Las Fuerzas Armadas de Chile expresaron al gobierno su inquietud por los procesos a militares en casos de derechos humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el encausamiento de cinco oficiales de la llmada "caravana de la muerte".
En tanto, funcionarios gubernamentales, políticos oficialistas y de izquierda y organismos humanitarios rechazaron las amenazas de senadores derechistas y de la llamada "bancada militar" de acusar constitucionalmente a los cinco jueces que el lunes pasado emitieron el polémico fallo.
La Corte Suprema de Justicia respaldó al magistrado Juan Guzmán, quien el 9 de junio acusó de secuestro calificado de 19 personas al general retirado Sergio Arellano Stark y otros cuatro oficiales también en retiro que entre octubre y noviembre de 1973 integraron la "caravana de la muerte".
La caravana fue una misión militar especial que luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 recorrió varias ciudades de Chile y ordenó ejecutar a 73 prisioneros políticos.
Pero 19 de esos prisioneros continúan desaparecidos, y su caso dio lugar a la decisión del juez Guzmán y al fallo de la Corte Suprema de Justicia. El delito de secuestro es de ejecución continuada, hasta la reaparición del desaparecido, según entienden los magistrados.
Se trata de una nueva interpretación jurídica que permitiría reabrir numerosos procesos por los 1.198 casos de desapariciones forzadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990), que está detenido en Londres desde octubre de 1998.
Hasta ahora, todos los juicios por desapariciones habían sido sobreseídos (cerrados) en última instancia por el máximo tribunal, invocando la ley de amnistía con que Pinochet perdonó los crímenes contra los derechos humanos cometidos entre marzo de 1973 y marzo de 1978.
Los senadores designados que representan a las Fuerzas Armadas y a la policía de Carabineros, junto a parlamentarios de los dos partidos de la oposición derechista, dijeron el jueves que los cinco magistrados incurrieron en "notable abandono de deberes" al no ordenar al juez Guzmán que aplicara la ley de amnistía.
Los senadores derechistas dejaron así abierta la posibilidad de que los diputados de oposición presenten en su cámara una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Luis Correa Bulo, Enrique Cury, José Luis Pérez, Alberto Chaigneau y Guillermo Navas.
El pronunciamiento opositor no fue compartido por Joaquín Lavín, candidato único de la derecha para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre, quien pidió dejar "tranquila" a la Justicia "para que investigue", y llamó a superar hechos del pasado.
Mientras los senadores emitían su pronunciamiento, trascendió que el cuerpo de 37 generales del Ejército estuvo reunido durante tres días en un balneario costero para analizar el dictamen de los cinco jueces sobre la "caravana de la muerte".
A primera hora de este viernes se dieron cita en el edificio de las Fuerzas Armadas los comandantes del Ejército, general Ricardo Izurieta, de la Armada, almirante Jorge Arancibia, de la Fuerza Aérea, general Fernando Rojas, y de Carabineros, general Manuel Ugarte.
Finalizado el encuentro, los cuatro oficiales se dirigieron al Ministerio de Defensa, donde sostuvieron a puertas cerradas una reunión de más de una hora con el ministro Edmundo Pérez Yoma.
Los altos mandos manifestaron a Pérez Yoma su particular preocupación por el procesamiento de los militares en casos de derechos humanos, que están causando "inquietud en las Fuerzas Armadas y de Orden", se señaló en un comunicado del ministerio.
Los comandantes solicitaron "esfuerzos para dar soluciones satisfactorias" a esos juicios y permitir así que las instituciones castrenses puedan dedicarse completamente a sus "funciones profesionales", añadió el informe oficial.
Del mismo modo, los mandos reiteraron su "disposición a colaborar" con el gobierno de Eduardo Frei en la búsqueda de solución a los casos de detenidos-desaparecidos aún no aclarados.
Mientras se realizaba la reunión en el Ministerio de Defensa, en medios políticos, judiciales y humanitarios surgieron duras condenas a la declaración del jueves de los senadores derechistas y designados, consideradas una "presión indebida" sobre el Poder Judicial.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza, calificó de inconveniente la posición de la derecha.
"Cada poder del Estado debe actuar en forma independiente si queremos fortalecer la democracia", indicó Insulza.
En términos similares se manifestó el democristiano Andrés Zaldívar, presidente del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados , el socialista Carlos Montes, advirtió que "la derecha ha dado un paso peligroso".
Montes no descartó que los parlamentarios derechistas hubieran sido presionados para amenazar con la acusación constitucional.
Roberto León, jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, advirtió que los senadores derechistas y designados se inhabilitaron con su declaración para votar como jueces la posible acusación, que reglamentariamente debe presentarse en la Cámara de Diputados y resolverse en el Senado.
La mayoría oficialista de 69 diputados contra 51 de la derecha no dará trámite a la acusación, añadió León, quien destacó, al igual que otros dirigentes políticos, el esfuerzo de Lavín por "desmarcarse" en este caso de los partidos que lo apoyan.
El ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), consideró muy positiva la evolución de la jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia, ya que "no cabe duda de que el delito (de secuestro) continúa y por tanto no está cubierto por la amnistía de 1978".
Aylwin, quien durante su mandato exhortó reiteradamente a la Corte Suprema a investigar exhaustivamente los casos de desaparecidos, aplaudió estos nuevos esfuerzos "para hacer justicia y que los tribunales no se queden cruzados de brazos como lo hicieron durante mucho tiempo".
Gladys Marín, candidata presidencial del opositor Partido Comunista, emplazó al senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente, de Lavín, a que "diga donde están los cadáveres de los desaparecidos".
Larraín sostuvo el jueves que cabía aplicar la ley de amnistía a los cinco oficiales encausados de la "caravana de la muerte", porque "no cabe duda de que los 19 desaparecidos están muertos".
La abogada Carmen Hertz, el abogado Roberto Garretón y otros juristas vinculados a la defensa de los derechos humanos emitieron una declaració n de respaldo a los cinco jueces impugnados por la derecha en que aplauden la posibilidad de que la Corte Suprema ponga fin a la impunidad de los delitos represivos.
Hertz es viuda del abogado y periodista comunista Carlos Berger, a quien Arellano Stark ordenó fusilar en la ciudad minera de Calama, revocando la sentencia de un consejo de guerra local que lo había condenado a 61 días de presidio. (FIN/IPS/ggr/hd ip/99
