Organizaciones de derechos humanos de México y el extranjero lanzan denuncias de torturas y ejecuciones contra el gobierno que son incluso recogidas por la ONU, pero las autoridades replican que se trata de "leyendas".
Como si se tratara de dos países diferentes, activistas y algunos observadores sostienen que la situación en materia de derechos humanos es hoy alarmante, pero para el gobierno de Ernesto Zedillo, cuya gestión de seis años termina a fines del 2000, está muy lejos de ser crítica.
"Obviamente estamos preocupados por México", confesó la relatora de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir, quien terminó el viernes una visita de 11 días en la que recibió múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Jahangir advirtió que prepará un informe, le "guste o no" al gobierno, y criticó la militarización en el estado de Chiapas, en el sur, donde opera el guerrillero Ejército Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN).
La funcionaria se manifestó impresionada por los testimonios que recibió, y se quejó porque algunas autoridades parecerían, dijo, no querer llegar al fondo en las investigaciones por los casi 200 asesinatos de mujeres registrados desde 1996 en el estado de Chihuhua, en el norte.
Según la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno, la visita de Jahangir pretendía ponerle "a salvo" de las "leyendas" sobre violaciones de derechos humamos en este país.
En su visita, Jahangir se reunió con el representantes del gobierno, activistas y familiares y amigos de víctimas de matanzas.
Entre estos crímenes figuran los asesinatos de 17 campesinos en el estado de Guerrero en 1995 y la de otros 45 en Chiapas en 1997, cometidos con complicidad de autoridades, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Diódoro Carrasco, negó que la vista de la relatora obedezca a que en México exista una situación grave en materia de derechos humanos. "No tenemos absolutamente nada que ocultar" y "ella fue invitada por el gobierno", declaró.
El arribo de Jahangir siguió al de otros relatores de la ONU, uno sobre tortura y otro sobre problemas de la infancia, que visitaron México en 1997 animados por decenas de denuncias.
Antes de fin de año, visitarán México los relatores de la ONU en materia de derechos humanos e independencia del Poder Judicial, indicó Jahangir.
"Estoy segura que habrá seguimiento (a los problemas de derechos humanos), o sea, creo que la presión va a continuar", expresó.
Cada año, desde 1995, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Wacht y hasta el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos emitieron duros informes sobre la vigencia de los derechos humanos en México.
El gobierno respondió a varios de los informes señalando que las acusaciones se originaban de informaciones parciales y en algunos casos falsas y que había un afán por atacar a las autoridades.
Hay un intento por desprestigiar al país y desconocer los grandes avances en materia de derechos humanos, aseguró en octubre de 1997 el presidente Zedillo.
En mayo de 1998, el mandatario añadió que algunas organizaciones no gubernamentales "inventan una causa supuestamente de carácter humanitario, para desde esa causa no decir, sino hacer y promover su causa política".
El gobierno no caerá en el juego de las organizaciones no gubernamentales, que pretenden mostrarlo como represor y autoritario, expresó Zedillo.
La Red Todos los Derechos para Todos, que reúne a varias organizaciones nacionales de derechos humanos, sostuvo que México vive hoy uno de sus peores momentos en materia de derechos humanos, situación al que atribuye el interés que muestran diversos relatores de la ONU para visitar este país.
La Red entregó a Jahangir un expediente donde recoje más de 300 casos de ejecuciones.
La relatora mostró ya en enero preocupación por México al dedicar en el informe que entonces emitió un amplio espacio, mayor al de países como Colombia o Ruanda, con datos sobre supuestas ejecuciones cometidas en este país.
La mayoría de las acusaciones contra el gobierno de Zedillo se originan en la supuesta guerra de baja intensidad que estarían desarrollando las autoridades contra militantes y simpatizantes del EZLN y del Ejército Popular Revolucionario y contra indígenas que viven en las zonas de influencia de esos grupos. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/99
