Una investigación a un alto jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia vinculado a la masacre de 12 campesinos y la desaparición de otros 40 planteó un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar.
El general Jaime Uscátegui, quien fue detenido en mayo pasado, es señalado como presunto responsable por omisión de la masacre cometida en julio de 1997 por grupos paramilitares de derecha en Mapiripán, en el sudeste del país.
Uscátegui "tenía información previa" sobre las intenciones de los paramilitares y recibió un paquete que fue transportado en el mismo avión que trasladó a Mapiripán a los autores materiales de la masacre, según la Fiscalía.
Las acusaciones están contenidas en un documento enviado al Consejo Superior de la Judicatura, que deberá pronunciarse sobre el conflicto de competencias, en el que la Fiscalía se opone a la solicitud de traslado del caso a la justicia militar hecha por el comandante en jefe del Ejército, general Jorge Mora.
Para la Fiscalía, los actos llevados a cabo por el grupo paramilitar "fueron posibles con la participación activa de oficiales y suboficiales" a cargo de Uscátegui.
Así mismo, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que investigaron el caso de Mapiripán concluyeron que "existen testimonios y versiones que aseguran que los paramilitares que cometieron la masacre contaron con la complicidad de la fuerza pública".
Los 200 paramilitares se movilizaron durante cinco días por la localidad "libremente y sin ningún control para atacar a la población", señalaron.
El documento enviado al Consejo Superior de la Judicatura contiene la más directa acusación hecha hasta ahora por la Fiscalía sobre los vínculos directos entre grupos paramilitares de derecha y militares en actividad, señalaron analistas.
La Fiscalía reivindica su competencia en la investigación de la masacre, que se llevó a cabo en una labor coordinada entre miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las brigadas dos y siete del Ejército.
El abogado Luis Valencia, de la privada Universidad de Los Andes, dijo a IPS que la masacre de Mapiripán afectó a la población civil no combatiente y compete a la justicia ordinaria.
Según Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados José Albear, la justicia penal militar no reúne "las características de independencia e imparcialidad" requerida para intervenir en este caso.
La Fiscalía señaló que Uscátegui tuvo contacto previo con los paramilitares que atacaron Mapiripán y que el hecho fue minuciosamente planeado desde varios meses antes y ejecutado con todas las previsiones logísticas y el apoyo de las fuerzas de seguridad con jurisdiucción en la zona.
El no gubernamental Centro de Investigaciones y Cultura Popular (Cinep) señaló en 1997 que la masacre de Mapiripán fue llevada a cabo por 200 paramilitares que "sometieron a la población al terror generalizado".
Según el informe, los asesinos degollaron a sus víctimas "acusadas de ser cómplices de la guerrilla, cercenaron sus miembros y arrojaron sus cadáveres al Rio Guaviare".
Una fuente de Cinep que pidió anonimato dijo a IPS que la masacre de Mapiripán fue expresión de la tendencia "que tomaría la guerra en el segundo semestre de 1997", que fijaba como objetivo inmediato de las fuerzas paramilitares la reconquista del territorio en el que la guerrilla tiene base social.
El coronel Hernán Orozco, subalterno de Uscátegui en la época de la masacre, declaró a la influyente revista Semana, de Bogotá, que el 15 y 16 de julio de 1997 envió a Uscátegui un informe por fax sobre los temores de la población por la presencia de presuntos paramilitares y nunca recibió la orden de intervenir.
El informe de Orozco fue "misteriosamente cambiado" por otro con un sentido totalmente distinto del primero y no hablaba de la inminente arremetida de los paramilitares, sino de la presencia de presuntos guerrilleros que estaban alterando el orden público.
"La existencia de los dos documentos fue un hecho determinante para los fiscales", que lo utilizaron para lograr la confesión de Orozco, "quien reconoció que el fax verdadero era el primero, es decir, el que hacía referencia a los paramilitares", señala Semana. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
