Brasil se dio cuenta de que ya no es un país de jóvenes y trata de recuperar el tiempo perdido para dar vigor a los derechos de sus ancianos, cada día más numerosos.
Los brasileños mayores de 60 años ya suman 13,5 millones, 8,7 por ciento del total de la población. En el 2020 serán el doble, según el instituto nacional de estadísticas. El país ocupará el sexto lugar entre los de mayor cantidad de ancianos, con 32 millones en 2025, previó la Organización Mundial de Salud.
Ese rápido envejecimiento de la población impone un desafío principalmente a la previsión social, al sistema de salud y a los organismos que vigilan el respeto de los derechos humanos.
En Brasil hay leyes suficientes para asegurar los derechos de los ancianos, pero el problema es aplicarlas, concluyeron 64 fiscales de la Justicia y del Ministerio Público, órgano independiente que funciona como ombudsman (defensor del pueblo), reunidos a fines de junio en Petrópolis, cerca de Rio de Janeiro.
El encuentro, promovido por la gubernamental Secretaría Nacional de Derechos Humanos (SNDH), buscó definir una actuación de los agentes judiciales en defensa de los ancianos y también de los discapacitados.
Los fiscales se comprometieron a movilizar todos los recursos legales para promover la autonomía, integración y participación de los ancianos en la sociedad, señaló Patricia Audi, coordinadora general del Programa Nacional de Derechos Humanos, impulsado por la SNDH.
Además aprobaron la creación de grupos de inspección destinados a evitar que instituciones de asistencia sigan operando como un depósito inhumano de ancianos abandonados, manejado apenas como un negocio simple y lucrativo.
Desde 1994, el país dispone de una política nacional "que contempla todos los derechos y necesidades" de los ancianos y solo hay que ponerla en práctica, sentenció Maria José Barroso, presidenta de la no gubernamental Asociación Cearense del Anciano (ACA) y participante del encuentro.
La presidente de ACA, pionera en materia de asistencia a la población anciana, propuso la diseminación de Casas de Ciudadanía, una experiencia que impulsa en su estado, Ceará, en el nordeste de Brasil.
Se trata de centros de defensa de los derechos humanos, con poder de policía, pero que también ofrece servicios de asistencia y promueve campañas a favor de los ancianos, explicó Barroso, jubilada del Ministerio de Previsión social, asistente social y abogada de 67 años.
En un país que siempre se presentó como "de jóvenes", los ancianos sufren mucho los prejuicios, el abandono y los malos tratos, incluso dentro del hogar, observó. También son frecuentes víctimas de fraudes y robos por parte de sus familiares.
La situación es particularmente grave en el nordeste, según ella, por la pobreza, la desnutrición y el deterioro de la salud en empleos poco saludables. Muchos ancianos, sin embargo, pasaron a ser respetados como únicos sostenes de sus familias, con las pensiones que la previsión social les concede desde 1975.
Para atender a otro problema crítico del envejecimiento de la población, el gobierno puso en marcha un Programa de Atención a la Salud del Anciano, con una visión amplia e involucrando varios ministerios y organismos oficiales y no gubernamentales.
"La mayor dificultad de los viejos en Brasil sigue siendo el acceso a la salud", según Jussara Rauth da Costa, secretaria del Consejo del Anciano de Rio Grande del Sur, estado más sureño de Brasil. La mayoría no gana suficiente para comprar medicamentos de uso continuo, ejemplificó.
El Programa impulsado por el Ministerio de Salud es particularmente importante en ese estado, donde la expectativa de vida es de 76 años contra el promedio nacional de 67 años.
No se trata solo de prestar asistencia médica, sino de mejorar la calidad de vida de los ancianos, explicó Jorge Alexandre Silvestre, coordinador del Programa. Para eso hay que combatir también los malos tratos, "cuya notificación debe de ser obligatoria", sostuvo.
La violencia contra los ancianos es poco conocida, incluso porque ellos temen denunciarlas por temor a otras agresiones y al abandono en asilos insalubres, como represalia. En Estados Unidos se reconoce que solo se notifica un caso cada 15.
En Brasil el índice es posiblemente más bajo, ya que el asunto acaba de comenzar a discutirse. Por eso es importante que el médico esté atento a las quejas, observó Silvestre.
Una Comisión de Malos Tratos se creó en el Ministerio de Salud, para sacar el asunto de las sombras y elaborar un manual, con orientaciones incluso legales sobre el asunto, a ser publicado también en español para distribución en Argentina y luego en el resto de América Latina.
Un estudio hecho en 1997 indicó que para los ancianos los malos tratos van más allá de la violencia física. Incluyen desde los servicios públicos insatisfactorios a "los prejuicios con que la sociedad los trata", destacó la psicóloga Laura Mello Machado, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Gerontología.
Humanizar la atención médica a los ancianos y capacitar "cuidadores" para atenderlos mejor, entre familiares, enfermeros, funcionarios de asilos y miembros de la comunidad, son otras actividades previstas en el Programa del Ministerio de Salud. (FIN/IPS/mo/mj/hd he dv/99
