El ex dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres, podría ser interrogado mediante exhorto por el juez que procesó en Chile a cinco militares retirados que integraron la "caravana de la muerte", en fallo que confirmó esta semana la Corte Suprema de Justicia.
El abogado y diputado del Partido Socialista Juan Bustos anunció que algunos de los querellantes en este juicio entregarán al juez Juan Guzmán un conjunto de preguntas para el ex dictador y actual senador vitalicio de 83 años.
Bustos adelantó este miércoles que se tratará de aclarar el nivel de mando que Pinochet ejerció sobre la "caravana de la muerte", una misión militar especial que entre octubre y noviembre de 1973 asesinó a 73 presos políticos en diversas ciudades de Chile.
La Corte Suprema de Justicia respaldó el lunes al juez Guzmán, que procesó en junio al general retirado Sergio Arellano Stark, jefe de la misión, y a otros cuatro oficiales también en retiro que fueron sus subordinados.
Guzmán encausó a los cinco militares bajo cargos de secuestro calificado de 19 personas que constan entre las fusiladas por la caravana, pero cuyos cadáveres no han aparecido hasta la fecha.
La resolución de la Corte Suprema es una de las más trascendentes en materia de delitos contra los derechos humanos, ya que implica declarar inaplicable la ley de amnistía de 1978 en desapariciones no aclaradas.
Arellano Stark y los otros cuatro oficiales (un brigadier, dos coroneles y un capitán) presentaron un recurso de amparo y pidieron el cierre del proceso, con el argumento de que las 19 personas están muertas desde 1973.
Con ello, los miembros de la caravana reconocieron la comisión de los delitos contra los derechos humanos, pero a la vez pidieron que se les aplicara la ley de amnistía, que perdonó los crímenes políticos cometidos entre marzo de 1973 y marzo de 1978.
Arellano Stark sostiene que encabezó la caravana como delegado personal de Pinochet, quien, en su condición de comandante del Ejército, le ordenó "agilizar" los procesos militares contra izquierdistas detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El domingo pasado, en una entrevista publicada en el diario londinense Sunday Telegraph, Pinochet volvió a negar que hubiera ordenado los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidos en Chile durante su régimen (1973-1990).
El ex dictador fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 y desde el 27 de septiembre enfrentará un juicio de extradición a España, donde el juez Baltasar Garzón lo reclama por crímenes contra la humanidad.
El gobierno chileno reprobó la detención de Pinochet en Londres, argumentando que las autoridades británicas y españolas desconocieron la inmunidad diplomática del ex dictador y atropellaron el principio de territorialidad de la justicia.
De acuerdo con este principio del derecho internacional, los delitos deben ser juzgados en el país donde son cometidos.
El planteamiento oficial de Chile fue parcialmente aceptado por la Cámara de los Lores, que el 24 de marzo falló que el ex dictador es imputable sólo por delitos previstos en la Convención Internacional contra la Tortura, que Gran Bretaña ratificó en diciembre de 1988.
El presidente Eduardo Frei insiste en reclamar el "mejor derecho" de Chile a juzgar a Pinochet para conseguir su retorno al país, a la vez que no descarta invocar razones humanitarias en favor del anciano ex dictador.
Las posibilidades juzgar en su país al ex gobernante de facto están, en alguna medida, avaladas por las 28 demandas presentadas contra Pinochet en Chile desde enero de 1998, una de las cuales dio origen al proceso contra la "caravana de la muerte".
El juez Guzmán, quien concentra todas esas querellas, dijo hace algunos meses que interrogará al ex dictador cuando regrese a Chile, pero no ha planteado la posibilidad de hacerlo en Londres mediante exhorto internacional.
El fallo de la Corte Suprema sobre la "caravana de la muerte" fue aplaudido por abogados defensores de los derechos humanos como una señal de cambio en el Poder Judicial, que apunta a poner término a la impunidad de autores de crímenes represivos.
Organizaciones humanitarias y de familiares de víctimas de la represión apoyan la posible extradición a España de Pinochet, ya que consideran que en Chile no existen condiciones para juzgarlo por el poder implícito que mantienen las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos anunció este jueves que presentará la próxima semana una querella criminal contra Pinochet, con lo cual aumentarán a 29 las demandas judiciales sobre el ex dictador.
El abogado Héctor Salazar informó que la presentación se apoyará en unos 3.000 casos que incluyen ejecuciones de opositores a la dictadura, muertes provocadas mediante torturas y asesinatos durante protestas antidictatoriales.
La querella incluirá asímismo casos de fusilamientos ordenados por consejos de guerra ilegales, así como de asesinatos de izquierdistas detenidos a los cuales se les aplicó la llamada ley de fuga. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
