La ofensiva en los medios de comunicación que el ex dictador Augusto Pinochet lanzó en Londres complica su situación procesal y cierra la posibilidad de que el gobierno de Chile logre su liberación apelando a razones humanitarias.
Funcionarios gubernamentales, dirigentes oficialistas e incluso políticos de derecha reprobaron en Santiago las declaraciones que el ex dictador (1973-1990) hizo al diario británico Sunday Telegraph el domingo pasado.
La entrevista fue el punto de partida de una campaña de prensa que sus asesores aconsejaron a Pinochet, quien afrontará desde el 27 de septiembre un juicio de extradición a España en el tribunal londinense de Bow Street.
El ex dictador y actual senador vitalicio de 83 años sostuvo en su diálogo con el Sunday Telegraph que es un "prisionero político" y está "secuestrado" por las autoridades británicas, que atropellaron su inmunidad diplomática.
Aseguró, además, que no ordenó ni tuvo conocimiento de los 3.198 crímenes contra los derechos humanos, ni de las torturas cometidos en los casi 17 años de su dictadura y que motivaron en 1997 la apertura de un proceso en su contra en España.
El ex gobernante y ex comandante del Ejército se declaró dispuesto a aceptar sólo una responsabilidad política en los crímenes contra la humanidad registrados durante su gobierno. Además, insistió en que es víctima de una venganza política.
La virtual declaración de rebeldía de Pinochet ante los tribunales británicos y el juicio de extradición a España hace muy difícil que el gobierno de Eduardo Frei pueda insistir en su liberación por razones humanitarias.
Así lo advirtieron los ministros Juan Gabriel Valdés, de Relaciones Exteriores, Carlos Mladinic, de la Secretaría General de Gobierno, y José Miguel Insulza, de la Secretaría General de la Presidencia y ex canciller.
Pero, además, la actitud del ex dictador debilita el propósito gubernamental de entablar una contienda de competencia con España en torno de la Convención Internacional sobre la Tortura y reclamar para Chile el "mejor derecho" a juzgar a Pinochet.
El canciller Valdés prepara para esta semana una presentación formal ante su homólogo español, Abel Matutes, para proponerle un arbitraje en torno a este posible contencioso, pero advirtió que la gestión se debilita con la actitud del ex dictador.
La Cámara de los Lores resolvió el 24 de marzo que Pinochet sólo es imputable internacionalmente por actos de tortura cometidos a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que la convención fue ratificada por Gran Bretaña.
El ex dictador y ex comandante del Ejrcito chileno cumplió ya nueve meses de arresto en Londres, desde su detención por pedido del juez español Baltasar Garzón el 16 de octubre de 1998 en una exclusiva clínica de la capital britnica.
En su entrevista con el Sunday Telegraph, Pinochet intentó contrarrestar su imagen internacional de violador de los derechos humanos, al afirmar que no ordenó torturas, fusilamientos sumarios ni desapariciones forzadas mientras fue dictador.
El anciano general sostuvo que no controlaba las actuaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ni de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represivos que dependan directamente del comando del Ejército.
Tales afirmaciones fueron recibidas con incredulidad por connotados políticos oficialistas, como el ex mandatario Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos, candidato oficialista para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.
Insulza recordó que en alguna ocasión Pinochet aseguró que "en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", pero "ahora resulta que la tempestad soplaba alededor de él y volaban todas las hojas y él no teína idea", comentó el ministro.
Mladinic y el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, señalaron que las declaraciones de Pinochet fueron un frustrado "relanzamiento político" del ex dictador y le recomendaron mantener silencio.
El diputado Alberto Espina, presidente del derechista Partido Renovación Nacional, indicó, en su condición de abogado, que lo prudente para una persona sometida a proceso es abstenerse de declaraciones que puedan ser usadas en su contra.
Mireya García, secretaría de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, sostuvo que el intento de Pinochet de eludir su responsabilidad penal y judicial en los crímenes represivos constituye una aberración.
La dirigenta acusó al ex dictador de mentir y recordó que el propio Pinochet justificó en una ocasión las prácticas de torturas, afirmando que a veces es necesario "apretar un poquito la mano" para obtener información. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
