El senador Bernardo Cabral tenía un sufrido recuerdo cuando votó la ley que crea el programa nacional de protección a testigos en Brasil.
Los autores del asesinato de su hermano de 27 años no fueron castigados, porque los testigos del crimen se fugaron. Este es uno entre miles de casos de impunidad favorecida por la dificultad en obter testimonios de acusación.
El programa aprobado en el Senado el 28 de junio tendrá sanción presidencial este mes y permitirá a la justicia brasileña actuar en mejores condiciones.
Las víctimas o testigos tendrán derecho a protección y los delincuentes que den información que conduzcan a los autores del crimen serán beneficiados con el perdón judicial. La ley podrá asegurar el cambio de identidad de las víctimas, testigos y sus familiares, además de recursos para su sobrevivencia.
La Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH), vinculada al Ministerio de Justicia, celebró la aprobación de la ley por el Congreso.
"En la práctica significa elevar a federal la protección a los testigos, que ya tiene programas estaduales en curso", señaló Patricia Audi, coordinadora del Programa Nacional de Derechos Humanos que tiene el tema entre sus prioridades.
El objetivo ahora es implantarla en todos los estados, dependiendo del interés de sus gobiernos. Los primeros estados a ofrecer protección en el ámbito del programa federal son Mato Groso del Sur, Pará, Río de Janeiro, Santa Catarina y Sao Paulo.
Para eso se dispondrá de al menos 680.000 dólares para estructurar la actividad en esos estados y mantenerla donde ya existe por iniciativa local: Bahia, Espíritu Santo y Pernambuco.
"El aporte práctico es la mayor disponibilidad de recursos financieros y la posibilidad de cambiar la identidad de los protegidos", comentó Alexandre Avelino, asesor del Departamento de Protección a Testigos, creado este año en la SEDH.
Con el servicio implantado en ocho estados, el paso siguiente del Departamento será tender una red de protección con la cuota del Ministerio de Justicia. Diez por ciento del cupo de cada programa estadual -30 personas- será usado por el Ministerio para proteger a testigos de estados no contemplados aún.
Ese tipo de amparo es el antídoto a la llamada "ley del silencio" que se impone a los que conocen autores y circunstancias de delitos, pero temen por su vida, luego de informar a la policía.
La nueva ley estimula la implantación de programas estaduales bajo supervisión del Ministerio de Justicia, que comprende ayuda financiera, transferencia de residencia, preservación y alteración de la identidad para todos los efectos. En este último caso se puede volver a la identidad anterior, pasado el peligro.
La ayuda financiera tiene un límite que será definido por el Consejo Deliberativo, órgano que decide incluso quienes deben ser protegidos.
La ley facilitará la investigación de delitos, que es lo más avanzado que podría tenerse en Brasil", evaluó el diputado Nelson Pellegrino.
Estimula la colaboración de acusados primarios y condenados, a los que se les podría anular o reducir las penas, destacó el diputado Alberto Mourao. "Vale la pena liberar un pequeño vendedor de drogas para detener al traficante, el jefe de la red", arguyó.
La reducción o condonación de la pena está condicionada a la identificación de los delincuentes, localización de la víctima o recuperación del producto del delito. Además, se les ofrece proteger su identidad e integridad física.
La nueva ley define también normas de conducta para el protegido, que se ve obligado a aceptar las reglas del programa.
La protección al colaborador de la justicia dura inicialmente dos años, prorrogables si así opina el Consejo Deliberativo, e incluye a la famlia, también bajo riesgo de venganza del acusado.
El diputado Moroni Torgan, un ex comisario de la Policía Federal, destacó que el programa producirá gran cantidad de información a las autoridades policiales. "Muchas denuncias llegarán a la justicia, permitiendo combatir con mayor intensidad al crimen organizado", observó.
El gobierno tendrá que destinar cárceles especiales a los condenados que acepten colaborar con la justicia, porque sus vidas estarán amenazadas por otros presos, al conocerse su condición de testigo, según el senador Romeu Tuma.
Tuma, ex jefe de la Policía Federal, recomendó la aprobación del proyecto de ley como su relator, considerándola "una poderosa arma de combate contra las asociaciones criminales internacionales", como el narcotráfico. (FIN/IPS/mo/ag/hd/99
