La ministra de Seguridad Pública de Honduras, Elizabeth Chuiz Sierra, dijo que es víctima de espionaje y de una campaña para que renuncie a manos de sus propios subalternos.
Chuiz Sierra confirmó, además, las denuncias de extravío de evidencias de delitos, privilegios indebidos de un grupo de detectives y de una campaña para obligarla a renunciar formuladas por Jairo Cáceres, técnico de Inspecciones Oculares de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).
Cáceres envió un informe a Chuiz Sierra, quien, a su vez, lo envió la sección de Asuntos Internos para la correspondiente investigación.
La funcionaria reveló el martes que ella misma es víctima de espionaje telefónico, de investigaciones de su actuación como abogada en el pasado y de grabaciones en video de sus actividades privadas.
El director de la DGIC, Wilfredo Alvarado, rechazó estos cuestionamientos y dijo que solo se han detectado tres casos de extravío de evidencias, en general de armas de fuego.
Alvarado aseguró que los agentes responsables fueron enviados a los tribunales y guardan prisión.
"El extravío de evidencias es sumamente difícil, ya que las pruebas de convicción son recogidas en la escena del delito por técnicos de inspecciones oculares, fiscales y jueces, embaladas, rotuladas y depositadas en el laboratorio para su análisis y luego enviadas a los tribunales", indicó el funcionario.
El director de la DGIC negó la existencia de espionaje telefónico, investigación de las actividades profesionales y sociales de la ministra Chuiz Sierra, al tiempo que negó toda participación suya en una campaña para obligarla a renunciar.
Alvarado explicó que las únicas intervenciones telefónicas que realiza la policía son solicitadas por personas afectadas a través de los juzgados y que luego la DGIC las solicita a la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En ese procedimiento tampoco se llega a grabar el contenido de las conversaciones, sino que se registran las líneas telefónicas desde las cuales se establece contacto con el teléfono en cuestión, según el director de la DGIC
Roberto Micheletti, gerente de Hondutel, respaldó lo afirmado por Alvarado y dijo que las únicas intervenciones de líneas son las tramitadas por la DGIC y procedentes de los juzgados a pedido de denunciantes de acoso telefónico.
"Las intervenciones y grabaciones de conversaciones telefónicas se practicaron en el pasado, cuando Honduras vivió la guerra fría, por cuestiones ideológicas, pero ahora se respeta la confidencialidad", comentó Alvarado.
La ministra Chuiz Sierra ha recibido en las últimas semanas fuertes críticas de la prensa local. Varios diputados anunciaronq ue la interpelarán sobre ineficiencia policial para contrarrestar la ola de violencia y delincuencia, agravada por los daños causados por el huracán Mitch, en octubre y noviembre pasados.
Alvarado dijo que la mejor prueba de su lealtad a la ministra Chuiz Sierra es el trabajo de la DGIC en coordinación con la Policía Preventiva para combatir la delincuencia y la violencia.
El Ministerio de Seguridad Pública fue creado en agosto de 1998 y en enero de 1999 comenzó su estructuración al recibir la jurisdicción de la Policía Nacional Preventiva, la DGIC y la Dirección de Centros Penales.
La DGIC dependía del Ministerio Público y la Policía Nacional estaba adscripta a las Fuerzas Armadas, mientras los centros penales respondían al Ministerio de Gobernación (Interior).
Chuiz Sierra Sierra dijo que está empeñada en cumplir con eficiencia su trabajo y que en estos seis meses afrontó la compleja tarea de estructurar el Ministerio, unificar el trabajo policial y dotar de equipo y materiales a los policías para prevenir, investigar y capturar a los delincuentes. (FIN/IPS/tm/mj/ip hd/99
