Un proyecto para atacar la explotación infantil en Costa Rica desde las organizaciones comunitarias pretende reincorporar a miles de niños, niñas y jóvenes, que tuvieron que desertar del sistema educativo para trabajar.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) firmaron el sábado un convenio que permite crear un sistema de Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia, con las que se pretende atacar a la explotación desde barrios y cantones.
En Costa Rica se estima que 121.000 niños y jóvenes entre cinco y 17 años participan en actividades generadoras de ingresos monetarios, lo que los convierte en potencial carne de cañón de la deserción educativa.
"Lo que pretendemos es reincorporar a esos niños, niñas y jóvenes a la educación", dijo la defensora de los Habitantes, Sandra Piszk.
Este plan, que se aplicará en 25 comunidades del país, capacitará a personas en la detección de redes de explotación, con el objetivo de que se cumpla la ley que impide a los menores de 15 años incorporarse al mercado laboral.
En este sentido las últimas cifras que dibujan este panorama son las de la encuesta de hogares de 1995, la cual reveló que seis por ciento de la población infantil trabaja y que 13 por ciento no estudia ni trabaja.
Ahmed Tabash, funcionario de la Defensoría de los Habitantes, explicó a IPS que ese organismo aportará el recurso humano para llevar a cabo el proyecto, mientras la financiación corre por cuenta del IPEC, dependencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Esta iniciativa se da en momentos en que la sociedad costarricense cuestiona la calidad de su sistema de educación pública, que por años fue calificado como uno de los puntos altos de su democracia.
La preocupación se ha convertido en una avalancha de críticas al conocerse en el Informe de Desarrollo Humano de este año que entre 1996 y 1997 la tasa de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y superior bajó de 66 a 69 por ciento.
El informe, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también apunta que casi la mitad de los jóvenes de 15 años abandonaron el sistema educativo. A esto se une la información del Ministerio de Educación, que indica una deserción en secundaria de 10,5 por ciento en 1998.
La Defensoría de los Habitantes reveló que en el país existen 53.000 niños entre cinco y 17 años que laboran más horas por semana de lo legalmente permitido.
También informó que de los 121.000 niños y jóvenes que trabajan, más de 30 por ciento no reciben un salario y más de la mitad reciben un pago en especie.
La preocupación de la defensora Piszk también reside en que, de acuerdo con sus estudios, en Costa Rica hay 59.000 niños y jóvenes que solo trabajan y no asisten a la escuela.
La funcionaria señaló que con el proyecto en las comunidades que ahora comienza se pretende hacer cumplir el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Piszk añadió que intentarán sensibilizar a la población para prohibir trabajos de alto riesgo, que utilizan a menores de edad, y también frenar un problema creciente en los últimos años en el país, que es la explotación sexual comercial de niños y niñas.
Por otra parte, un informe divulgado por la Defensoría de los Habitantes denuncia que el sistema educativo costarricense se convirtió desde hace tiempo en una estructura burocrática, incapaz de brindar las herramientas necesarias para enfrentar los retos del nuevo milenio. (FIN/IPS/nms/dm/ed hd/99
