilleros) pequeños, que en los últimos cinco años han provocado un promedio anual de 150 muertes".
"Esos grupos parecen estar haciendo una ofensiva para hacer notar que no están extinguidas las fuerzas senderistas, como afirmaba el gobierno, pero no constituyen todavía una amenaza de gran magnitud como trata de hacer creer el gobierno", afirmó.
Bejar, directivo de Cedep, una ONG especializada en estudios sociales, consideró "sintomático que se difundan acciones de Sendero Luminoso cada vez que el gobierno quiere incrementar su popularidad".
"La población tiende a buscar refugio en regímenes autoritarios y en los militares cuando se siente amenazada por el terrorismo", añadió.
Toche, un sociólogo independiente, dijo que "la gran difusión de los recientes ataques de Sendero y las versiones de Fujimori en Río de Janeiro de que iba a ser objeto de un atentado (…) forman parte de un operativo propagandístico para justificar su posición frente a los organismos internacionales".
En Río de Janeiro, "Fujimori anticipó que no acatará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló la sentencia contra cuatro terroristas chilenos en Perú", recordó.
La Corte exigió al gobierno que indemnice a condenados por terrorismo con pruebas insuficientes, anule el juicio por el que un tribunal militar condenó a cadena perpetua a cuatro ciudadanos chileno integrantes de un grupo guerrillero y reponga a los miembros del Tribunal Constitucional opuestos a su reelección.
El tema de los derechos humanos y las medidas de emergencia a adoptar frente al presunto rebrote del terrorismo comienzan a ocupar el espacio político en Perú y podrían convertirse en argumentos centrales en el debate preelectoral, ante los comicios generales del año 2000.
Las denuncias de las violaciones de los derechos humanos cometidos, o tolerados, por el gobierno de Fujimori son esgrimidas por los opositores a su reelección.
Pero esta confrontación no se realiza sólo ante la opinión pública peruana, sino también ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha acogido las denuncias de los opositores a Fujimori.
A su vez, el mandatario peruano sostiene que las medidas de emergencia adoptadas, como el juzgamiento de civiles acusados de terrorismo por tribunales militares, fueron "alteraciones necesarias" en el sistema jurídico ante la magnitud alcanzada por la guerrilla.
Fujimori habría intentado aprovechar su actual presencia en Washington para exponer al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, sus razones para no acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero según versiones que circulan en medios diplomáticos en Lima, funcionarios de la oficina de Protocolo de la OEA indicaron que Gaviria "no había sido informado oportunamente de la visita".
Fujimori confirmó este jueves en rueda de prensa en Nueva York que no integraría la delegación que se entrevistaría con el secretario general de la OEA, y que había designado a uno de sus ministros para que exponga los fundamentos jurídicos y políticos del rechazo del fallo de la Corte Interamericana. (FIN/IPS/al/ag/hd-ip/99
